El salario promedio de la población mapuche residente en Santiago equivale a alrededor de un tercio del de los no indígenas, según un estudio realizado en uno de los municipios más populosos de la capital de Chile.
Los resultados de la investigación en el municipio de Cerro Navia, divulgados este lunes por el diario La Epoca, refuerzan las críticas a la discriminación racial, social y cultural de los mapuches, la más numerosa de las etnias precolombinas en el país.
En Cerro Navia, una comuna popular de 140.000 habitantes en el área oeste de Santiago, viven 14.000 mapuches, sobre un total de 450.000 que, de acuerdo a estimaciones censales, habitan en la región Metropolitana, de cinco millones de habitantes.
El estudio dirigido por el antropólogo Sebastián Vergara estableció que el ingreso promedio de los hogares mapuches en Cerro Navia es de unos 345 dólares al mes, pero que 90 por ciento de ellos percibe salarios inferiores a 294 dólares.
En el mismo municipio, los ingresos de los hogares no indígenas equivalen en promedio a 883 dólares, lo cual significa que la mayoría de los mapuches perciben salarios del orden de sólo un tercio del resto de la población.
La discriminación de los pueblos indígenas en Chile es un fenómeno permanente pero virtualmente ignorado por los medios políticos y periodísticos, salvo cuando aparece vinculada a situaciones de conflicto.
Las denuncias sobre una supuesta "infiltración extremista" en organizaciones mapuches de la localidad de Lumaco, unos 670 kilómetros al sur de Santiago, pusieron nuevamente al problema indígena bajo la atención de las autoridades y la prensa.
En la cárcel de Temuco, capital de la región de la Araucanía, están detenidos 12 dirigentes mapuches, acusados de participar en el incendio de tres camiones madereros en un conflicto con una empresa forestal instalada en tierras que reclaman los indígenas.
Dos de los detenidos iniciaron el último fin de semana una huelga de hambre, en demanda de un juicio justo, luego de que los tribunales rechazaran un recurso legal en que se demandaba su libertad bajo fianza.
El gobierno aplaudió a través del ministro del Interior, Carlos Figueroa, la decisión judicial, por la gravedad del delito que se imputa a los mapuches y pidió investigar las denuncias de participación en los hechos de antiguos activistas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hoy virtualmente desaparecido.
Organizaciones de derechos humanos, ecologistas y académicos cuestionaron el enfoque gubernamental y llamaron a analizar el conflicto de Lumaco como una consecuencia de la discriminación que afecta a los indígenas.
La Ley de Desarrollo Indígena, expedida en 1992, abrió cauces para que las comunidades mapuches reactivaran reinvidaciones sobre sus tierras ancestrales en la región de la Araucanía, convertidas hoy en fundos (haciendas) forestales.
El secular proceso de despojo de tierras de los mapuches ha provocado su incesante migración a las ciudades. Según el antropólogo Vergara, 75 por ciento del millón de miembros de esta etnia vive hoy en grandes urbes.
El estudio en Cerro Navia ratificó que los enclaves de emigrantes mapuches en Santiago y otras ciudades constituyen focos de pobreza, fenómeno que afecta, según estadísticas oficiales, a 28 por ciento de la población chilena.
Los mapuches llegados a Santiago en las últimas décadas residen en los municipios más pobres de la región metropolitana, como Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado, Conchalí, Renca, Peñalolén, La Pintana, La Granja y San Ramón.
En el caso específico de Cerro Navia, los empleos a que pueden acceder los indígenas son los de más baja calificación y por ende los peor remunerados, como la construcción, la pequeña industria manufacturera, el servicio doméstico y el comercio informal.
La investigación de Vergara determinó que de las 6.500 mujeres mapuches en condiciones de trabajar solo 2.200 tienen empleos remunerados, cifra que aumenta a 6.000 en el caso de los hombres. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/97
