El Parlamento Europeo pidió hoy a la Unión Europea (UE) que "emplee todos los medios a su alcance" para impedir que la Organización Mundial del Comercio (OMC) anule la Convención de Lomé, que favorece a 70 países en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacífico.
La IV Convención de Lomé expira en febrero del año 2000 y está previsto que los países signatarios comiencen a negociar su renovación en septiembre de 1998.
La OMC confirmó en segunda instancia un fallo contrario al régimen de cuotas de la UE para la importación de banano, que otorga preferencia a la producción del Caribe. Según la OMC, ese régimen viola las normas mundiales de libre comercio.
Así mismo, los resultados y la validez de la Convención de Lomé como marco regulador en el contexto de un nuevo orden del comercio internacional fueron criticados en los últimos años, dentro y fuera de la UE.
"Los cambios en el ambiente internacional del comercio están socavando las preferencias otorgadas tradicionalmente por la UE para los países pobres", advirtió la organización no gubernamental (ONG) Solidaridad Europea para la Participación Igualitaria del Pueblo.
La ONG ostuvo que la UE, junto a Estados Unidos, "tuvo un papel central en el diseño de la Ronda Uruguay" de negociaciones multilaterales, "generalmente considerada perjudicial para los países más pobres".
La Comisión Europea reconoció que la Convención de Lomé no es compatible con el acuerdo de 1994 de Marrakech, que creó la OMC y que excluye las preferencias comerciales no recíprocas.
Un informe del Parlamento Europeo sostiene que las naciones en desarrollo fueron marginadas de la negociación final de la Ronda Uruguay y que la UE "no ejerció sus responsabilidades con respecto a esos países".
"La UE ahora debe enfrentar las consecuencias", se advirtió en el informe. También se consignó la preocupación del Parlamento Europeo ante el dictamen contrario de la OMC al régimen del banano de la UE.
La eliminación del régimen del banano tendría efectos devastadores para la economía del Caribe, que no puede competir con los productores industrializados de América Latina.
Se cree que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, anunciará en unas semanas medidas para contrarrestar los efectos de la decisión de la OMC, que no entrará en vigor antes de 1999.
Expertos en desarrollo advierten que la liberalización del comercio no disminuye la pobreza en forma automática. En muchos países del Sur, la mayor competencia excluyó a los pequeños empresarios del mercado y redujo el empleo, o hizo descender el poder adquisitivo de los trabajadores.
Quinientos representantes de la sociedad civil, el sector privado y organismos de gobierno de la UE y los países miembros de la Convención de Lomé se reunieron esta semana en Bruselas para intercambiar opiniones sobre el futuro de ese pacto.
Las conversaciones estuvieron dominadas "en gran medida" por "aspectos relativos al comercio", informó el ministro de Finanzas de Uganda, Matthew Rukikaire, al finalizar la reunión.
"La conferencia fue una síntesis de otras reuniones organizadas por la Comisión Europea", dijo Joao de Deus Pinheiro, comisario europeo para el Desarrollo, .
"Tuvimos la impresión de que existe amplio consenso en torno a la idea de que se necesita una nueva convención de Lomé", aseguró el presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, Michel Rocard.
En una declaración sobre el futuro de Lomé divulgada en la reunión, unas 900 ONG europeas expresaron su desilusión sobre el punto de vista del GREEN PAPER sobre el comercio.
"La sugerencia incluida en el GREEN PAPER de acuerdos de comercio recíproco niega el hecho de que las economías de ACP son más débiles que las de los países europeos", dijeron las ONG.
"Se debe fortalecer la asociación política" entre la UE y los países en desarrollo firmantes de la Convención de Lomé, conocidos con las siglas ACP, afirmaron 900 ONG europeas en una declaración conjunta.
Los 15 integrantes de la UE y los países ACP deben luchar en la OMC y en otros foros en defensa de la cooperación para el desarrollo, señalaron las ONG. Agregaron que la OMC "no protege los derechos sociales básicos".
La mayoría de los participantes de la conferencia expresaron el deseo de mantener al grupo actual de ACP, sin separarlo o ampliarlo a más países.
"El grupo ACP es una voz común. Si se separa, perderá su fuerza", advirtió Jacqueline Nkoyok, de la confederación de ONG de Africa central. (FIN/IPS/tra-en/ns/mk/aq-ff/dv/97
