El sistema carcelario en Brasil, condenado por su hacinamiento, insuficiencias y vicios, encuentra en algunos casos soluciones en la participación de la sociedad y una mayor atención del Poder Judicial.
Esto es lo que se puede concluir de la visita de una misión del Parlamento Latinoamericano a algunas cárceles de Sao Paulo y Río de Janeiro el jueves y viernes, relatada por el diputado brasileño Nilmario Miranda.
La visita tuvo lugar en el marco de un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino para examinar la situación carcelaria en América Latina y el Caribe, a través del envío de sus representantes a los países. Un informe general debe ser presentado en marzo.
El contraste entre el deterioro general de las cárceles brasileñas y excepciones exitosas quedó en evidencia en Mogi das Cruzes y Braganza Paulista, ciudades de la periferia de Sao Paulo. "Son dos situaciones antagónicas", afirmó Miranda.
Mientras en Mogi das Cruzes las celdas de la Comisaría local presenta "todas las irregularidades posibles", en Braganza la situación es casi ejemplar, con excelente asistencia a los presos y alto índice de recuperación.
El hacinamiento es similar: 280 detenidos en lugar de los 60 previstos en el primer caso y 200 para una capacidad de 40 en el segundo, un cuadro generalizado en todo el país. El perfil de los presos es similar, como también el presupuesto.
La diferencia, destacó Miranda, es que en Braganza la comunidad local, representada por el juez, la fiscalía, la asociación de abogados y una organización no gubernamental (ONG), se hizo cargo de la administración de la prisión.
"Sin gastar un centavo más, están construyendo un edificio anexo para acoger 120 presos y reducir la superpoblación", dijo el diputado brasileño y señaló que contrataron sicólogos y asistentes sociales, e implantaron tres talleres para que todos puedan trabajar.
"No hay la corrupción que afecta al sistema en todo el país" y se aprovechan de la mejor forma los recursos, añadió. El resultado es que la reincidencia se limita a 20 por ciento de los liberados, mientras en Mogi das Cruzes ni siquiera hay control sobre ese aspecto.
En Braganza Paulista, como en otras partes, conviven detenidos de todo tipo, desde los considerados de alta peligrosidad hasta los acusados de delitos menores, pero "esa mezcla se mostró incluso positiva allí", observó Miranda.
Esa "diferencia radical, como agua y vino, entre las dos cárceles" demuestra que si la sociedad se moviliza y busca asegurar la recuperación y los derechos de los encarcelados, se puede mejorar mucho, aunque no solucionar completamente el sistema carcelario, aseguró.
En el estado de Sao Paulo, que concentra casi la mitad de los presos en Brasil, hay 200.000 órdenes judiciales de prisión incumplidas, cuya ejecución es inviable incluso porque no hay capacidad carcelaria.
En todo el país, las cárceles tienen actualmente cerca de 130.000 presos, más del doble de su capacidad. La situación más crítica se presenta en las comisarías, donde conviven condenados y detenidos en espera de juicio. Fugas y rebeliones ocurren a diario.
Hay que reformar todo el sistema y la solución más recomendable es la aplicación de penas alternativas, sin encarcelamiento, opinó Miranda, el diputado más activo en el tema de derechos humanos en Brasil.
La actitud del Poder Judicial "es fundamental", añadió. Su omisión es desastrosa en una de las cuatro cárceles visitadas en Río de Janeiro, Esmeraldino Bandeira, que tiene 1.300 detenidos, la mayora en régimen semiabierto.
Pero sólo 300 tienen derecho efectivo a ese régimen. La dirección del presidio atribuye la culpa de la irregularidad a la justicia, que no responde a los requerimientos del beneficio. El resultado "es un clima de tensión, de insatisfacción, en la población carcelaria", comprobó la misión del Parlatino.
Además de Miranda, participaron en la visita los diputados Daniel Díaz Maynard, de Uruguay, y Ludmila Riveros de Sánchez, de Paraguay. Ese grupo ya visitó cárceles uruguayas y la próxima semana lo hará en Argentina y Paraguay.
Chile, Bolivia y Perú están también a su cargo, mientras otra delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino visita países del norte de América del Sur, Central y el Caribe.
En Uruguay, Miranda dijo haber visto cuatro brasileñas presas sin ninguna asistencia del Consulado. Esa es una situación que afecta a los latinoamericanos encarcelados fuera de su país de origen, cuya cantidad creció mucho últimamente, por la migración y el narcotráfico, concluyó el diputado. (FIN/IPS/mo/ag/hd/97
