El presidente de Colombia Ernesto Samper pidió hoy al Congreso aplazar el debate de una ley carcelaria que favorecería a los jefes del narcotráfico actualmente en prisión.
El mandatario pidió a los congresistas abstenerse de continuar debatiendo la ley de "Alternatividad penal" hasta encontrar un mecanismo que evite la excarcelación de los narcotraficantes.
El proyecto de ley debía ser examinado este jueves por el Senado, tras haber sido aprobado el martes en Diputados.
La aprobación del proyecto, que fue presentado por el Ejecutivo para intentar solucionar el hacinamiento en las prisiones, causó este miércoles un revuelo que obligó al gobierno a pedir su aplazamiento.
La congestión reinante en las cárceles colombianas provocó este año varios motines, que se tradujeron en numerosas muertes.
Mediante la norma se buscaba favorecer a los reos sentenciados por delitos diferentes al narcotráfico y el terrorismo para que obtuvieran su libertad una vez cumplida una parte de su pena.
De aprobarse el proyecto como salió este martes de la Cámara el reo sentenciado recuperaría su libertad al cumplir 60 por ciento de la pena impuesta, pero ese beneficio se aplicaría a la totalidad de los 42.000 reclusos, incluyendo a los jefes del narcotráfico.
La norma beneficiaría también a varios congresistas vinculados a la financiación de la campaña del presidente Ernesto Samper con dinero del narcotráfico.
Además, se otorgarían rebajas de pena a los reclusos por días trabajados, por desempeñar trabajos comunitarios y se concederían salidas hasta por 15 días a todo aquel reo que haya cumplido las tres quintas partes de su pena y observe buena conducta.
La canciller María Ema Mejía advirtió al Senado que la aprobación del proyecto sería "una pésima señal a la comunidad internacional, pues beneficia a narcotraficantes y gentes que se enriquecieron ilícitamente".
Mejía pidió a los congresistas atender las indicaciones de una comisión que coordina la fiscalía, que estudia la modificación estructural de la política criminal de Colombia.
No se puede permitir que personas culpables de delitos graves, como los narcotraficantes, terminen beneficiados con leyes que estarían señalando a la ciudadanía que "el delito paga", destacó. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
