La libertad de prensa está amenazada en Brasil, aseguran a través de sus medios de comunicación las asociaciones de diarios, revistas y emisoras de radio y televisión, ante un proyecto de ley radicado en la Cámara de Diputados.
Los medios argumentan que la nueva legislación estimularía la "industria de indemnizaciones" y podría provocar "la quiebra de las empresas y la autocensura en las redacciones", al no fijar límites para el resarcimiento por los daños morales y materiales que puede causar una noticia.
Presentado en 1991, el proyecto fue aprobado en el Senado en 1992, pero su texto sufrió muchas modificaciones. La Cámara de Diputados podría tomar su decisión en las próximas semanas, si la iniciativa supera los crecientes escollos a su aprobación.
La Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) no comparte el bombardeo de los medios contra el proyecto. "Tiene muchos puntos positivos" y es necesario sustituir la ley vigente, que fue impuesta por el régimen militar en 1967, dijo el presidente de la FENAJ, Américo Antunes.
Hay periodistas condenados a prisión y multas por esa ley "autoritaria", que permite la censura previa y protege a las autoridades de críticas en la prensa, advirtió Antunes.
En seis años de discusiones sobre la nueva ley hubo "muchos avances" y se negociaron cambios en los puntos negativos, señaló a IPS el vicepresidente de FENAJ, Carlos Alberto de Almeida, sorprendido por la declaración de guerra de las asociaciones empresariales contra el proyecto.
La propuesta en discusión "agiliza el derecho de respuesta, estableciendo un plazo máximo de seis días para su trámite y difusión", destacó Almeida.
También exige la "pluralidad de versiones", o sea, que deben ser oídas todos las partes involucradas en una noticia impugnada, y aleja la posibilidad de prisión de periodistas, agregó.
Las tres asociaciones que representan a los propietarios de diarios, revistas, radios y emisoras de televisión consideran que la pena de prisión seguiría vigente, alimentando la autocensura.
Pero esa pena solo sería aplicable, según el proyecto, si el periodista se negase a cumplir la sanción alternativa, consistente en la prestación de servicios no remunerados a la comunidad, aclaró Almeida.
Los dirigentes de la FENAJ reconocen tres problemas en la propuesta en debate: en primer lugar, las indemnizaciones sin límite, cuyo valor "solo dependerá del juez". Luego, la multa de hasta 100.000 reales (90.000 dólares) que puede ser impuesta a los periodistas y, por último, la posibilidad de requisa de diarios y de suspensión de programas de radio y televisión.
"Con el sueldo de 600 reales (540 dólares) que ganan muchos periodistas, ni en toda la vida podrían pagar" la multa a que podrían ser condenados en caso de difundir una información incorrecta e injuriosa, observó Almeida.
El temor a la "industria de indemnizaciones" aumentó este año, debido a un fallo judicial que condenó al semanario Debate, de Río Preto, ciudad mediana a 450 kilómetros de Sao Paulo, a pagar el equivalente a 315.000 dólares a un fiscal y un juez que se consideraron calumniados.
Debate factura sólo unos 7.000 dólares al mes y su propietario se arruinará si no logra triunfar en la instancia de apelación.
La FENAJ reclama otras disposiciones para la democratización de las comunicaciones, para limitar monopolios y oligopolios en el sector y asegurar derechos del periodista, añadió Almeida.
Entre esos derechos a asegurarse estaría la "libertad de conciencia", que permite al periodista, por ejemplo, eliminar su firma, sin riesgo de sufrir represalias, en una nota cuyo texto final incluyera modificaciones contrarias a su pensamiento, aclaró.
El proyecto de ley, que respondería a nuevos principios definidos en la Constitución Nacional de 1988, provocó divisiones tanto entre las empresas de comunicación, como en los partidos políticos.
El diputado Miro Teixeira, también periodista, encabeza un movimiento contra cualquier ley específica para los medios de comunicación. "Es un residuo autoritario" e innecesario, porque el actual Código Penal cumple su papel, afirmó Teixeira, del Partido Democrático Laborista
No hay consenso entre los parlamentarios de cada partido y tampoco entre los medios de comunicación, cuya mayoria considera necesaria la ley, aunque sólo una vez corregidas las disposiciones que ponen en riesgo las empresas.
"Hace falta una ley para democratizar y fijar límites a un periodismo que se hizo muy arrogante en Brasil", opinó Luiz Gonzaga Motta, secretario de Comunicación Social de la gobernación de Brasilia. (FIN/IPS/mo/ff/cr/97
