La venta de Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua) terminó fracasando, cuando de las cinco compañías precalificadas sólo se presentó una, que además ofreció un precio inferior al esperado.
Las autoridades decidieron suspender la venta y reprogramarla posiblemente para abril de 1998.
Teléfonos de México (Telmex), la única que se interesó en la compra, ofreció 19,34 dólares por cada una de las 28,8 millones de acciones, sumando un total de 529,1 millones de dólares por el 95 por ciento de las acciones, ya que el cinco por ciento restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa.
A las 0 horas de este miércoles, el ministro de Comunicaciones, Fritz García Gallont, anunció que la cantidad ofrecida "no es conveniente para los intereses de la empresa, para el pueblo de Guatemala ni para el programa de modernización del gobierno".
Anuncio que contó con la aprobación del público que había acudido al Centro Cultural Miguel Angel Asturias donde se realizó la subasta.
Aunque el gobierno no quiso hablar de precios mínimos aceptables, trascendió que esperaba entre 700 y 800 millones de dólares.
Alfredo Guzmán, gerente de Telgua, y García Gallont coincidieron en afirmar que en enero se iniciará un nuevo proceso para vender la telefónica, pero modificando las reglas para que haya más oferentes, por lo que además de operadores de telefonía podrían participar instituciones financieras.
El ministro de Economía, Mauricio Wurmser, manifestó que el fracaso en la venta de la telefónica no puede tener efectos dramáticos en la economía, ya que se continuará con el proceso y el gobierno cuenta con la aprobación del Congreso para adquirir deuda por unos 250 millones de dólares mientras se vende Telgua.
La gestación de la venta de la telefónica estatal, que se llamaba Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), comenzó en 1996, con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones.
En diciembre de ese año la consultora Arthur Andersen Consulting fue contratada para asesorar al Ejecutivo y auditar el proceso.
La firma consultora elaboró una lista de ocho bancos internacionales para hacerse cargo de la promoción de venta de la telefónica estatal. Por su experiencia en asesoría a operadores internacionales JP Morgan fue elegida para hacerse cargo del proyecto.
La Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que sustentaría legalmente la venta de Guatel, fue impugnada ante la Corte de Constitucionalidad, pero los recursos fueron desestimados.
El máximo organismo constitucional fue acusado por sectores de oposición de carecer de independencia y acatar las disposiciones del gobierno.
El mecanismo de privatización se conoció en junio, cuando se publicó el traslado del patrimonio de Guatel a una sociedad anónima -Telgua-, con el fin de vender un mínimo de 51 por ciento y un máximo de 95 por ciento de sus acciones.
En agosto se informó que las compañías France Telecom, GTE, MCI, Southwestern Bell y Telmex serían las precalificadas para intervenir en la subasta y también se designó al Citibank para custodiar las acciones de la telefónica.
El 28 de agosto, unos 6.000 trabajadores de Guatel renunciaron a la empresa para trasladarse a la nueva sociedad anónima, que inició sus operaciones en septiembre.
Todo pintaba color de rosa para el joven Guzmán, que si bien debió soportar duras críticas, especialmente por el aumento de cerca de 3.000 por ciento de las tarifas telefónicas locales para hacer más atractivo el monopolio a los posibles compradores, al parecer había triunfado.
Pero este mes, Acisclo Valladares, Procurador General de la Nación, interpuso recursos contra la inscripción de Telgua, porque consideraba que el proceso de venta presentaba ilegalidades.
Aunque acatando órdenes del gobierno las acciones judiciales fueron retiradas, de alguna manera, según Guzmán, habrían sembrado la desconfianza en los posibles compradores.
"Los inversionistas se vieron confundidos con las acciones del Procurador. Si él es el abogado defensor del Estado, ¿cómo se opone al mismo"?, se quejó Guzmán, a la vez que acusó a Valladares de que sus acciones conllevan fines políticos.
También para el sindicalista Víctor Hugo Durán, el culpable del fracaso es Valladares, ya que "los dos juicios que presentó en los tribunales de justicia ahuyentaron a MCI", la otra compañía que había cumplido con los requisitos.
Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, dijo que no avala la venta de Telgua porque quitaría beneficios a la población de escasos recursos.
"Lo correcto es que el gobierno desmonopolice a esa empresa, la cual puede seguir favoreciendo al Estado en cuanto a los dividendos percibidos y que pueden ser utilizados para fines sociales", dijo Arango.
Para Luis López, representante de Telmex, la oferta que presentó su firma esjusta, en base a un análisis total de la telefónica guatemalteca, de sus activos y de su potencial de crecimiento, pero no descartó participar en una próxima subasta.
"Estaríamos presentándonos nuevamente, dependiendo de las condiciones, porque vemos un mercado atractivo en Guatemala y existen importantes sectores de población no atendidos", señaló.
También explicó que Telmex es coinversionista con France Telecom y Southwestern Bell, dos operadores que también precalificaron pero que al final no participaron en la subasta.
El fracaso en la venta de Telgua obligará a sus directivos a buscar recursos para pagar el pasivo laboral de los trabajadores y la vía más probable sería la de contratar un préstamo con algún banco local por aproximadamente 80 millones de dólares. (FIN/IPS/cz/dg/if/97
