Bolivia se libró una vez más de la temida descertificación de Estados Unidos tras erradicar 7.026 hectáreas de cultivo de coca, 26 más que la meta anual mínima que Washington exige cada año al segundo productor de coca y cocaína del mundo.
A diferencia de años anteriores, esta vez se cumplió la meta mediante un proceso pacífico y sin enfrentamientos ni represión policial contra los campesinos productores de coca, debido a las políticas de concertación que ejecutaron el presidente Hugo Banzer y su predecesor Gonzalo Sánchez de Lozada.
A pesar de que la evaluación oficial de Estados Unidos a varios gobiernos del mundo por su comportamiento frente al narcotráfico será conocida el primer trimestre de 1998, el gobierno de Bolivia y diplomáticos estadounidenses dan por descontada su descertificación.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Robert Perry, dijo que el país andino "pasó el examen" y calificó los esfuerzos del gobierno para luchar contra el narcotráfico con "más de siete" en una escala de uno a diez.
Perry, máximo representante de su país en Bolivia hasta que su gobierno designe un nuevo embajador, destacó de manera especial la colaboración entre gobierno y campesinos que hizo posible la destrucción voluntaria de cocales.
El diplomático aseguró que en otros países la situación es diferente porque existen grupos guerrilleros que impiden la cooperación entre autoridades y campesinos productores. Sin mencionarlos, se refería a Colombia y Perú,
Otros resultados de la lucha antidroga en Bolivia desde agosto, mes en que Banzer llegó al gobierno, son la incautación de cuatro toneladas de droga, la detención de 1.400 personas vinculadas con el narcotráfico y la destrucción de miles de litros de precursores químicos utilizados para fabricar cocaína.
El siguiente paso del gobierno de Banzer será implementación de la nueva estrategia con la que su gobierno se propone sacar a Bolivia del circuito del narcotráfico a través de la eliminación total de los cultivos de coca antes del fin de su mandato, el 6 de agosto del 2002.
Aún existen unas 38.000 hectáreas de coca, materia prima de la cocaína, según estimaciones oficiales.
Sin embargo, el optimismo gubernamental contrasta con las previsiones de los propios agricultores productores de coca, que al ver amenazada su fuente de ingresos, superior en tres veces al promedio de los campesinos de otras regiones, han advertido en reiteradas ocasiones que opondrán resistencia.
Evo Morales, máximo líder de los cocaleros de la región del Chapare, principal zona de producción de coca y cocaína en el centro del país, desafió la estrategia antidroga del gobierno de Banzer al anunciar que "la coca no desaparecerá".
La coca está penalizada por una Convención de las Naciones Unidas desde 1961, pero 36 años después de ese compromiso continúa existiendo coca en Bolivia, a pesar de los varios planes de erradicación de sucesivos gobiernos, recordó el dirigente.
Morales, también diputado en representación de la región del Chapare, criticó el plan de Banzer para eliminar toda la coca antes del 2002, lo que calificó de imposición del gobierno de Estados Unidos.
"Este gobierno habla de soberanía y dignidad, pero en la práctica obedece ciegamente a los lineamientos de los yanquis", dijo el dirigente campesino.
Pero cumplir su compromiso, formalizado ante el gobierno de Estados Unidos, la administración de Banzer ha previsto un endurecimiento de la política antidroga en su nueva estrategia.
El plan de Banzer prevé declarar a la región del Chapare "zona ilegal" para la producción de coca, en lugar de su condición actual de "zona de transición" en la que se aplican políticas pacíficas de erradicación esos cultivos.
Además, se anuncia la eliminación paulatina de la compensación económica vigente en los últimos años, que consiste en indemnizar con 2.500 dólares a los campesinos por cada hectárea de coca que destruyan de forma voluntaria.
De aprobarse la "nueva estrategia" de Banzer, que ya tiene el visto bueno de Estados Unidos, la compensación se reduciría gradualmente de 2.500 dólares a cero entre 1998 y el 2002, para cuando debiera eliminarse hasta la última plantación del arbusto.
Además, el plan supone la incorporación de nuevos efectivos y la intervención directa de las fuerzas armadas.
En esas condiciones, ambas fuerzas tendrían la misión de detener la producción de las aproximadamente 190 toneladas de cocaína que los narcotraficantes fabrican cada año en Bolivia.
Hasta ahora, la policía antidroga se incauta de un promedio anual de apenas 12 toneladas de la droga, y realiza unos 2.000 operativos en cada gestión.
Con el nuevo plan, se encomendaría a esas fuerzas efectuar unos 50.000 operativos contra los traficantes hasta el 2002.
Al conocer esos planes, los dirigentes campesinos cocaleros han anunciado que decidirán en asambleas sindicales medidas de respuesta a las intenciones gubernamentales.
De aplicarse la radical política antidrogas de Banzer, podría generarse en Bolivia una situación de conflicto entre el poder ejecutivo y las aproximadamente 35.000 familias campesinas que se dedican al cultivo de coca en el Chapare. (FIN/IPS/jcr/mj/ip/97
