El furor de las compras de Navidad ya comenzó en Estados Unidos, mientras una campaña de grupos sindicales logra la atención de los consumidores, que comienzan a exigir el cumplimiento de los derechos de quienes producen los regalos.
Grupos religiosos, sindicales, de estudiantes, mujeres y otras organizaciones civiles se sumaron a una campaña lanzada por el Comité Nacional del Trabajo, organización con sede en Nueva York defensora de los derechos de los trabajadores.
La campaña exhorta a los consumidores a sumarse a demostraciones prolongadas para llamar la atención sobre empresas fabricantes de indumentaria que violan los derechos de sus empleados en Estados Unidos y el exterior.
El foco de la protesta son los talleres de confección y las empresas que operan en el extranjero con plantas de ensamblaje, permitiendo prácticas laborales injustas.
La campaña cuenta con el apoyo de la mayor coalición de sindicatos de Estados Unidos, la Federación Americana del Trabajo- Consejo de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), que hizo un llamado a la inclusión de normas sobre derechos laborales en los acuerdos internacionales de comercio.
"La cuestión de las fábricas en que se explota a los obreros trasciende las fronteras", dijo Karen Nussbaum, presidenta del Departamento de Mujer en el Trabajo de AFL-CIO, y agregó que, "mientras se permita que los empleadores violen la ley y las normas razonables, estas acciones serán necesarias".
Una petición firmada por un millón de personas será enviada al presidente Bill Clinton y el Congreso el feriado del Día de Acción de Gracias, a fines de noviembre, con una exhortación a poner fin a las fábricas en que se explota a los obreros.
La carta urgirá al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas para asegurar que las empresas que operan plantas de ensamblaje en el exterior respeten los derechos laborales internacionales y permitan la supervisión independiente de sus instalaciones en el extranjero.
"Esto se está convirtiendo en un movimiento social", dijo Ellen Braune, portavoz del Comité, quien agregó que cuatro años de trabajo sobre el tema tienen ahora resonancia entre el público estadounidense.
El activismo sobre el tema de la explotación de trabajadores atrae la atención nacional, en especial después que los consumidores forzaran a la empresa de vestimenta The Gap a establecer un código de conducta para sus fábricas en el exterior tras un boicot a sus productos en 1995.
El año pasado, la Casa Blanca promovió la formación de la Asociación de Industria de la Vestimenta, uniendo a grandes empresas como Nike, Reebok, Liz Claiborne y Nicole Miller, junto a uniones sindicales y grupos de derechos humanos.
La Asociación acordó la vigilancia de parte de monitores, el derecho a la sindicalización y la implementación de normas de seguridad en el lugar de trabajo en las fábricas en otros países.
El grupo considera la creación de un distintivo que asegure a los consumidores que están comprando productos hechos en condiciones aceptables, y publicará un informe con sus recomendaciones a fines de este año.
Algunos grupos como el Fondo Internacional de Derechos Laborales afirman que el negocio de la indumentaria no puede tener la responsabilidad de vigilar a sus propios contratistas y subcontratistas para evitar violaciones de derechos laborales, incluyendo la explotación de niñas y niños.
Terry Collingsworth, asesora del consejo federal del Fondo, alegó que las empresas deben someterse a la supervisión independiente de sus facilidades en países en desarrollo.
Braune admite que hay un claro patrón de empresas que dependen en sus departamentos de relaciones públicas para proteger su imagen, en lugar de comprometerse con un cambio fundamental en los derechos laborales.
"Estas compañías tienen dos productos, su vestimenta y su imagen. Nuestras campañas atacaron su imagen, y harán lo que esté a su alcance para corregirlo", afirma.
Como parte de la campaña, el Comité Nacional del Trabajo publicará una lista de las empresas estadounidenses con los peores antecedentes de violaciones de derechos humanos y derechos laborales.
"El público en general quiere saber las condiciones de empleo de quienes fabrican los bienes que compran", dijo Collingsworth. "Los consumidores están frustrados si no pueden obtener más información", agregó. (FIN/IPS/tra-en/md-fah/mk/lp/lb/97
