Las organizaciones de consumidores de América Latina abrieron desde Chile un nuevo frente de lucha al enjuiciar la gestión de los servicios públicos privatizados y reclamar participación en sus regulaciones y fiscalización.
La Primera Conferencia Regional Consumidores y Servicios Públicos en América Latina analizó desde la perspectiva de los usuarios los servicios de electricidad, comunicaciones y agua, objeto en la región de masivos planes privatizadores.
El encuentro, organizado por Consumers International (CI), reunió entre lunes y miércoles a delegados de 13 países, tanto latinoamericanos como de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, en la culminación de la primera fase del proyecto Consupal.
El proyecto Consumidores y Servicios Públicos en América Latina (Consupal), a cargo de la oficina regional de CI con sede en Santiago, comenzó en 1996 bajo la coordinación de la abogada argentina Andrea Botto.
Se trató del primer estudio sistemático desde la óptica de los consumidores acerca de los servicios públicos domiciliarios en su transición desde su carácter típicamente estatal hasta los traspasos a manos privadas en varios países latinoamericanos.
Los antiguos monopolios estatales fueron "desregularizados" en procesos que involucraron sólo a los gobiernos y a los grupos económicos que los compraron, sin considerar al protagonista fundamental, la población usuaria, indicó Botto.
La exclusión de la ciudadanía fue uno de los factores motivantes del proyecto Consupal, que incluyó investigaciones en terreno de los casos de privatizaciones en cinco países: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Los problemas de calidad de los servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones en aspectos como la cobertura, los suministros, las tarifas y la atención a los reclamos y demandas de los usuarios fueron profundizados en estas investigaciones.
En el análisis del marco legal en que se llevaron a cabo las privatizaciones quedaron de manifiesto situaciones de exclusión de los consumidores en temas como la fijación de tarifas, las regulaciones y la fiscalización de los servicios.
En el caso de Chile, por ejemplo, la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor, expedida por el presidente Eduardo Frei en 1997, excluyó de sus normativas a las privatizadas empresas de electricidad y teléfonos, así como a las sanitarias, en vías de enajenación.
Los grandes grupos económicos, a veces de carácter transnacional, que compraron las empresas públicas de servicios, tienen un mercado cautivo, lo cual significó pasar de monopolios estatales a monopolios u oligopolios privados.
La preocupación por el tema en CI comenzó en 1990, y en 1996 se pudo echar a andar esta investigación sistemática a través del proyecto Consupal, destacó el chileno José Vargas, director de la oficina regional para América Latina de la organización mundial de consumidores.
Vargas y Botto destacaron la participación en el encuentro de Santiago no sólo de dirigentes de consumidores sino también de expertos en servicios públicos y de representantes de entes gubernamentales reguladores.
Del mismo modo, asistieron representantes de países como Guyana y El Salvador, donde la preocupación por estos temas es relativamente reciente y en los cuales, al igual que en otras latitudes de la región, la organización de los consumidores es un fenómeno muy reciente.
Uno de los grandes méritos de la conferencia realizada en Santiago, según destacó Botto, fue precisamente el de contactar a los grupos y organizaciones de la región, que acordaron acciones conjuntas para los próximos meses.
La coordinación de las superintendencias y otros entes estatales y gubernamentales de regulación de los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones fue del mismo modo acordada en esta conferencia.
Mariana Riveros, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, subrayó la necesidad de una "alianza estratégica" entre los entes de regulación y las organizaciones de usuarios y consumidores.
Uno de los buenos ejemplos en esta materia es el de Colombia, donde la Constitución de 1991 consagró los derechos de los consumidores, sumándose en 1994 una ley de control social que incluye a los servicios públicos domiciliarios.
Hasta la fecha se han constituído en Colombia 445 organizaciones de usuarios de servicios públicos domiciliarios en 163 municipios, lo cual implica menos de 15 por ciento de los 1.150 municipios que existen en ese país.
La representación colombiana se propone realizar entre marzo y abril un encuentro nacional de organizaciones de consumidores, en tanto en Chile se plantea efectuar, también este año, cursos de capacitación en áreas de regulación y fiscalización.
Sobre la base de estas iniciativas se aspira a superar los vicios de un proceso privatizador que, al menos en Chile, mantiene a los consumidores "entre la espada y la pared", según el economista Fernando Leiva.
El experto, que preparó para Consupal el informe sobre Chile, recordó que en este país los actuales propietarios de empresas de servicios públicos fueron funcionarios de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) que planificaron las privatizaciones de los antiguos entes estatales.
Las tareas y desafíos, sin embargo, no se circunscriben a los ámbitos nacionales y regionales, sino que se insertan también en la globalización, sobre todo en áreas como las telecomunicaciones, advirtió Vargas, el director regional de CI. (FIN/IPS/ggr/dg/if- dh/97
