La destrucción de 1.721 armas de fuego en Sao Paulo simbolizó hoy la participación de la sociedad civil en el combate a la violencia.
Las armas fueron entregadas por la población en respuesta a la campaña "Soy de paz", promovida por la Unión Nacional de Estudiantes y el Colegio de Abogados de Brasil.
Los estudiantes adoptaron la iniciativa tras varios caso de homicidios "traumáticos", ocurridos incluso al interior de escuelas, y la divulgación de datos indicando que los jóvenes son las principales víctimas de las armas en el país.
Datos mundiales señalan que Brasil es campeón en muertes por armas de fuego, tanto en accidentes como asesinatos.
El Ministerio de Salud comprobó que en Sao Paulo son asesinados anualmente unos 89 jóvenes de entre 15 y 19 años en cada grupo de 100.000, índice cuatro veces mayor que el promedio nacional para todas las edades.
La chatarra de las 1.721 armas destruidas este miércoles, entregadas principalmente por personas de más de 50 años y familias con hijos pequeños, servirá de materia prima para una escultura con el símbolo de la campaña, manos cruzadas en forma de paloma.
La campaña será extendida a ciudades del interior de Sao Paulo y a otros estados del país, anunció la organización de los estudiantes universitarios brasileños.
La iniciativa indica que la sociedad brasileña se está movilizando por los derechos humanos, el mejor indicador del avance del país en esa área, señaló el secretario nacional de los derechos humanos, José Gregori.
El presidente Fernando Henrique Cardoso destacó también en Brasilia que es decisiva la participación social en esa cuestión, al celebrar este miércoles el 49 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y comentar un nuevo informe negativo sobre Brasil.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) divulgó el lunes que las violaciones siguen siendo muy graves en este país, donde existe una enorme desigualdad social, impunidad de la violencia policial y discriminación racial .
Tanto Cardoso como Gregori admitieron la veracidad de los hechos denunciados, "hace tiempo conocidos por el gobierno", pero destacaron que el informe reconoce los avances y los esfuerzos del gobierno.
No obstante la OEA llama la atención sobre violaciones cometidas por instituciones estatales.
En Rio de Janeiro las muertes provocadas por la Policía Militar aumentaron de 3,2 a 20,55 al mes, tras la asunción del actual secretario de Seguridad Pública, Nilton Cerqueira, general retirado del Ejército.
El informe destaca que los civiles muertos en los enfrentamientos con la policía son tres veces más numerosos que los heridos, en el periodo de mayo de 1995 a febrero de 1996, lo cual revela la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
Normalmente, en todas partes, el número de heridos es inferior al de muertos.
Por detrás de esas cifras está la política adoptada por el general, de recompensar con promocion y mayor remuneración a los "actos de bravura" de los policías, que en gran parte obedecen a la muerte de supuestos criminales.
En Sao Paulo, que en el inicio de esta década se destacaba por el elevado número de homicidios practicados por su policía, la evolución es al revés. Las muertes en enfrentamientos se redujeron en una cuarta parte, tras haber alcanzado más de 1.500 al año.
La preocupación del actual gobierno estadual de Sao Paulo por los derechos humanos fue reconocida por organizaciones internacionales como la Human Rights Watch y ahora por Amnistía Internacional (AI).
AI firmó el martes un convenio con la Policía Militar del estado por el cual impartirá un curso sobre derechos humanos a 155 oficiales que se encargarán de extender la nueva mentalidad a toda la corporación de 80.000 efectivos.
Esa cooperación entre antiguos adversarios "dividirá las aguas", estimó el presidente de AI en Brasil, Ricardo Balestreri. El objetivo es que los policías no sólo respeten los derechos humanos "sino que los promuevan", añadió.
La Policía Militar paulista lanzó también este miércoles un sistema comunitario de acción policial en 38 barrios de Sao Paulo. La policía estará en relación directa y personal con la comunidad, participando en sus problemas, "lo que contribuye a la prevención de delitos", observó el coronel Valdir Suzano, coordinador del proyecto. (FIN/IPS/mo/dg/ip-hd/97
