El canje de bonos de la deuda externa en el mercado internacional pasó esta semana de ser un alardeado éxito a un dolor de cabeza para el gobierno de Venezuela, al iniciar el Congreso un debate sobre la legalidad y bondad de la operación.
Amenazas de distitución del ministro de Hacienda, Luis Matos, acusaciones de fraude y daño a la nación y el pronóstico de la medida de nulidad de la operación por incumplir tramites con el parlamento precedieron la apertura del debate, el martes.
Matos defendió ante la Comisión de Finanzas del parlamento la legalidad y beneficios de la operación mediante la cual fueron canjeados en septiembre más de 4.000 millones de dólares de los llamados bonos Brady por títulos globales (internacionales).
Desde la barrera, los inversores que mostraron "voraz atracción" por los nuevos papeles venezolanos escuchaban cómo diputados opositores aseguraban "los bonos van a tener que ser recanjeados por Brady", como si una reversión de este tipo fuera algo común entre emisores y tenedores de papeles.
La banca extranjera recién asentada en el país mostraba a través de su flamante asociación más que asombro por el debate y pedía ponderación para evitar el nerviosismo en los mercados bursátiles internacionales, por la acción del bicameral Congreso.
Se trata de un episodio que de tener por protagonista otro país latinoamericano donde se han llevado a cabo operaciones similares, como Argentina y México, seguramente hubiera tenido una alarmada repercusión en la escena financiera internacional.
Pero en el caso de Venezuela los truenos entre el gobierno de Rafael Caldera y un poder legislativo en que cuenta sólo con una fragmentada minoría han pasado ya a ser parte consustancial del trastabilleo de la política económica, aumentada ahora por el horizonte de las elecciones en 14 meses más.
Caldera, un democristiano independiente de 81 años, tiene el apoyo parlamentario de su pequeño partido Convergencia y nominalmente del Movimiento Al Socialismo, aunque éste participa también de una alianza opositora con los socialcristianos y un grupo izquierdista fragmentado.
La gobernabilidad de Caldera en la práctica se la garantiza la mayor fuerza parlamentaria y formalmente opositora, Acción Democrática, que busca cada día más disfrazar esta situación ante la necesidad de deslindar su imagen del impopular gobierno.
"Por la forma o el fondo los alegados éxitos externos del equipo de Matos terminan de una u otra forma en la cuenta interna de fracasos", indicó una alta fuente bancaria bajo anonimato.
En la segunda semana de septiembre, Matos condujo en Nueva York la operación mediante la cual se canjearon 4.200 millones de bonos Brady por globales, lo que se transformó en la mayor emisión de bonos de deuda de un país latinoamericano.
El plazo de rescate de los nuevos títulos aumentó sólo tres años y la reducción nominal de la deuda planteada por el gobierno de más de 2.000 millones de dólares es, en términos reales, confusa en su monto en la actualidad.
El cuarto deudor latinaomericano tiene obligaciones externas por 29.000 millones de dólares, según cifras oficiales, de los que cerca de 17.000 millones de dólares fueron refinanciados en los llamados bonos Brady en 1991.
Expertos bursátiles indican que las bondades manifiestas del canje fueron la evidencia del apetito inversor por los papeles venezolanos, ya que inicialmente el gobierno proyectaba una emisión de mil millones de dólares, pero la cuadriplicó cuando la demanda se desbordó hasta 7.000 millones.
Además eliminó las fianzas que la República debía satisfacer para garantizar sus títulos, en lo que le abre un nuevo camino en un mercado mundial que tuvó al país como un virtual paria financiero cuando en el inicial bienio de Caldera (1994-95) se implantó un fracasado modelo neopopulista de controles.
Pero la oposición, apoyada por economistas contrarios a la sustitución de los Brady, subraya que la operación es ilegal porque no fue tratada en el Consejo de Minsitros ni en el parlamento.
A ese argumento Matos replicó que el éxito dependía de la confidencialidad y que se trató de un canje y no de la contratación de un nuevo débito, por lo que no había que consultar al Congreso para cumplir con los trámites legales.
Los opositores a los bonos globales critican sus mayores intereses, indican que el servicio anual de la deuda se incrementará y que cuando se haga el balance el país habrá erogado entre 2.000 y 4.000 millones de dólares más.
El dirigente socialcristiano Gustavo Tarre afirmó este miércoles que lo más grave no fue la operación en sí, sino que se pagó una comisión excesiva a los dos bancos intermediarios y que se produjo una especulación previa con los Brady, por el manejo de información privilegiada dentro y fuera del país.
Esos elementos y "la ausencia de transparencia en todo el proceso" hacen a juicio de Tarre, ex presidente de la Comisión de Finanzas y perserverante critico de todas las acciones de Matos, "que toda la operación se tiña de gran sospecha".
Pero Tarre precisó que si bien la comisión deberá "despejar las dudas y lagunas que dejó Matos" en su explicación, la emisión es "irreversible" porque la estructura de sus tenedores impide su nulidad. (FIN/IPS/eg/dg/if/97
