La nueva ley de Conservación de las islas Galápagos, que está a estudio del parlamento de Ecuador, sufrió modificaciones que alteran el espíritu de la iniciativa original, denunciaron hoy organizaciones y autoridades ambientales.
El proyecto fue resultado de varios meses de investigación que encabezó una comisión permanente presidida por la ministra de Medio Ambiente Flor María Valverde "y del consenso entre diversos sectores de la sociedad, organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y autoridades", anotó la funcionaria.
El documento original fue entregado en principio al presidente Fabián Alarcón, quien hizo algunas observaciones antes de enviarlo al parlamento para su aprobación.
los legisladores retiraron del proyecto un total de 42 artículos.
Alejandro Serrano, presidente de la comisión de Asuntos Laborales y Sociales del Congreso, consideró que muchas de las propuestas retiradas "son de carácter reglamentario y deberían están en el cuerpo legal del proyecto", mientras otras "son demagógicas".
Las modificaciones a la ley especial fueron aceptadas por la mayoría de los parlamentarios y se espera que este viernes quede aprobado el documento final, indicó.
Sin embargo, para el Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del proyecto fue una experiencia inédita en el país, ya que "se tomaron en cuenta todas las opiniones, inquietudes y necesidades de la población del archipiélago, así como los parámetros técnicos para su desarrollo sustentable", según Valverde.
Además, en la elaboración de la nueva ley participaron organizaciones ambientalistas como Fundación Natura de Ecuador y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que tienen más de diez años de experiencia en las islas y estudios completos sobre su problemática.
Por lo tanto, cualquier alteración al documento original podría resultar negativa para el ecosistema de las islas y para su población que vive del turismo (85 por ciento).
Galápagos es una de las 21 provincias de Ecuador y se encuentra a 1.000 kilómetros de territorio continental. Su amplia biodiversidad es considerada por diversos especialistas como el museo viviente más importante del mundo.
Este archipiélago es el centro turístico más rentable de Ecuador, ya que 60 por ciento de los ingresos que el Estado obtiene por el turismo provienen de Galápagos.
"La nueva ley pretende armonizar el desarrollo económico de la población de Galápagos con los parámetros, técnicos y científicos de conservación ambiental", arguyó Valverde.
"Estamos conscientes de las necesidades de la población insular, pero ellos deben comprender que si su entorno se degrada de inmediato repercutirá en su economía", agregó la ministra.
El documento presentado por la comisión especial contemplaba regulaciones a las actividades pesqueras, agrícolas, industriales y comerciales, así como límites a la migración, ya que el archipiélago mantiene el índice de crecimiento poblacional más grande del país, por tener mejores salarios que en ninguna otra provincia.
David Parra, secretario de la comisión especial para Galápagos, indicó que detrás de las modificaciones a la nueva ley se encuentra la posición de poderosos sectores económicos del archipiélago, "que ven afectados sus intereses con el nuevo marco legal".
La semana pasada, dirigentes del Movimiento Insular Democrático, que agrupa a organizaciones civiles y empresariales de Galápagos, amenazaron con levantar un paro total de actividades si el parlamento aprobaba a la nueva ley.
Según Angel Arellano, representante de este movimiento, consideró que la nueva ley era una imposición, pues no recogía la opinión de los pobladores de las islas, y que "fue redactado en la capital, como una muestra más del centralismo que existe en nuestro país".( FIN/IPS/mg/dg/ip-en/97
