El jefe de inspectores de armas de la ONU, Richard Butler, llegará a Iraq este viernes para iniciar conversaciones con las autoridades, consciente de la dificultad de desvincular su misión del deterioro del nivel de vida de la población iraquí.
Butler, presidente ejecutivo de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) que supervisa la destrucción de las armas no convencionales de Iraq, llegará a Bagdad desde Bahrain para comenzar las conversaciones el domingo.
Las negociaciones se producirán en medio de acusaciones de venganza contra Estados Unidos y Gran Bretaña, empeñados en continuar con el embargo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impuso a Iraq hace siete años, tras su invasión a Kuwait.
Un informe publicado el 26 de noviembre por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), basado en una encuesta de 53.000 hogares, señala que hasta un millón de niños iraquíes padecen desnutrición crónica y que el programa "petróleo por alimentos" no alivió la situación.
El programa constituye una excepción al embargo para que Iraq pueda vender en un período de seis meses 2.000 millones de dólares en petróleo con el único fin de adquirir alimentos y medicinas para su población. El pasado jueves 4, la ONU renovó el programa por otros seis meses.
El Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales criticó la semana pasada el régimen de sanciones porque no tiene en cuenta los perjuicios que causa a la población iraquí.
"El respeto hacia los derechos humanos no puede dejar de tenerse en cuenta en el marco del Consejo de Seguridad", exhortó Philip Alston, presidente del Comité.
Alston calificó de "totalmente inadecuados" los mecanismos que prevén excepciones humanitarias al embargo, y citó otro informe, del Departamento de Asuntos Humanitarios de la ONU, que considera "insatisfactorias" dichas excepciones.
El propio Consejo de Seguridad cambió sutilmente de actitud. Antes de la partida de Butler, y por primera vez desde la imposición de las sanciones, una nueva resolución del Consejo mencionó la cooperación de Bagdad con UNSCOM en los últimos 75 meses.
La resolución aludió además a la soberanía y la seguridad nacional de Iraq, en referencia a la demanda de UNSCOM de acceso incondicional de los inspectores a cualquier sitio del país.
El sufrimiento económico de los iraquíes creció desde que el Consejo de Seguridad decidió en abril de 1991 utilizar las sanciones para obligar a Iraq a renunciar a sus armas de destrucción masiva (químicas, biológicas y nucleares) y a sus misiles de largo alcance.
Desde entonces, el precio promedio de los artículos de primera necesidad aumentó 5.000 por ciento. Actualmente, un kilogramo de carne cuesta 3.000 dinares, cifra que equivale al salario promedio de un maestro de escuela.
"Es claro que los niños llevan la carga de las actuales dificultades económicas", manifestó Philippe Heffnick, representante de UNICEF en Bagdad.
La salud infantil se vio afectada por el crítico estado de la agricultura, el suministro de agua, el saneamiento, la salud pública y el suministro de energía eléctrica, explicó Heffnick.
Debido a la falta de divisas, Iraq no puede importar los repuestos que tanto necesita para sus máquinas ni materiales fundamentales como fertilizantes e insecticidas. En algunos sectores económicos, la producción cayó a 10 por ciento de lo normal.
Además, señaló Heffnick, muchos donantes extranjeros suspendieron su ayuda a los proyectos del Programa Mundial de Alimentos en Iraq en la falsa creencia de que el programa "petróleo por alimentos" vuelve innecesarias sus donaciones.
Sin embargo, la aplicación de la excepción al embargo dista de ser satisfactoria. Todos los contratos que firma Iraq para la adquisición de alimentos y medicinas son examinados por el Comité de Sanciones de la ONU, en el que participan activamente Estados Unidos y Gran Bretaña.
Aunque 95 por ciento de los granos comestibles comprados por Iraq fueron recibidos y distribuidos, sólo 25 por ciento de los medicamentos adquiridos fueron entregados.
El presidente de Iraq, Saddam Hussein, cree que Washington pretende convertir el programa en una situación permanente para eludir la disposición del Consejo de Seguridad que prevé el levantamiento total de las sanciones. (FIN/IPS/tra-en/dh/rj/ml/ip-pr/97
