Entre 100 y 150 mujeres bangladeshíes y birmanas ingresan en forma ilegal cada día a Pakistán, donde son vendidas como esclavas domésticas o, más comúnmente, como prostitutas.
Las mujeres son secuestradas, "casadas" con agentes por padres confiados o engañadas con la perspectiva de una vida mejor, pero en la mayoría de los casos terminan en burdeles de Pakistán tras realizar un viaje muy peligroso, generalmente a pie, a través de India.
Otras, las más afortunadas, son vendidas como esclavas domésticas junto con sus hijos.
Pocas retornan alguna vez a sus hogares, en áreas remotas y azotadas por la pobreza, que son las "zonas de caza" favoritas de los "dalals" o agentes.
Zia Ahmed Awan, del grupo Abogados por los Derechos Humanos y la Asistencia Jurídica (LHRLA), estimó que hay en Pakistán unas 200.000 mujeres bangladeshíes indocumentadas, entre ellas unas 2.000 en cárceles y refugios.
Un informe de la policía de Sindh reveló en 1993 que los bangladeshíes representan 80 por ciento, y los birmanos 14 por ciento, de los inmigrantes indocumentados residentes en Karachi.
La policía de fronteras y otras agencias encargadas de la aplicación de las leyes saben bien del tráfico, que tiene a Lahore, Kasur, Bahawalpur, Chhor y Badin como principales puntos de entrada al país, agregó el informe.
"Sin embargo, esas agencias no adoptan ninguna medida eficaz para procesar a los traficantes y detener la explotación de mujeres y niños por parte de agentes, policías y otros individuos", afirmó Awan.
El tráfico involucra gran cantidad de dinero. En 1988, haciéndose pasar por un potencial cliente, este corresponsal descubrió que el precio de una mujer bangladeshí o birmana oscila entre 1.500 y 2.500 dólares, según su edad, apariencia, docilidad y virginidad.
El precio ha permanecido estable, así como el interés por el "comercio", gracias a la connivencia de aquellos supuestamente encargados de impedirlo. Trascendió que la policía cobra entre 15 y 20 por ciento de comisión por cada mujer o niño vendidos.
En 1991, la policía aseguró a un periodista del periódico Jang que se presentó como un potencial comprador que no interferiría e incluso lo escoltaría de vuelta a casa con su "adquisición".
"¿Adónde quiere ir? Rawalpindi, Gujrat, Lahore… Adonde vaya, será mi responsabilidad. La policía no dirá nada", se le dijo al periodista.
Los agentes son ahora más cautelosos debido a las actividades investigadoras de los periodistas y controlan más las credenciales de sus clientes. Los riesgos también contribuyeron a un leve incremento de los precios, pero el tráfico continúa tan próspera y abiertamente como siempre.
Cada tanto, la policía realiza redadas en burdeles o barrios bajos de Karachi para aparentar que hace algo por detener el tráfico. Irónicamente, los detenidos son siempre mujeres y niños, y nunca los agentes que los llevaron allí.
"Las víctimas sufren nuevos abusos de la policía y el sistema legal, que los trata como criminales", denunció Zia Awan.
"Se trata básicamente de un problema económico", comentó el juez principal de la Alta Corte de Sindh, Wajiuddin Ahmed, en un seminario regional sobre el asunto organizado aquí la semana pasada por LHRLA en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Wajiuddin señaló que el problema está relacionado con la condición de la mujer en Asia meridional, donde la sociedad está dominada por hombres y las mujeres son consideradas como mercancías.
El juez también lamentó el desafortunado papel de la policía. "¿Cuántos traficantes son atrapados y castigados? Esta actividad no cesará a menos que la policía y los funcionarios de frontera hagan su tarea en lugar de actuar como matones uniformados", sentenció. (FIN/IPS/tra-en/bs/rdr/js/ml/hd-pr/97
