Tres semanas antes de las elecciones, el gobierno de Colombia puso hoy en marcha medidas extraordinarias para prevenir mayores alteraciones del orden público por amenazas de saboteo de la guerrilla y paramilitares de derecha.
Tras un consejo extraordinario de seguridad, en el que el comandante de las Fuerzas Armadas Miguel Bonett alertó al gobierno sobre el posible aumento "del terrorísmo ante la proximidad de les elecciones" del día 26, se autorizó una partida presupuestal adicional cuyo monto no fue divulgado.
Según un comunicado de la presidencia, con los recursos aprobados "se intensificarán los operativos de inteligencia militar" y se creará una unidad móvil con 3.000 efectivos del ejército que se desplazarán a los municipios sobre los que los insurgentes están ejerciendo mayor presión a los candidatos.
El alto mando militar había indicado que afrontaba un déficit de unos 400 millones de dólares para hacer frente a la insurgencia.
Bonnet informó que los operativos de inteligencia se concentrarán hasta después de las elecciones en las zonas urbanas.
En cuanto al área rural, donde será dezplazada la nueva unidad móvil, el jefe militar indicó que los operativos serán apoyados con nuevos equipos adquiridos por el ejército.
Bonett dijo igualmente que las Fuerzas Armadas no suspenderán los operativos contra la guerrilla, que "nunca se había sentido tan presionada militarmente en tantas áreas y de manera simultánea".
El gobierno descartó en principio la declaratoria del "estado de conmoción interior" (uno de los tres niveles en que está graduado el Estado de Sitio) que le habían pedido sectores políticos y el alto mando militar para hacer frente a la ofensiva guerrillera.
Según Bonett, el estado de excepción "trae más atribuciones a la Fuerza Pública para hacer allanamientos (requisas domiciliarias) con más facilidad" y para "retener a los delincuentes o sospechosos por más tiempo eso es lo que necesitamos".
Los comicios del día 26, en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, han sido amenazados de saboteo por parte de la guerrilla y grupos paramilitares.
La guerrilla anunció que impedirá las elecciones en los municipios en los que tiene influencia (cerca de 40 por ciento) y los paramilitares haran lo mismo en los suyos.
La Registraduría del Estado Civil (autoridad electoral) confirmó este martes que 1.124 candidatos renunciaron en 122 municipios (de un total de 1.071) por presiones de los grupos armados irregulares.
El hostigamiento a las elecciones del día 26 fue condenado en septiembre por la Comunidad Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la no gubernamental Human Rigths Watch, que consideraron que con estos hechos se viola la libertad ciudadana. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
