Cuatro mujeres acusadas de prostitución fueron condenadas a muerte por un tribunal islámico de Sudán y sólo disponen de 15 días para apelar la sentencia.
La Agencia de Noticias de Sudán informó el martes 25 que las mujeres condenadas serán ejecutadas el próximo 10 de diciembre, a menos que la Corte Suprema revoque la sentencia.
Abdel Basit Sabdrat, ministro de Justicia de Sudán y fiscal general de la nación, confirmó que el caso contra las mujeres ya está a consideración de la Corte Suprema.
Las cuatro habían sido detenidas varias veces e ignoraron las advertencias para que abandonaran su "monstruoso" oficio, aborrecido por el Islam, informó la agencia oficial. No se confirmó aún si las condenadas serían lapidadas en un mercado público.
Sabdrat señaló que muchas otras mujeres acusadas de prostitución esperan sentencia en varias partes del país, pero no precisó números ni otros detalles.
Las cuatro mujeres fueron halladas culpables de acuerdo con la Ley Penal de 1983, que dispone la sentencia de muerte para quienes delinquen por tercera vez.
Los juicios de las mujeres se basaron en los "hudud" (códigos islámicos), explicó Sabdrat, pero no se informó de ellos en medios oficiales ni privados porque se realizaron en la época del presidente Gaafar Mohamed Nimeri.
En 1983, Nimeri impuso una versión de la "sharia" (ley islámica) que muchos radicales musulmanes consideraron incorrecta.
Sabdrat explicó que la información sobre juicios en medios de prensa no está de acuerdo con los principios de la sharia, ya que viola los derechos de los testigos, pero no todos los islamistas están de acuerdo con la interpretación de la sharia utilizada para condenar a las cuatro mujeres.
El académico islámico Ibrahim M. Gassim dijo a IPS este martes que, según la sharia, la sentencia de muerte de prostitutas depende en gran medida de la naturaleza del delito.
Por ejemplo, sería un error que la sentencia se aplicara a mujeres pobres dedicadas a la prostitución con el fin de ganarse la vida, "porque la sharia no objeta las prácticas ilegales (…) si se realizan como medio de supervivencia", explicó Gassim.
Agregó que, según la sharia, la prostitución se convierte en un crimen sólo cuando quienes la practican gozan de un buen pasar. El ex primer ministro Sadiq al Mahdi, a quien Nimeri sentenció a prisión por su oposición a la aplicación de las leyes islámicas, sostiene una opinión similar.
El líder declaró que el gobierno deber crear primero un estado de bienestar social que satisfaga las necesidades básicas de la población en general antes de aplicar la sharia.
Mahdi, derrocado en junio de 1989 por la actual junta pro islámica encabezada por el presidente Omar Hassan al Bashir, sostuvo que la mala aplicación de las leyes exacerbó el conflicto entre el norte, de población árabe musulmana, y el sur, donde reside la minoría cristiana.
El ex primer ministro huyó del país en diciembre de 1996 y se unió a una alianza de grupos opositores en el exilio con el fin de expulsar al régimen fundamentalista islámico de Jartum.
Según la sharia, los jueces deben escuchar la declaración de al menos cuatro testigos que hayan visto al acusado o acusada en el acto del delito. Pero los magistrados islámicos de Sudán rara vez aplican el procedimiento.
Para minimizar los errores, Gassim exhortó a los jueces a que se familiaricen con los códigos de la sharia antes de pronunciar sentencia.
Desde que comenzó a aplicarse la sharia, en septiembre de 1983, unas 891 personas fueron sentenciadas a muerte, amputaciones de sus extremidades y prisión perpetua, informó a la Asamblea Nacional (parlamento) el ministro Sabdrat la semana pasada.
A pesar de la elevada cifra, Sabdrat sostuvo que sólo 189 personas fueron ejecutadas desde 1983. "El resto espera la ratificación de la Corte Suprema o la clemencia del jefe de Estado, teniente general Omar Hassan al Bashir".
Los castigos impuestos por los tribunales incluyen amputaciones de extremidades (por hurto), latigazos (por consumo de bebidas alcohólicas) y lapidación (por adulterio).
El ministro anunció que las cortes también procesarían a contrabandistas detenidos a principios de este año y a funcionarios de gobierno enriquecidos en forma ilegal a costas del Estado.
Los funcionarios públicos habían extraído cerca de mil millones de dólares de las arcas estatales, añadió Sabdrat. (FIN/IPS/tra- en/nb/mn/pm/ml-aq/hd-pr/97
