Las 51 medidas fiscales anunciadas el lunes por el gobierno de Brasil determinaron el fin de la luna de miel de la opinión pública con la gestión económica, un hecho que cubre el futuro de incertidumbre.
El paquete de ajuste, que busca un ahorro de 18.000 millones de dólares, mediante la reducción gastos públicos y el aumento de ingresos, fue rechazado por 53 por ciento de las personas encuestadas en Sao Paulo por un periódico local, que difundió el resultado este miércoles.
Por primera vez, el respaldo al plan real de estabilización económica, puesto en marcha en julio de 1994, bajó a menos de 50 por ciento, según la encuesta del diario Folha de Sao Paulo.
Se redujo a 47 por ciento, frente a 55 por ciento a fines de octubre y 66 por ciento en junio. La población teme principalmente el aumento del desempleo y el rebrote de la inflación.
Un tercio de las capas medias perdió confianza en el gobierno a causa de las medidas de ajuste, concluyó el Instituto Vox Populi, en una encuesta telefónica. Ese sector formador de opinión pública reaccionó principalmente ante el aumento de los combustibles y de los tributos.
La inevitable desaceleración económica y se secuela de desempleo y descontento de muchos sectores de población, representan un riesgo para la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso en octubre próximo.
Cardoso reconoció que las medidas son "duras", pero advirtió que no dudará en adoptar otras para defender la estabilidad de la moneda, incluso en desmedro de su popularidad. "Lo que importa es el país", afirmó.
Un aporte de optimismo fue realizado por el presidente argentino Carlos Menem, cuya visita a Brasil, el lunes y el martes, coincidió con la agitación creada por las decisiones de su anfitrión.
Menem recordó que en 1995 tuvo que tomar medidas igualmente impopulares, que provocaron una recesión económica en Argentina, y eso no impidió su reelección. En Brasil, la historia se repetirá, predijo.
En los medios sindicales, la seguridad de que habrá recesión econmica y aumentará el desempleo, se convierte en anuncio de protestas y en amenaza de huelgas, principalmente por parte de los funcionarios públicos.
Además del despido de 33.000 funcionarios del gobierno central no protegidos por estatuto de estabilidad, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Marcello Alencar, anunció que prescindirá de 10.000 empleados.
La ola de despidos puede crecer, ya que el paquete fiscal del lunes contiene previsiones para el recorte de gastos en las administraciones estaduales, en general muy endeudados.
Así mismo, el sector privado prevé una fuerte contracción de la demanda y de la actividad económica y, por ende, la destrucción de empleos.
La industria de Sao Paulo, el estado más desarrollado y poblado del país, calcula que despedirá a 30.000 trabajadores hasta fin de año. De enero a octubre ya habían perdido su empleo 77.737 trabajadores industriales.
La industria y el comercio sufren las consecuencias del paquete fiscal y del alza de las tasas de interés dispuesta hace dos semanas por el Banco Central como primera medida contra la fuga de capitales desatada por la crisis de las bolsas del sudeste de Asia.
La Asociación Comercial de Rio de Janeiro, que ya esperaba una caída de 10 por ciento de las ventas de Navidad respecto del último año, teme ahora que la retracción sea el doble de lo previsto. Los empleos temporales ofrecidos en esa época de aumento de la actividad caerán proporcionalmente a las ventas.
Mientras, grupos parlamentarios resisten algunas de las 23 medidas que deben ser refrendadas por el Congreso. El aumento de 10 por ciento del impuesto a la renta, por ejemplo, no tiene posibilidad de aprobación, admitieron los jefes de las bancadas legislativas.
La mayoría de los diputados y senadores intentan también su reelección en octubre y no están dispuestos a ratificar iniciativas impopulares. Autoridades económicas y líderes parlamentarios buscan una fuente alternativa para obtener los 1.100 millones de dólares aguardados del incremento del impuesto a la renta.
La coalición de gobierno tiene amplia mayoría en el Congreso, pero las disidencias tienden a aumentar en el caso de decisiones que pueden provocar la pérdida de votos.
Por esa el razón el gobierno no logró en dos años la aprobación de las reformas tributaria, de la administración pública y de la seguridad social, consideradas necesarias para asegurar una efectiva solidez de la economía. (FIN/IPS/mo/ff/if/97
