La violencia contra las mujeres se convirtió en América Latina en objeto de debate público, tras la promulgación de leyes nacionales para combatirla.
Quince países de la región ya tienen leyes que castigan la violencia intrafamiliar y otros dos cuentan con proyectos para aprobarlas, reveló un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas con sede en la capital chilena.
Pero como preámbulo al "Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer", este martes 25, una reunión de más de 100 delegados de 41 países de la región convocados por CEPAL advirtió sobre la necesidad de insistir en la prevención y profundizar en los castigos a los culpables.
Se debe "velar por el trato justo de las víctimas y garantizar la observancia de las leyes cobre violencia contra las mujeres y los niños", planteó el "Consenso de Santiago", emitido tras la Séptima Conferencia sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social, que concluyó el viernes.
Un estudio de la CEPAL sobre este tema destacó que la primera ley que abordó la violencia intrafamiliar en América Latina fue aprobada en Puerto Rico en 1989, y que otras 14 naciones crearon instrumentos similares "especialmente en los últimos tres años".
"La violencia contra la mujer ya no es un asunto privado en América Latina y el Caribe", comentó la Comisión Económica, al destacar que las legislaciones entregan herramientas de protección y estimulan las denuncias.
Además de Puerto Rico, los países que tienen leyes son Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Hasta el momento en que la CEPAL realizó su estudio se tramitaba un proyecto de reforma al Código Penal en Venezuela, mientras en Paraguay se estudiaba la aprobación de un plan nacional.
El "Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer" fue instituido la década pasada y desde entonces ha logrado mayor relevancia, por la importancia asignada al tema.
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, fue era una de los 12 áreas prioritarias incluidas en la declaración final.
Y en la reunión regional que concluyó la semana pasada en Santiago se recalcó, por parte de los delegados latinoamericanos y caribeños la necesidad de "insistir en la prevención de la violencia contra las mujeres y los niños".
En un documento preparado para ese encuentro, se adelantó que "los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres frente a la violencia intrafamiliar siguen derivándose, en amplios sectores, del desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos que la legislación ha establecido".
Pero en su mayor parte la persistencia de este problema se debe aún a "la aceptación de la violencia como parte consustancial del ejercicio de autoridad en la familia".
En la revisión que hizo la CEPAL de las legislaciones existentes se destacó que varían en su contenido, aunque coinciden en asumir una "transformación en el concepto de familia".
La unión de hecho, en algunos casos la procreación de un hijo aunque no haya unión, y en algunas leyes la incorporación de los ex convivientes, le dan un nuevo alcance a la calificación de la violencia intrafamiliar en la región.
En ciertos casos, las legislaciones "son una base para determinar y demandar responsabilidad estatal".
La mayoría de estos instrumentos definen la violencia intrafamiliar como "maltrato o agresión física o psíquica por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar", aunque en Puerto Rico y Ecuador se incluye explícitamente la agresión sexual contra la mujer.
La ley de Puerto Rico es la primera que tipifica la violación en el matrimonio, "un logro porque rompe con la tradición milenaria de que la mujer es propiedad del marido".
La CEPAL planteó que aún es prematuro proceder a evaluar la efectividad de estas leyes, pero uno de los efectos más notorios es el aumento de las denuncias, con lo cual las agresiones ya no quedan ocultas al interior de las familias.
Pero también se detectaron dificultades en la aplicación de castigos.
En Puerto Rico, uno de los tres casos en los cuales se concentró el Estudio de la Comisión junto con Chile y México, la policía es renuente a actuar y el sistema de justicia opera tratando de evitar una sobrepoblación en las cárceles.
En el caso de Chile, entretanto, "es necesario reducir el tiempo que dura el proceso", señala el estudio. (FIN/IPS/lac/dg/pr-dg/97
