El fallo que condena por estafa al ex ministro Rolf Lüders revive en Chile uno de los episodios más escandalosos de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90), 14 años después de la gran crisis bancaria de enero de 1983.
Lüders, un economista símbolo de los "Chicago Boys", que dirigió simultáneamente los ministerios de Hacienda y Economía entre agosto de 1982 y febrero de 1983, fue sentenciado este martes en primera instancia a cuatro años de presidio remitido (libertad vigilada) por el juez especial Rafael Huerta.
El llamado "proceso del siglo" tuvo cuatro jueces especiales en estos 14 años para investigar el escándalo que tuvo origen en la política de cambio fijo mantenida por la dictadura, que favoreció un excesivo y ambicioso endeudamiento externo de los empresarios.
El juez Huerta pidió igualmente cuatro años y medio de presidio remitido para Javier Vial, ex presidente del Banco de Chile, y también penas de libertad vigilada para otros nueve ejecutivos bancarios involucrados en el escándalo de 1983.
Lüders y Vial, vinculados en aquellos años al grupo BHC, que controlaba el Banco de Chile, montaron "empresas de papel" (ficticias) para prestar a sociedades del grupo Vial unos 500 millones de dólares.
Las operaciones ilegales quedaron al descubierto en enero de 1983, cuando en el marco de la crisis de la deuda externa, el propio Lüders debió decidir la intervención del Banco de Chile y de otras casas financieras que cayeron en insolvencia.
La dictadura de Pinochet salvó de la quiebra el sistema financiero con el aporte de fondos públicos por unos 3.000 millones de dólares, que los bancos pagaron a largo plazo, y con garantías que implicaron descuentos de la deuda original.
La solución final de la llamada "deuda subordinada" que los bancos contrajeron con el Banco Central se alcanzó sólo en 1996, bajo el actual gobierno de Eduardo Frei, y con el desacuerdo del presidente del instituto emisor, Roberto Zahler, quien renunció al cargo.
El grupo BHC fue demandaado ante la justicia en 1983 por el Consejo de Defensa del Estado, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Chile y el Patronato Nacional de la Infancia, que era accionista de esa institución.
Huerta dispuso además en su fallo que Vial, Lüders y los demás inculpados paguen al Patronato y las otras tres entidades querellantes una idemnización equivalente a 430 millones de dólares por el daño causado a su patrimonio.
Los abogados de los ejecutivos bancarios anunciaron la presentación de recursos ante la Corte de Apelaciones para que anule el fallo de Huerta y que elevarán el caso a la Corte Suprema, si su primer recurso fracasara.
La defensa de Vial y Lüders sostiene que no hubo delito de estafa y que las circunstancias que condujeron a la quiebra del grupo BHC se originaron en la crisis que afectó a toda la economía a comienzos de los años 80.
Lo cierto es que la intervención bancaria de enero de 1983 fue una réplica del "shock" de la deuda externa que irrumpió en México en agosto de 1982 y arrastró a largos años de depresión y ajuste a todas las economías latinoamericanas.
Para los chilenos, ese episodio representó un brusco despertar del triunfalismo con que la dictadura de Pinochet publicitaba los logros del modelo neoliberal impuesto al país desde 1976, tres años después del cruento derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende.
Los discípulos de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago que dirigieron la política económica en Chile congelaron el tipo de cambio a fines de la década de los 70 en la relación de 39 pesos por dólar.
Con este mecanismo, para los empresarios chilenos resultó ventajoso recurrir al abundante crédito ofrecido por la banca internacional, que tenían la intermediación del sistema financiero local.
Pinochet liberalizó en 1975 el ingreso de capitales foráneos con el decreto-ley 600, que entró en contradicción con las normas de tratamiento a las inversiones externas del Pacto Andino y causó el retiro de Chile de ese acuerdo subregional.
El grupo BHC, conocido también como "Los Pirañas", ganó poder en el espectro empresarial con una expansión basada en la capitalización de sus sociedades mediante los fondos externos que éstas recibían a través de las "empresas de papel".
En medios políticos y financieros se comentó este miércoles que aún se deberá esperar al menos un año para que el proceso contra Lüders y Vial llegue a su desenlace, que sin duda tendrá como escenario la Corte Suprema.
Los dos principales acusados y sus socios son enjuiciados por infracciones a la Ley General de Bancos y a otras normas financieras, pero en el proceso no se investigan irregularidades administrativas.
En los acuerdos políticos para la restauración de la democracia, uno de los puntos negociados fue precisamente la prohibición de que el gobierno y el parlamento a instalarse fiscalizaran actos administrativos del régimen de Pinochet. (FIN/IPS/ggr/ff/ip-if/97
