PANAMA: Ex empleados públicos demandarían a su gobierno ante OEA

Dos ciudadanos panameños pretenden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA escuche esta semana su reclamo contra el gobierno de Panamá, al que acusan de represión contra opositores de las privatizaciones.

Luis Batista y Rolando Gómez Dirente realizan una huelga de hambre frente a la sede de la OEA (Organización de Estados Americanos) en Washington para que la Comisión los reciba antes del viernes, cuando dejará de escuchar demandas por este año.

Su reclamo de tres años se relaciona con la situación de 267 ex funcionarios públicos que se consideran víctimas de la violencia gubernamental por su campaña de oposición a la venta de empresas estatales a inversores privados.

Batista y Gómez se encontraban entre unos 500 empleados públicos despedidos en 1990 -injustamente, a su entender- de la compañía nacional panameña de energía, sus subsidiarias y afiliadas.

Los trabajadores pretenden que se les reincorpore con pleno salario y beneficios, sin pérdida de antigüedad, y que se postergue la venta de las empresas hasta que sus demandan sean satisfechas, o de lo contrario, temen, perderán toda posibilidad de justa recompensa.

Además, Batista y Gómez acusan a su gobierno de violar su derecho a entablar acciones legales y a la libre asociación. Las protestas públicas fueron reprimidas y los huelguistas fueron amenazados de ser acusados de subversión antidemocrática, delito castigado con 15 a 20 años de prisión.

Tales tácticas, junto con el aumento de la pobreza, problemas familiares y de salud, convencieron a muchos de abandonar sus demandas y sólo 267 de los cerca de 500 ex funcionarios firmaron la petición a la Comisión, explicó Gómez.

Un diplomático de Panamá en Washington defendió las privatizaciones diciendo que se realizaron por exigencia del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los trabajadores replicaron que no se oponen a las privatizaciones en sí mismas, sino a las violaciones a sus derechos y a su exclusión de las negociaciones entre el gobierno y los probables compradores.

"Somos conscientes de que nunca obtendremos plena justicia, pero queremos que al menos se nos reincorpore en nuestros empleos para que podamos participar de cualquier acuerdo de privatización", dijo Batista a IPS.

Fuentes diplomáticas estimaron probable que la Comisión escuche a los demandantes esta semana, pero es difícil predecir hasta dónde podrá llegar sin el asesor legal del gobierno de Panamá, que no retornará a Washington hasta la semana siguiente al fin de la actual sesión. La comisión se reúne tres semanas por año.

El organismo de derechos humanos aceptó la demanda en 1994, cuando los trabajadores ya habían agotado los recursos legales en Panamá, pero las autoridades panameñas, quienes ofrecieron negociar directamente con los trabajadores, impidieron las audiencias, según Batista y fuentes oficiales.

El gobierno del presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, que heredó el problema de la administración anterior, permanece comprometido con la negociación de un acuerdo, dijo a IPS la fuente diplomática, que solicitó reserva.

La fuente citó ciertos acuerdos propuestos y el pago parcial de compensaciones a algunos trabajadores como señal de que el gobierno "continuará colaborando de buena fe".

Pero Batista considera que tales ofertas no son más que tácticas para mantener el asunto alejado de la Comisión, al menos hasta que la privatización se concrete.

"Nos negaron el debido proceso en nuestro propio país, y ahora, mediante la supuesta búsqueda de acuerdos amistosos, nos lo niegan también en el ámbito internacional", acusó. (FIN/IPS/tra-en/aa/ml/hd-ip/97