La UNESCO podría incorporar el próximo sábado las islas Galápagos a su lista de "patrimonios de la humanidad en peligro de extinción", en caso de que el parlamento de Ecuador no apruebe un polémico proyecto de ley de conservación de ese archipiélago.
"Además de los conflictos económicos y sociales que ha generado la nueva ley de conservación, ahora el tiempo se convierte en el factor de mayor presión", dijo Alejandro Serrano, presidente de la comisión de Asuntos Laborales y Sociales del Congreso y uno de los principales promotores del proyecto de ley.
El presidente del Congreso legislativo, Heinz Moeller, compañero de bancada de Serrano, suspendió este martes el debate del proyecto de conservación para "atender las inquietudes de los sectores que están inconformes con algunos aspectos de la legislación".
Entre los disconformes se cuenta principalmente la industria pesquera, opuesta a la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, que el proyecto en discusión amplía de 15 a 40 millas.
Ese espacio se integrará en el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que prohibe la actividad pesquera.
"La disposición afectará a la economía nacional", pues no limita sólo la actividad de los pescadores de Galápagos, sino de todos, advirtió Gonzalo Mora, dirigente de la Asociación de Atuneros de Ecuador (AAE).
Unos 3.500 pescadores afiliados a la AAE y a otros organizaciones se concentraron este martes ante el Congreso para solicitar que "se archive el proyecto hasta que se redacte uno nuevo con la participación de todos los sectores y no sólo de grupos que protegen intereses particulares", según explicó Mora.
La llamada Ley de Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos fue aprobada por el parlamento la semana pasada, en primer debate. Pero su promulgación exige una segunda votación.
Además de la polémica por la Reserva Marina y la pesca, existen otros puntos de divergencia, relativos a políticas restrictivas de la migración, el turismo y de las actividades agropecuarias.
Según Serrano, el proyecto será aprobado, pues "es mayor el respaldo que ha tenido por parte de la población insular, de las agrupaciones ambientalistas nacionales e internacionales y de los propios legisladores, que la oposición interesada de algunos dirigentes gremiales".
Galápagos es una de las 21 provincias de Ecuador y se encuentra a 1.000 kilómetros del territorio continental. Su amplia biodiversidad es considerada por especialistas el museo viviente más grande del mundo.
Desde el siglo pasado, las Galápagos han sido centro de estudio de miles de científicos, como el británico Charles Darwin, que las denominó "islas encantadas".
Pero ese archipiélago del Pacífico es también el principal centro turístico ecuatoriano, y proporciona 60 por ciento de los ingresos del Estado por ese rubro.
La UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró en 1979 a las Galápagos patrimonio natural de la humanidad, una distinción que acarrea a Ecuador compromisos de conservación.
La comisión de patrimonios de la UNESCO recomendó en julio de 1996 medidas urgentes de control a las actividades pesqueras y turísticas y del asentamiento de migrantes en las islas.
La afluencia de turistas, la elevada tasa de crecimiento de la población de las islas (la mayor del país), la introducción de especies ajenas al ecosistema, la pesca artesanal e industrial, indujeron a la comisión a considerar la clasificación de las Galápagos como patrimonio de la humanidad en peligro de extinción.
La UNESCO puso un plazo de un año al gobierno ecuatoriano para la implementación de sus recomendaciones. Las autoridades lograron una prórroga hasta el 15 de este mes al presentar el proyecto de ley de conservación, que fue elaborado por una comisión especial designada por el presidente provisional Fabián Alarcón.
La comisión especial estuvo presidida por la ministra de Ambiente, Flor María Valverde, e integrada por pobladores de las islas, especialistas y organizaciones no gubernamentales, y fue asesorada por el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Fundación Natura de Ecuador.
Según Valverde, el proceso de elaboración del proyecto fue "una experiencia inédita en el país", ya que "se tomaron en cuenta todas las opiniones, inquietudes y necesidades de la población, así como los parámetros técnicos para la conservación y el desarrollo sustentable del archipiélago".
Desde el pasado fin de semana, organizaciones de pobladores de las más habitadas entre las islas Galápagos, como San Cristóbal y Santa Isabela, realizan marchas de apoyo a la nueva legislación, mientras los representantes de la insudtria pesquera y del sector turístico la rechazan.
"Debemos olvidarnos de los intereses personales y pensar en el bienestar de las islas", dijo Serrano, para quien "una etiqueta negativa impuesta por la UNESCO repercutirá en la imagen del país y, por lo tanto, en nuestra economía". (FIN/IPS/mg/ff/en/97
