El pedido del gobierno de Colombia al Congreso para que apruebe la extradición sin condicionamientos fue apoyada por los representantes del poder judicial y de control del Estado.
El presidente Ernesto Samper ha pedido a la Cámara de Diputados que apruebe la extradición eliminando el condicionamiento de la no retroactividad, que introdujo el Senado al proyecto en septiembre, y deje su reglamentación a una ley estatutaria.
El fiscal general, Alfonso Gómez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Galvez, y el procurador general, Alfonso Gómez, afirmaron que el condicionamiento de no retroactividad debe excluirse del texto constitucional que se busca reformar.
Estados Unidos ha reconocido avances en la lucha del gobierno colombiano contra el narcotráfico, pero la aprobación de la ley de extradición sin condicionamientos es el principal elemento que Washington tendrán en cuenta para su evaluación del desempeño del país sudamericano en este año.
Una evaluación negativa de Colombia por tercer año consecutivo llevaría a la aplicación de sanciones económicas y comerciales.
El debate sobre el proyecto de ley que reforma el artículo 35 de la Constitución, que prohibe la extradición de colombianos a cualquier país, se reanudará en la Cámara de Diputados la próxima semana y estará dominado por la división de los parlamentarios sobre el tema de la retroactividad.
Con una extradición con condicionamientos se corre el riesgo de que en pocos meses el Congreso tenga que volver a discutir el tema, arguyó el procurador general.
El fiscal general también es partidario de que en el texto de la reforma constitucional que se debate no se incluiyan condicionamientos. "Basta que se levante la prohibición de la extradición y que la ley diga bajo qué condiciones se aplicará", afirmó Gómez.
El estatuto permitiría regular de manera clara aspectos como el de la controvertida no retroactividad, las garantías procesales en el exterior para el juzgamiento de colombianos y el principio de la doble incriminación.
Para el mandatario, "cualquier condicionamiento constitucional" en la aplicación de la extradición "le resta fuerza al hecho significativo e histórico de haber conseguido como se está haciendo" la aplicación de una medida que dos años antes era impensable.
Con Samper coinciden dos de los ponentes del proyecto, los diputados Roberto Camacho, independiente, y Jorge Carrillo, del gobernante Partido Liberal, en tanto el tercer ponente, el también liberal Jairo Chavarriaga es partidario de mantener la no retroactividad de la extradición.
Samper anunció este jueves que si se aprueba la extradición sin condicionamientos propondrá al Congreso una fórmula para que este recurso no se aplique hasta tanto no exista una ley que la reglamente.
Algunos analistas consideran que si se deja el polémico tema de la retroactividad a una ley reglamentaria, el procedimiento no será fácil.
Para su aprobación se requeriría de mayoría absoluta en las dos cámaras. Adicionalmente, por tratarse de una ley estatutaria, el proyecto tendría que pasar primero a revisión en la Corte Constitucional, que tendría un plazo no menor de 120 días.
El senador liberal Rodrigo Villalba dijo que "es un trámite largo y la responsabilidad estaría en manos del Congreso que se elige en 1998", ya que la actual legislatura termina en diciembre.
La reanudación del debate sobre la extradición de ciudadanos colombianos esta semana en la Cámara de Diputados ocurre en momentos en que Estados Unidos plantea a Mexico una alternativa temporal para extraditar a los jefes del narcotráfico.
El acuerdo, que está siendo considerado por los Congresos de ambos países, permitiría a la justicia estadounidense juzgar a los jefes del narcotráfico que sean detenidos en otros países y tengan causas pendientes en su territorio.
Una vez juzgados serían remitidos al país donde se produjo su captura para que cumplan la condena por el delito cometido allí y, al concluirla, regresarían a Estados Unidos para que cumplan la pena pendiente allí.
El ex ministro de Justicia Carlos Medellín dijo Colombia podría acoger una fórmula similar a la mexicana, pero esto requeriría "voluntad política, la reforma al artículo 35 de la Constitución, y la firma de un tratado". (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
