(IPS) La escasa ayuda humanitaria que aporta Estados Unidos a Cuba no logra "tapar" los efectos del bloqueo económico sobre el sistema de salud en este país socialista, sostuvieron fuentes del gobierno desmintiendo informaciones provenientes de Washgington.
Cálculos oficiales aseguran que los daños ocasionados a la economía por el bloqueo estadounidense, impuesto hace casi cuatro décadas, supera los 60.000 millones de dólares, más de cinco veces la deuda externa cubana.
Al mismo tiempo, las donaciones de Estados Unidos sólo representan cinco por ciento de la ayuda humanitaria recibida por Cuba desde los inicios de la crisis económica que vive este país hace ya siete años.
Un informe presentado por el vicepresidente Carlos Lage esta semana asegura que la ayuda humanitaria estadounidense en todos estos años significó 0,03 de los fondos destinados por el presupuesto estatal cubano a la salud pública.
"El gobierno de Estados Unidos trata de salvar su imagen ante la opinión pública, al decir, una y otra vez, que autorizan las ayudas humanitarias", afirmó Lage en el documento, leído ante 1.200 expertos procedentes de 22 países.
Lage, médico de profesión, habló durante el VI Seminario Internacional de Atención Primaria que sesionó en La Habana entre el miércoles y el viernes con asistencia de autoridades de varias agencias especializadas.
Sin hacer un alusión directa, Lage intentó desmentir un informe presentado por representantes oficiales y organizaciones independientes en septiembre en Estados Unidos, durante el seminario "Salud y nutrición en Cuba: Efectos del embargo norteamericano".
De acuerdo con esas fuentes Washington es "la mayor fuente de ayuda humanitaria a Cuba" con el envío, en los últimos años, de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad a la población cubana por un valor de 227 millones de dólares.
"Esa cifra no incluye los millones de dólares en remesas de dinero y suministros enviados por exiliados cubanos y otros residentes de Estados Unidos", aseguró el jefe de asuntos cubanos del Departamento de Estado estadounidense Michael Rannemberger.
El funcionario catalogó esas vías como "el principal canal de abastecimiento con que cuenta la población de la isla" y responsabilizó al gobierno de Fidel Castro por las restricciones que frenan la economía y afectan el sector de la salud.
Expertos de ambos países calculan en unos 500 millones de dólares la cifra anual que recibe la población cubana, de más de 11 millones de personas, por concepto de remesas enviadas por personas radicadas fuera de la isla.
Se estima que más de dos millones de cubanos han optado por radicarse en otros países, de los cuales 1.043.000 vivía en Estados Unidos en 1994, según el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.
Fuentes del Ministerio de Finanzas y Precios aseguran que el presupuesto estatal para la salud pública superó los 1.190 millones de pesos cubanos durante el pasado año (igual al dólar al cambio oficial).
De acuerdo con Lage las asignaciones al sistema de salud en la isla pasaron de representar 6,5 por ciento del total del presupuesto en 1989 a 9,3 el pasado año, a pesar del descenso del producto interno bruto en 34,8 por ciento entre 1990 y 1993.
El vicepresidente reconoció el "gesto humanitario y los beneficios de las donaciones" llegadas desde Estados Unidos, pero, agregó, éstas "no sustituyen el comercio por su limitado volumen y su intermitencia".
"Entre 1992 y 1995, solamente ocho licencias se han otorgado para comerciar con Cuba a subsidiarias norteamericanas, limitadas en su mayoría al campo de la investigación del mercado cubano y no a la venta de productos", afirmó.
Más de 20.000 productos farmaceúticos y de uso médico de procedencia estadounidense estaban registrados en Cuba hasta inicios de los años 60, cuando Washington empezó a establecer normas que prohiben todo intercambio comercial con La Habana.
Según esas normas ningún país puede vender en Estados Unidos un producto con insumos de procedencia cubana, ni Cuba puede adquirir en cualquier país producto alguno cuyo contenido de origen estadounidense rebase el 20 por ciento de su valor.
En 1992 el Congreso estadounidense aprobó la "ley Torricelli", que proscribió el comercio con Cuba de subsidiarias estadounidenses en terceros países, estimado entonces en unos 700 millones de dólares al año.
Noventa por ciento de esas transacciones "correspondía a alimentos y medicamentos", aseguró Lage.
Cuba afirma que el bloqueo impide el acceso a medicamentos necesarios para el tratamiento de niños con cáncer, frena el desarrollo de la industria biofarmaceútica, imposibilita la compra de equipos y piezas de repuestos necesarios para el sistema de salud.
Fuentes oficiales aseguran que por ese motivo no se pueden adquirir equipos de ultrasonido y autoclaves en la empresa Avalon Trading Comany, el medicamento adecuado para la inducción del parto que sólo poseen los laboratorios Upjohn, o las películas Kodak de rayos X recomendadas para las mamografías.
"La absorción de corporaciones y empresas de terceros país por firmas farmaceúticas estadounidenses, algo que ocurre últimamente, extiende de manera automática el bloqueo", dijo Lage. Por esa causa Cuba tuvo que cambiar de suministrador de marcapaso, tres veces en un año.
A pesar de la crisis y de las restricciones impuestas por el bloqueo Cuba cerró 1996 con una tasa de mortalidad infantil de 7,9 por 10.000 nacidos vivos, 2,4 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y una esperanza de vida al nacer superior a los 75 años, según fuentes oficiales. (FIN/IPS/da/dg/ip-if-he/97
