La Asamblea Nacional que se instalará en Ecuador el día 20 con el objeto de reformar la actual Constitución podría convertirse en una gran decepción para la mayoría de los ciudadanos, que con ella esperan resolver sus problemas cotidianos.
Si después de la destitución parlamentaria del presidente Abdalá Bucaram, en febrero, se pensó que las reformas a la Constitución devolverían la estabilidad política, social y económica al país, ahora el entusiasmo de los políticos y movimientos sociales se ha transformado en escepticismo y mesura.
Al parecer, las elecciones del pasado 30 de noviembre, donde se eligió a los 70 miembros de la Asamblea, acabaron por sepultar las aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil, pues los resultados preliminares confirman el fortalecimiento de los partidos políticos tradicionales.
Para esos comicios se inscribieron un número de movimientos independientes sin precedentes en la historia democrática de Ecuador.
Unas 70 organizaciones de mujeres, indígenas, trabajadores, profesionales y ciudadanos formaron parte del proceso electoral, que contó con un total de 908 candidatos.
Sin embargo, su presencia en la Asamblea será mínima, ya que el derechista Partido Social Cristiano, el de mayor peso en el parlamento, consiguió el triunfo y consolidará una mayoría con los puestos obtenidos por partidos de la misma tendencia política.
Temas como la plurinacionalidad del Estado, la igualdad de género, la apertura de canales de participación "tendrán que seguir siendo parte de la lucha cotidiana, porque no habrá avances en la Constitución sobre esos temas", dijo Luis Macas, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
Según Macas, diputado nacional por el movimiento indígena Pachakutik, "los asambleístas se concentrarán en los temas económicos, como la privatización de las áreas estratégicas, y dejarán de lado las demandas sociales".
"Lo mejor que se puede esperar es que no se modifique demasiado la actual Constitución, que es resultado de un largo proceso de lucha social", comentó a IPS Ernesto López, ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales.
"lL Constitución corre el riesgo de ser un documento de coyuntura, en el cual se expongan todos los planteamientos neoliberales que ya están siendo cuestionados en otros países", estimó.
Esa situación "provocaría que en unos años más se tenga que volver a reformar la Carta Magna, algo en lo que aquí ya se tiene experiencia, pues hasta el momento la Constitución ecuatoriana se ha reformado 18 veces", agregó.
Pero el problema más grave, continuó López, "es la demasiada expectativa que se creó en torno a la Asamblea".
"El problema de Ecuador no radica en sus leyes sino en la falta de educación cívica para interpretarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir. Las reformas pueden servir para llenar vacíos legales y definir lineamientos generales de las políticas del Estado, pero no para solucionar problemas de conducta ciudadana", arguyó López.
El jurista Alberto Wray, catedrático de la Universidad Católica de Quito, coincidió con López al señalar que "es fundamental iniciar un proceso de educación cívica, que tendrá resultados a largo plazo".
Dramas como el desempleo, la pobreza o la inestabilidad "no pueden solucionarse con la redacción de leyes", consideró el especialista.
"Si ha existido una avance es que ahora la clase política sabe que la sociedad civil no puede ser engañada", dijo a su vezJavier Alvarado, de la Federación de Barrios del Noroccidente de Quito.
Alvarado recordó que la Asamblea Nacional surgió de las propuestas de las organizaciones sociales, tras la destitución de Bucaram, producida tras una serie de marchas masivas de protesta contra su gobierno.
"Los ecuatorianos sabemos cuál es el poder de la organización y sabremos actuar en caso de que la clase política no sepa responder a nuestras demandas", concluyó. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
