La Organización de las Naciones Unidas (ONU), frustrada por la falta de colaboración del nuevo gobierno de la República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire) retirará del país africano un equipo enviado para investigar presuntas masacres de hutus ruandeses.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció este miércoles que el foro mundial "retirará el grupo investigador" enviado hace cinco semanas "para realizar consultas", hasta la aclaración final por parte del gobierno congoleño sobre qué tipo de investigaciones permitirá realizar al equipo.
El grupo de tres miembros encabezado por Atsu-Koffi Amega, de Togo, y sus colaboradores abandonarán la capital, Kinshasa, en cuanto sea posible y retornarán a Nueva York, anunció Fred Eckhard, portavoz de la ONU.
Annan tomó su decisión un día después de que el presidente de la RDC, Laurent Kabila, dijo a la prensa en Zambia que los investigadores debían abandonar el país inmediatamente y los acusó de presentar informes falsos.
"Esos investigadores elaboran sus informes desde elegantes hoteles en Kinshasa. No han ido a las áreas involucradas para probar que las masacres tuvieron lugar", afirmó Kabila.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, declaró que si los comentarios de Kabila son formalmente confirmados a funcionarios de la ONU "volverán insostenible la actual posición del grupo investigador".
Funcionarios de la ONU negaron que las declaraciones de Kabila (las cuales no pudieron confirmar) hayan incidido en el retiro del grupo. Eckhard, por su parte, destacó que el gobierno no permitió a los investigadores realizar el trabajo que se les encomendó.
Tras diversas demoras en la autorización para visitar los sitios de las supuestas masacres, Annan decidió que era hora de retirar su equipo y presionar para obtener acceso a esos lugares antes de volver a la RDC, explicó el portavoz.
La ONU mantiene su intención de verificar los informes sobre la matanza de miles de refugiados hutu de Ruanda y Burundi a manos de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo (AFDL), liderada por el entonces rebelde Kabila, cuando venció a las antiguas fuerzas armadas.
Autoridades de la RDC no permitieron que el equipo se trasladara a varios sitios de presuntas masacres, especialmente en el pueblo occidental de Mbandaka.
Kinshasa insiste que sólo autorizará el acceso al este del país, donde residen los refugiados desde 1994 y circularon por primera vez las denuncias de atrocidades, pero representantes de la ONU creen que la restricción impedirá que los investigadores visiten a muchos posibles testigos de las matanzas.
No obstante, la ONU debe actuar con cautela con el gobierno de Kinshasa, ya que el foro mundial ha sido criticado por lo poco que hizo para impedir el genocidio de casi un millón de personas en Ruanda.
Gran parte de los presuntos asesinatos que se investigan habrían tenido por víctimas a ruandeses acusados de participar en el genocidio de 1994, en especial miembros del ex ejército de Ruanda y paramilitares de Interahamwe que se refugiaron en Zaire tras el derrocamiento del anterior gobierno ruandés.
El canciller de la RDC, Bizima Karaha, sostuvo en la Asamblea General de la ONU este miércoles que los ruandeses armados nunca fueron separados de los verdaderos refugiados y que su presencia en lo que entonces era el este de Zaire causó problemas a toda la zona.
Karaha añadió que su gobierno no permitirá que la actual preocupación por la actitud de la AFDL ante los derechos humanos sea utilizada como excusa para repetir "la terrible intervención de la ONU" en el Congo en 1960.
La susceptibilidad sobre esa misión, que tuvo lugar simultáneamnete con la expulsión del popular primer ministro Patrice Lumumba y la toma del poder del dictador Mobutu Sese Seko, quien fue derrocado por Kabila en mayo y murió en Marruecos el mes pasado, sigue siendo una sombra para la obra de la ONU en el ex Zaire.
Robinson citó dicha intervención y la reacción de la ONU frente al genocidio de Ruanda como ejemplos de ocasiones "en que la comunidad internacional no demostró suficiente interés".
Por ello, "debemos tomar una decisión sobre las denuncias de masacres, pero tenemos que hacerlo en forma creíble", tomando en cuenta la fragilidad y el recelo político del gobierno de Kinshasa, señaló.
El proceso será difícil. Aunque Annan y el embajador estadounidense Bill Richardson se comunicaron en reiteradas ocasiones con Kabila y reclamaron paciencia para tratar con Kinshasa, en los últimos días ambos afirmaron que el tiempo se está acabando.
Funcionarios de la ONU creen que ya se destruyó evidencia de las masacres y grupos de derechos humanos sostienen que el organismo mundial otorgó demasiadas concesiones a Kabila.
En especial, la ONU "sentó un precedente muy peligroso" al reemplazar un equipo anterior encabezado por el abogado chileno Roberto Garretón, que había criticado abiertamente a la AFDL, por el grupo de Amega, opinó Binaifer Nowrojee, consejera de Human Rights Watch/Africa.
Annan también permitió que el equipo investigara masacres fechadas incluso en 1993, como pretendía Kabila, en vez de examinar sólo las denuncias de atrocidades vinculadas con la AFDL ocurridas a mediados de 1996. Las concesiones, sin embargo, sólo provocaron mayores exigencias de Kinshasa.
El diálogo del miércoles entre Annann y Karaha no logró que se autorizara el acceso del grupo a los sitios de las masacres.
El gobierno de Ruanda, que brindó apoyo militar clave a Kabila durante su breve guerra contra Mobutu, no permitirá que se investiguen los ataques contra las fuerzas del antiguo ejército y de la milicia Interahamwe, sin importar el resultado de las negociaciones con Kinshasa, opinaron diplomáticos de la ONU. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ml-aq/ip/97
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