Dirigentes políticos, parlamentarios y delegados de organizaciones internacionales defendieron el viernes 10 en Uruguay la creación en 1988 de un Tribunal Penal Internacional para sancionar los crímenes de guerra.
Los participantes de la conferencia que finalizará este sábado pretenden poner fin a una lucha plagada de trabas burocráticas y políticas que se inició hace medio siglo.
El encuentro fue organizado por la asociación No Peace Without Justice (NPWJ), el Parlamento Latinoamericano, la Universidad para la Paz y la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) con la colaboración de la Unión Europea y el Open Society Institute.
Los organizadores pretenden que en junio de 1998, en Roma, se defina la instalación de una Corte Internacional Penal que pueda juzgar los crímenes de guerra cuando los estados no lo hagan, durante una reunión diplomática convocada a esos efectos.
En esa circunstancia es fundamental la decisión política de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, algunos de los cuales plantean objeciones, anteponiendo la soberanía de las naciones sobre una justicia supranacional.
"Se acabaron los tiempos bíblicos, estamos en la hora de los tiempos históricos", dijo Emma Bonino, comisaria de la Unión Europea para ayuda humanitaria.
En una encendida intervención que arrancó fuertes aplausos, Bonino reclamó no sólo la instalación del tribunal sino también el soporte económico para ésta, ya que recordó las dificultades que padecieron las comisiones ad hoc para los crímenes en la ex Yogoeslavia y Ruanda.
"Es más fácil hacer una declaración que firmar un cheque", ironizó Bonino, esperanzada en la creación del tribunal como resultado "del importante respaldo" que ha recogido en la sociedad civil.
Bonino recordó la necesidad de poner fin a la impunidad, en particular porque las guerras de los años 90 "tienen como blanco a los civiles".
La participantes de la conferencia se complacieron de la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Compañía Internacional contra las Minas Antipersonales y a su coordinadora Jody Williams.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Milton Cairoli, descartó la supuesta contradicción entre la soberanía de los estados y la actuación de un tribunal supranacional.
Para Cairoli los crímenes de guerra, el genocidio y otros similares son delitos contra la humanidad y en esos casos "las objetividades jurídicas trascienden los intereses individuales para pasar a convertirse en intereses de todos los ciudadanos del mundo".
Por esa razón, argumentó, "debemos dejar de lado del viejo concepto de la soberanía al estilo romano (…) para pasar a considerar el nuevo sentido que debe tener la soberanía en un mundo de integración".
Para el jurista los procesos de integración "hacen que actualmente el concepto clásico de soberanía sea dejado de lado y sustituído por otro donde se da cabida a la interdependencia entre estados. Esto apareja una cesión o delegación de parte del poder absoluto de cada uno a organismos comunitarios".
El presidente del Parlamento Latinoamericano, Juan Adolfo Singer, consideró que no puede existir contradicción entre el análisis jurídico y el político porque ambos se complementan.
El parlamentario uruguayo señaló la importancia de considerar al armamentismo a la hora de hacer un análisis sobre el objeto de la conferencia.
"Hay que parar la carrera armamentista, uno de los elementos que contribuye en gran medida a los conflictos bélicos", añadió Singer.
"En 1996 las cifras oficiales indican que se gastó un billón de dólares en armamentos, sin considerar las ventas no oficiales y mientras continúe la venta seguirán los crímenes de guerra y los genocidios", dijo.
El director de la agencia de noticias Inter Press Service, Roberto Savio, coincidió con Cairoli respecto a los argumentos que rechazan la iniciativa considerándolos como una "esquizofrenia".
Algunos de esos países son los que buscan ingresar a la Organización Mundial del Comercio en una actitud que también podría considerarse como una entrega de la soberanía.
Savio reclamó ampliar las miras teniendo en cuenta el proceso de globalización que está sufriendo el mundo, en el que se están estableciendo normas comunes, un nuevo sistema de valores internacionales en base a los cuales los pueblos pueden sentirse parte de un proceso común. (FIN/IPS/rr/dg/ip-hd/97
