La firma de un tratado de extradición bilateral cuestionado por la justicia nacional es uno de los puntos más controvertidos de la visita a Nicaragua del gobierno español, José María Aznar, iniciada hoy.
Según fuentes oficiales de ambos países, España suscribirá también con Nicaragua un protocolo financiero por un monto de unos 120 millones de dólares en tres años para respaldar programas y proyectos de orden social y de infraestructura.
Entre ellos destaca un programa de educación de adultos que se ha implementado de forma exitosa en El Salvador y República Dominicana.
De acuerdo al censo de población de 1996, en este país centroamericano hay más de 600.000 analfabetos mayores de 15 años, de los cuales casi la mitad residen en el sector rural.
Durante su visita de dos días a Managua, Aznar firmará también con el presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán un tratado de extradición que permitiría en particular la entrega de presuntos militantes independentistas vascos residentes en este país.
La Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal nicaragüense, se pronunció en contra de ese proyecto, al calificar de «inconstitucional» uno de sus artículos.
Organismos de derechos humanos ligados al sandinismo tildaron de «antiético» el proyecto jurídico y calificaron de «entreguista» al gobierno de Alemán.
«Nicaragua se está convirtiendo en un peón de todos los gobiernos represivos del mundo», afirmó Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
«Se está lesionando nuestra dignidad nacional, ya que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional para luchar contra la impunidad y fortalecer la administración de justicia pero no para perseguir a grupos específicos», comentó refiriéndose al grupo separatista vasco ETA.
Las sospechas sobre la presencia de presuntos militantes de ETA en Nicaragua surgieron en mayo de 1993, cuando fueron capturados y extraditados a España tres "etarras", dos de ellos nacionalizados nicaragüenses.
Esa decisión fue calificada como un «acto servil» de parte del entonces ministro de Gobernación, Alfredo Mendieta, pues España ni siquiera había solicitado la extradición.
La Cancillería minimizó las objeciones de la Corte de Justicia al proyecto de extradición y ratificó que el texto será suscrito este miércoles.
«Vamos a firmarlo porque el terrorismo ya no es una plaga local, se ha vuelto una amenaza mundial y así está consignado dentro de los delitos de lesa humanidad, como el narcotráfico y el lavado de dólares», comentó el canciller Emilio Alvarez.
«No tengo conocimiento de que exista ningún miembro de ETA radicado en Nicaragua», afirmó sin embargo en embajador Díaz Valcárcel, aunque dijo que los tratados de extradición se suscriben en general en ocasión de visitas de alto nivel y no porque haya "algún problema específico".
«El tratado que se va a firmar con Nicaragua en líneas generales es el mismo que hemos firmado con El Salvador con motivo de la visita del presidente de ese país Armando Calderón a España», comentó Díaz Valcárcel.
En el proyecto de extradición, indicó el embajador español, está contemplado que no se concederá la extradición en caso de nacionales, por lo que una medida como la de 1993 no podría aplicarse.
Una vez suscrito el tratado, el parlamento dispondrá de un plazo de 15 días para conocerlo y de 60 para aprobarlo o rechazarlo, para lo cual se requerirá una mayoría simple de legisladores, que la bancada oficialista y sus aliados reúnen.
La colaboración bilateral, según el embajador español, es intensa desde diciembre de 1972, año en que Managua fue destruida por un terremoto.
En la década pasada, España, gobernada en la época por el Partido Socialista, fue un socio muy importante de los sandinistas nicaragüenses, que habían no obstante expropiado propiedades de más de 30 ciudadanos españoles.
Hoy ambos países tienen gobiernos derechistas.
Precisamente, en su primer día de estadía, Aznar se reunió con "confiscados" españoles, que esperan ser indemnizados. De lo contrario, exigirán al jefe del gobiern ode su país que suspenda la ayuda bilateral, clave para Managua.
Durante el mandato de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), España otorgó más de 139 millones de dólares en cinco años en concepto de préstamos y donaciones, destinados a proyectos sobre todo de naturaleza social y para apoyar el progranma de ajuste económico.
Junto a Aznar llegaron a Managua también unos 45 empresarios españoles, representantes de importantes firmas comerciales, industriales y bancarias, quienes se entrevistarán con empresarios nacionales para estudiar posibles inversiones.
De acuerdo a cifras oficiales, en 1996 Nicaragua exportó al mercado español por más de 70 millones de dólares e importó por más de 100 millones.
Entre los rubros que resultan más atractivos para los españoles están los de turismo, construcción y minería. (FIN/IPS/rf/dg/ip-if/97
