Organizaciones no gubernamentales (ONG) acordaron el lunes 29 en esta capital una estrategia conjunta para hacer frente a propuestas de la ONU para la creación de un tribunal internacional permanente de justicia penal.
La reunión se produjo antes de un esfuerzo final de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por establecer este tipo de corte, tras un debate planteado desde la conclusión de los tribunales de Nuremberg que llevaron a criminales nazis ante la justicia después de la segunda guerra mundial.
A fin del año pasado, la Asamblea General de la ONU hizo un llamado a una conferencia diplomática a realizarse en Roma en 1988, antes del establecimiento de la corte.
"En estos días, en la mayoría de los conflictos violentos alrededor del mundo, los crímenes contra la humanidad y el genocicio continúan sin ser castigados", dijo el parlamentario europeo y activista de los derechos humanos Gianfranco Dell'Alba.
El borrador de trabajo sobre el tribunal otorga a la corte competencia en crímenes contra la humanidad, el crimen de agresión, el genocidio, y serias violaciones de leyes y costumbres en conflictos armados.
La corte sólo actuaría como último recurso en casos en que las cortes nacionales no estén dispuestas o no sean capaces de llevar a los acusados ante la justicia, y los países tendrían la obligación de perseguir o extraditar a los sospechosos, destacó.
Aunque hay consenso sobre el principio de creación del tribunal, hay desacuerdo entre algunos miembros de la ONU sobre su alcance y procedimientos. El debate y el trabajo preparatorio para la conferencia diplomática han sido lentos ante problemas políticos y legales.
Parte de la preocupación de algunos miembros parece ser que la corte podría resultar demasiado poderosa y restar autoridad al Consejo de Seguridad de la ONU, aunque el borrador de estatutos otorga al Consejo un papel clave para determinar las áreas de competencia de la corte.
Tras nuevas reuniones de la coalición del tribunal y la ONU, la conferencia diplomática del año próximo deberá finalizar con la instalación de la corte penal.
La próxima reunión de la coalición, que reunirá en la mesa de negociaciones a organismos latinoamericanos y de la sociedad civil en octubre en Montevideo, Uruguay, aclarará las posiciones antes de la conferencia de Roma.
Varias ONG miembros de la coalición sobre el tribunal, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, creen que la corte deberá recibir potestades adicionales a las contenidas en el borrador de estatutos, para que pueda ser un tribunal mundial efectivo.
"Lamentamos profundamente que algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU quieran mantener un derecho de veto que podría afectar la independencia del tribunal", dijo Dell'Alba.
"No queremos retrasar la creación del tribunal por este motivo y, si no está instalado en 1998, no lo estará en los años siguientes", agregó el parlamentario.
"Hay muchas maniobras para retrasar esta conferencia (diplomática), y algunos países intentan activamente evitar el establecimiento del tribunal en Roma", alertó.
Estados Unidos es partidario de prohibir investigaciones sobre crímenes en regiones en la agenda del Consejo de Seguridad sin la aprobación de este cuerpo.
La mayoría de los puntos críticos del mundo están en la agenda, mientras casi todos los países que no son miembros permanentes del Consejo se oponen a la posición de Washington, afirmando que permitiría al consejo proteger a sus miembros y aliados.
La insistencia de Estados Unidos sobre la jurisdicción del Consejo de Seguridad plantea temores a países en desarrollo, los cuales temen que Estados Unidos utilice su influencia al escoger los casos a ser tratados por el tribunal.
Los miembros permanentes del Consejo (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia), podrían utilizar el veto para limitar la jurisdicción.
Aunque no todos los países miembros de la Unión Europea (UE) están de acuerdo sobre el alcance de la autoridad de la corte, los esfuerzos por instalarla son respaldados por el bloque en su conjunto.
La Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), cuyo mandato incluye la prevención de conflictos, cree que un tribunal permanente impondría nuevas responsabilidades a la comunidad mundial para desarrollar mejores mecanismos de prevención y resolución de crisis.
"Si la corte detiene o retrasa estallidos de violencia, debemos ser capaces de contener esas crisis y facilitar su resolución pacífica", dijo a IPS el portavoz de ECHO Filippo di Robilant. (FIN/IPS/tra-en/ns/mk/lp/hd-ip/97
