COLOMBIA: Un millón de expulsados por el conflicto armado

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a las Fuerzas Armadas, a los grupos paramilitares y a las guerrillas de Colombia de violar los derechos humanos y de expulsar deliberadamente a un millón de personas del área en que residían.

AI realizó la presentación de un informe sobre los desplazados en Colombia, en un acto celebrado en la Casa de América, de Madrid.

Susan Lee, autora de la investigación, afirmó que "la solución a la violencia en Colombia no es militar, sino política". Pero, añadió, mientras llega la paz "no se puede desatender la protección de los derechos humanos".

"El conflicto armado de Colombia ha sido alimentado por potencias externas que suministran armas a protagonistas cuyo desprecio por los derechos humanos es conocido", sostuvo Lee en el informe.

Ante el pedido de identificación de esas potencias, Lee sólo mencionó a Estados Unidos, "aunque hay otros países", dijo. Washington suministra armas a las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir el narcotráfico y exige que no se destine a otros fines, pero en la práctica esa exigencia no siempre se cumple, explicó.

También señaló que "hay una convergencia de intereses para el desplazamiento de campesinos entre las fuerzas contrainsurgentes y grupos económicos de gran poder".

Miles de campesinos son desplazados como necesidad de la lucha contra las guerrillas y después las tierras son vendidas por los grupos paramilitares a los mismos grandes empresarios que financian sus acciones.

El informe asegura que un millón de personas, uno de cada 40 colombianos, viven como refugiados dentro de su propio país, "a menudo por una estrategia deliberada del ejército, de las fuerzas paramilitares o de la guerrilla, e incluso también por intereses económicos".

La principal causa del desplazamiento, según AI, es la persecución por organizaciones paramilitares (35 por ciento), la segunda (24 por ciento), por "los grupos armados de la oposición", y la tercera (siete por ciento), por las Fuerzas Armadas y la policía. En los restantes casos, el responsable no fue identificado.

Las zonas donde se producen los mayores desplazamientos de población varían de manera constante, en función de la gravedad del conflicto armado.

"Lo único constante son las víctimas: campesinos y trabajadores que viven en zonas de disputa y cuya neutralidad como civiles no reconocen las partes en conflicto", subrayó AI.

A los problemas económicos que producen los desplazamientos se suma "la estigmatización" de los expulsados, a que a menudo son tildados por autoridades de las zonas de recepción "de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla", agregó.

Lee recordó que el conflicto armado de Colombia es el más antiguo de América y uno de los más antiguos del mundo, pero la situación de los derechos humanos se deterioró de forma dramática a partir de 1987.

Desde entonces unas 30.000 personas fueron asesinadas por motivos políticos. La tortura, además, es generalizada, según AI.

El informe incluye unas recomendaciones, después de señalar que "el gobierno colombiano es responsable con arreglo a las leyes nacionales e internacionales de garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los colombianos".

La organización exigió al gobierno colombiano que ponga fin a las prácticas y técnicas de contrainsurgencia que originan desplazamientos de población, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, que cumpla sus reiteradas promesas de tomar medidas para desmantelar las organizaciones paramilitares, terminar con la impunidad de los violadores de los derechos humanos, promover la actuación de la justicia, acabar con el hostigamiento a los defensores de los derechos humanos y aplicar de inmediato las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

En cuanto a la guerrilla o grupos armados de oposición, les exige un compromiso público de respeto de las normas humanitarias internacionales y que impidan todo abuso a sus miembros.

"Es hora de que la comunidad internacional se enfrente directamente al problema de la protección de los desplazados internos en Colombia", señaló AI.

También pidió a todos los gobiernos que pongan fin a la transferencia de medios materiales y a la asistencia en la formación de fuerzas de seguridad que se utilicen para cometer o facilitar abusos. (FIN/IPS/td/ff/hd/97