El Banco Mundial reconoció implícitamente en una conferencia culminada hoy que se está alejando de su compromiso para proteger el ambiente y mejorar las condiciones sociales de los países deudores.
Ismail Serageldin, vicepresidente del departamento de Desarrollo Ambiental y Socialmente Sustentable, rechazó la afirmación de que las revisiones de las normas internas de la institución debilitan sus políticas ambientales y sociales.
Sin embargo, admitió que el Banco dará prioridad a las políticas que "no hagan el mal" sobre las que tienen intención de "hacer el bien", que serán incluidas en una lista de sugerencias o "prácticas buenas" que el personal puede consultar, si así lo desea.
Serageldin se dirigió a la prensa durante la quinta conferencia anual del Banco Mundial sobre Desarrollo Ambiental y Socialmente Sustentable, que comenzó el lunes 6 y terminó este sábado.
Las políticas del Banco se están redactando y ordenando nuevamente para "dejar en claro exactamente a qué nos estamos comprometiendo", ya que las viejas directivas son "sencillamente demasiado confusas", manifestó el funcionario.
Con un grado menor de confusión, la "responsabilidad aumentará", arguyó.
Pero el Banco se "aleja de la clara responsabilidad de los gerentes", que en definitiva son los responsables de los proyectos del organismo, al degradar muchas de sus obligaciones al nivel de "buenas prácticas" consultivas, advirtió David Hunter, del Centro de la Ley Ambiental Internacional, de Washington.
"Todos estamos a favor de que el personal sepa cuál es su tarea, pero el Banco sugiere que tomará con mayor seriedad las obligaciones para mitigar o contener el daño de sus proyectos que la responsabilidad de tomar medidas positivas", dijo Hunter a IPS.
"Las agencias de desarrollo deben mejorar las cosas y no conformarse con dejarlas como estaban en un principio", urgió.
El activista opinó que, mediante su lista de "buenas prácticas", el Banco "pretende devolver la capacidad de decisión a los gerentes. A algunos les irá bien, pero a muchos otros no".
El Banco lleva a cabo una profunda revisión de sus políticas desde hace más de un año, y los funcionarios que participan en el proceso discrepan sobre la forma de hacer los cambios más comprensibles al personal, afirmaron fuentes de la institución.
Por ahora, la idea consiste en sustituir las "directivas de operación", detalladas y obligatorias, por "políticas de operación", o breves declaraciones de principios.
Los nuevos "procedimientos del Banco" proporcionarán listas de requisitos para que los gerentes las cumplan mientras diseñan y controlan proyectos en el exterior. Las mismas serán paralelas a las "buenas prácticas" consultivas.
El problema, sostienen los detractores, es que muchas de las concesiones que obtuvieron del Banco quedarán enterradas en la categoría de "buenas prácticas".
Incluso los gerentes objetaron que el sistema existente del Banco para evaluar su rendimiento no los incentiva a llevar a cabo las medidas benéficas sugeridas.
Por tanto, afirman críticos y analistas, el personal no recibe instrucciones para buscar alternativas a los proyectos con uso intensivo de capital y orientación comercial, rara vez se le indica la forma de hallar dichas opciones y nunca se le recompensa si lo hace.
Grupos ambientalistas del Norte industrial y el Sur en desarrollo expresaron su temor a que el Banco reduzca su compromiso con la "administración integral de plagas", por la que insectos depredadores son utilizados para controlar a otros que comen cultivos, en favor de los pesticidas químicos.
El organismo sigue revisando su posición y programó reuniones con algunos de sus críticos para fin de este mes, pero los grupos sostienen que los funcionarios no hicieron lo suficiente para analizar sus inquietudes en el último año.
"La política actual no se compromete en forma explícita a reducir la dependencia de los productos químicos, y la participación de los productores agrícolas tampoco se concretó aún", observó Marci Ishii-Eiteman, científica de la Red de Acción contra las Plagas, de California.
Así mismo, el Banco no exige a los gerentes que consideren la administración integral de plagas "hasta que tienen que realizar una evaluación sobre el impacto ambiental" de un proyecto dado, arguyó Ishii-Eiteman, según las últimas directivas de la institución.
Con frecuencia, esas evaluaciones "no están prontas a tiempo y no se utilizan en el diseño de los proyectos ni en el proceso de toma de decisiones", señaló un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el mes pasado.
El Banco también debate qué hacer con las personas obligadas a abandonar sus hogares por la construcción de represas, puentes y plantas de energía con financiación de la institución, y con las comunidades que deben recibir a la gente desplazada.
"Luego de haber sido pionero entre los organismos donantes en materia de políticas de reubicación, en 1980, hoy el Banco se quedó atrás", afirmó Thayer Scudder, profesor de antropología del Instituto de Tecnología de California.
La política tradicional del Banco destacaba la necesidad de "mitigar el impacto de la reubicación en las comunidades receptoras. Las condiciones y servicios de las mismas deben mejorar o, al menos, no deteriorarse", agregó Scudder.
No obstante, en el último borrador de su revisión que el Banco hizo circular para recabar la opinión de expertos independientes, "se eliminó el énfasis en la mejoría y se destacaron las buenas prácticas consultivas", señaló.
Así mismo, Scudder criticó el compromiso del Banco para "reestablecer la capacidad de generación de ingresos y el nivel de vida de la comunidad desplazada", sobre la base de sondeos realizados poco antes de su traslado.
"No tengo dudas de que, aun si se reestablecen los ingresos, la gente queda en peores condiciones", aseveró Scudder, ya que el nivel de vida empeora años antes de que las personas sean desplazadas, debido a que la inversión y los servicios públicos se dirigen a otros lados. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/aq-ml/dv/97
