Los procedimientos excepcionales adoptados en Perú para combatir a la guerrilla entre 1992 y 1995 quedaron como vicios jurídicos y se convirtieron en un problema político internacional para el gobierno de Alberto Fujimori.
La Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José de Costa Rica, ordenó el 20 de septiembre al gobierno de Fujimori que pusiera en libertad a María Elena Loayza, condenada a 20 años de prisión por un tribunal antiterrorista anónimo.
El caso de Loayza toca dos temas delicados para la imagen de Fujimori ante la comunidad internacional: la existencia de tribunales constituidos por jueces anónimos y las condenas sin más pruebas que los testimonios de otros encausados.
Ambos temas son cuestionados por organizaciones humanitarias peruanas y extranjeras.
Hasta el momento, las autoridades peruanas no se han pronunciado sobre la sentencia de la Corte Interamericana, que ordena poner en libertad a una persona sentenciada por un tribunal civil, salvo un pedido de aclaración que sólo tendrá efecto dilatorio.
Francisco Soberon, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, expresó que el fallo "es definitivo e inapelable y Perú, como firmante del Acuerdo de San José, debe cumplirlo a cabalidad».
Aún se desconoce cuál será el destino inmediato de Loyza. "Fujimori probablemente trate de ignorar el fallo del Tribunal de San José", comentó la socióloga Imelda Vega, de la Universidad Católica de Lima.
Loayza, una profesora jubilada, fue detenida en febrero de 1993 como consecuencia de la acusación formulada contra ella por Angélica Torres, militante "arrepentida" de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Cuando fue presentada a la prensa, en traje a rayas y con el número 1678, Loayza rechazó ser senderista, dijo que conoció a Torres cuando fue su alumna y denunció haber sido torturada y violada por la policía.
La figura jurídica del "arrepentimiento" fue creada por el gobierno de Fujimori para debilitar a Sendero Luminoso ofreciendo reducción de penas a quienes revelaran los nombres de sus dirigentes o de otros militantes.
El manejo de este mecanismo permitió una fuerte infiltración policial en la organización guerrillera, que contribuyó a poner fin a una virtual guerra civil que dejó casi 29.000 muertos y desaparecidos, y más de 20.000 millones de dólares en pérdidas materiales.
El testimonio de uno de los arrepentidos permitió a los servicios de Inteligencia descubrir los hilos que condujeron a la captura de casi toda la Dirección Nacional de Sendero Luminoso, incluido su líder, Abimael Guzmán.
Sin embargo, según diversas fuentes, algunos de los presuntos senderistas detenidos fingían arrepentirse para acceder a los beneficios pero, para no delatar a sus jefes, acusaban a personas inocentes.
Luego de ser sentenciada, Loayza se negó a ser recluida en las celdas ocupadas por las senderistas, elevó una denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia, y después de cuatro años obtuvo una sentencia absolutoria.
En 1995 se cerró el plazo concedido por el gobierno para que los senderistas libres o en prisión se acojan a la figura del "arrepentimiento".
Otra de las medidas represivas excepcionales, la actuación de tribunales anónimos constituidos por jueces que actúan enmascarados para ocultar su identidad, también parece a punto de concluir.
El ministro de Justicia, Alfredo Quispe, anticipó la posibilidad de suprimir los tribunales anónimos, "pues, después de haber sido derrotadas militar y políticamente las dos organizaciones subversivas ya no son necesarias las leyes represivas de excepción".
El ministro recordó que dichos tribunales anónimos fueron creados para proteger a los jueces de las amenazas contra ellos y sus familiares, proferidas por Sendero Luminoso.
"Los terroristas lograron intimidar a los jueces, ninguno de ellos quería formar parte de los tribunales que los juzgaban y la desmoralización llegó al punto de que un tribunal declaró inocente, por supuesta falta de pruebas, a Abimael Guzman", dijo Quispe.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Victor Raúl Castillo, y de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta, anunciaron esta semana que los magistrados del Poder Judicial están listos para juzgar casos de terrorismo actuando con el rostro descubierto.
El presidente del Consejo Por la Paz, Francisco Diez Canseco, manifestó su conformidad con la supresión de los tribunales anónimos, pero expresó su preocupación por la necesidad de reforzar las medidas de protección de los jueces civiles.
"Los jueces sin rostro resolvieron un problema en su momento, pero en muchos casos dejaron secuelas negativas porque generaron sentencias condenatorias de inocentes, quienes se encuentran injustamente en las cárceles", dijo Diez Canseco. (FIN/IPS/al/ag/ip-hd/97)
