La anulación por inconstitucional de una anacrónica ley de vagos y maleantes que permitía en Venezuela detener hasta por 10 años a las personas sin pasar por la justicia, despertó una sorprendente polémica en este país.
La reacción contraria al dictamen de la Corte Suprema de Justicia fue promovida por el Poder Ejecutivo, que gozaba hasta ahora de la postestad de privación de la libertad gracias a un vestigio de la última dictadura, derrocada en 1958.
Representantes del poder central, regional y municipal se unieron para demandar urgentemente al Congreso que llene un supuesto "vacio legal" con una ley ajustada a la Constitución de 1961 y a la nueva doctrina en materia de derechos humanos.
Pero el presidente de la comisión parlamentaria que debe ocuparse del tema, Gustavo Tarre, dijo este jueves a IPS que el Poder Legislativo estudiará con la reflexión necesaria si hay reales vacíos para prevenir y enfrentar los delitos.
No obstante, anticipó que en ningún caso un nuevo instrumento legal dará potestad al Poder Ejecutivo de cumplir funciones propias del Judicial, porque eso sería incurrir en los mismos vicios de autoritarismo y arbitrariedad de la ley derogada.
El dictamen, con cuatro votos en contra de los 15 magistrados del tribunal supremo venezolano, se basó en que la ley es inconstitucional porque se puede encarcelar a las personas sin ser juzgadas, el proceso no lo realizan los jueces naturales y se viola la debida defensa y otros derechos humanos.
En la práctica, la ley permitía mantener en prisión a personas por su apariencia o condición social, mediante un expediente administrativo. "Era una ley contra los marginales", señalaron organizaciones humanitarias favorables a la medida de la Corte.
"Estamos desprotegidos" para luchar contra el asaltante, el delincuente, dijo el ministro del Interior, José Andueza, mientras Enrique Mendoza, gobernador del estado Miranda, donde se asienta parte de Caracas y su área metropolitana, añadió que "es un día de fiesta para los 'malandros' (delicuentes)".
"Vamos a tener que liberar a todos los presos al amparo de esa ley", añadió Andueza, y el gobernador del industrial estado de Carabobo, Henrique Salas, alertó a la población que "se le entrega la calle a la delincuencia" y se deja "a la intemperie al ciudadano".
Expresiones como las de Salas, repetidas una y otra vez por radio y televisión, causaron alarma en la población ante la nulidad de la ley, en un país agobiado por la delincuencia y donde existe gran descreimiento en un Poder Judicial muy lento y acusado de corrupto.
Representantes del Consejo de Gobernadores de los 22 estados en que está dividido administrativamente el país pidieron a la presidenta del máximo tribunal, Cecilia Sosa, que el dictamen no se haga efectivo hasta que el Congreso no apruebe una nueva ley.
El pronunciamiento de la Corte sobre una demanda de nulidad introducida en 1985 no ha sido publicado aún, ni tampoco se conoce su texto porque antes deben registrarse los razonamientos de los votos contrarios, y Sosa consideró que el trámite pudiera demorarse hasta un mes, a fin de que el Congrerso actúe.
"Los números ponen las cosas en su lugar", refutó Tarre, presidente de la Comisión de Política Interior de Diputados. "Las personas encarceladas en base a esta ley son 223", de una población penitenciaria total superior a 25.000 reclusos.
Tarre reflexionó sobre el papel de los medios de comunicación en crear una falsa alarma en la población sobre las consecuencias del dictamen que "pone fin a una ley que era una vergüenza para un país demócrata y permitía todo tipo de arbitrariedades".
El diputado y dirigente socialcristiano admitió que puede haber extremos de conducta que requieran ser sometidos a una ley y que tenga en cuenta lo que se denomina "sujetos en estado de peligrosidad".
Pero la protección ante los hechos delictivos, indicaron juristas, parlamentarios y activistas humanitarios, está contemplada en las leyes penales, apegadas a la Constitución.
La posibilidad de detener en forma administrativa a las personas por considerar que pueden constituir una amenaza social, aunque no hubiera prueba alguna de que pensarán cometer o hubieran cometido un delito, formaba parte de una serie de medidas preventivas contempladas en la ley derogada.
Pero en la práctica la detención fue el único instrumento utilizado por los prefectos de las alcaldias y gobernaciones para corregir supuestas conductas peligrosas, y en base a ella podía caer en prisión desde un homosexual a un brujo, desde una persona sin oficio conocido a una prostituta.
El período de retención permitido por la ley llegaba hasta cinco años y podía ser prorrogado otro tanto con la anuencia del Ministerio de Justicia. (FIN/IPS/eg/ag/ip/97
