Pequeños y grandes productores forestales de América Latina han iniciado el proceso hacia la certificación de sus bosques con miras a ingresar al mercado europeo o a mantener la competitividad y el atractivo frente a consumidores cada vez más preocupados por el desarrollo sostenible.
Comunidades indígenas o grandes empresas madereras se han certificado con diversos beneficios, como mayor seguridad en la tenencia de la tierra.
Ejemplo de una comunidad indígena certificada es el del pueblo mexicano Nuevo San Juan, en el estado de Michoacán, que este sábado recibió su certificado de manejo sostenible.
Daniel Aguilar, ingeniero forestal de esa comunidad, explicó que desde hace muchos años las prácticas sostenibles son parte del trabajo de esta población de 1.229 colonos.
Nuevo San Juan tiene en concesión un bosque de coníferas, encinos, abetos y especies latifoliadas que en total comprende 18.138 hectáreas, distribuidas en áreas de manejo, plantaciones forestales, área agrícola, de protección de manantiales y de recreación.
Los colonos trabajan en actividades de manejo del recurso forestal, de reproducción de fauna, ecoturismo, industria forestal y fábrica de resina para producir brea y aguarrás.
Aguilar indicó que el proceso hacia la certificación ha dejado como beneficios la integración del núcleo comunal, 900 empleos directos permanentes, vivienda digna y recuperación del interés por las áreas agroforestales.
"Creíamos que estábamos haciendo un buen manejo del bosque pero no lo podíamos decir nosotros. Ahora la certificación nos proporciona esa credibilidad", explicó.
La certificación forestal es un mecanismo ideado en los últimos 10 años para tratar de frenar la destrucción acelerada de los bosques. Funciona como una presión ejercida desde el mercado para que los productos maderables provengan de bosques manejados en forma sostenible.
Esta presión es ejercida fundamentalmente, por ahora, por los consumidores europeos, pero se cree que el mercado por producto certificado irá creciendo rápidamente.
Incluida entre las llamadas "herramientas de política blanda", la certificación es voluntaria y la llevan a cabo organizaciones no gubernamentales y compañías privadas.
El tema fue objeto de una conferencia latinoamericana que se realizó en Costa Rica durante los días 9 y 10, promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), creado por los países centroamericanos y al cual han adherido México, Venezuela y Colombia.
Otro ejemplo de una empresa certificada lo presentó a esta reunión Ronnie de Camino, representante de Precious Woods, de Brasil, compañía que, según el experto, ha pretendido demostrar que el manejo sostenible es posible.
Precious Woods tiene 80.000 hectáreas en la Amazonia brasileña, a 240 kilómetros al este de Manaos. Unas 52.000 hectáreas están destinadas a la producción de madera, 23.000 a protección y el resto a reservas de agua.
De Camino señaló que la compañía decidió certificarse, entre otras cosas, para tener un buen ambiente externo que permita entrar al mercado europeo.
De hecho, está vendiendo madera a Alemania y Holanda, que no comprarían si el producto no tiene el sello que garantiza la sostenibilidad.
Precious Woods, cuya inversión en Brasil ronda los 25 millones de dólares, tiene rendimientos que varían entre 25 y 35 metros cúbicos por hectárea.
José Joaquin Campos, líder del Area de Manejo de Bosques del Catie, dijo a IPS que rendimientos de 10 metros cúbicos por hectárea se consideran aceptables, por lo cual la rentabilidad de la empresa brasileña es alta.
En América Central un ejemplo de certificación es el de Coatlahl, una cooperativa de campesinos hondureños asentados en la Cordillera Norte, en la zona atlántica.
Dagoberto Irías explicó que el proyecto abarca a 12 grupos campesinos que trabajan en un área de manejo de 13.000 hectáreas actualmente certificadas.
A diferencia de décadas atrás, cuando los campesinos sólo aprovechaban cuatro especies en forma selectiva, ahora tienen 12 especies de alto manejo, a pesar de que no cuentan con carreteras para sacar la madera, indicó.
Según Irías, todos los beneficios que la comunidad pueda obtener de la certificación son marginales frente al contrato de usufructo por 40 años prorrogables que el gobierno les dio y que significa seguridad sobre el uso de la tierra.
Timothy Synnott, director del Consejo para el Manejo Forestal, un organismo mundial certificador, destacó que este mecanismo ha mostrado un crecimiento gratificante en los últimos años.
"Hace dos años no teníamos ni una empresa maderera certificada en Estados Unidos, ahora hay más de 70 y la demanda potencial está creciendo", afirmó.
En total, 3,5 millones de metros cúbicos de madera certificada entran anualmente al mercado internacional.
América Latina no es gran exportadora de madera porque consume entre 80 y 90 por ciento de lo que extrae.
Aún así es un recurso económico importante para países como Brasil, Bolivia o Chile, que vende productos maderables por 1.100 millones de dólares anuales. (FIN/IPS/mso/dg/if-dv/97)
