El anuncio de los organismos financieros multilaterales de que condicionarán créditos a la aplicación de medidas de combate a la corrupción, particularmente elevada en América Latina, fue considerado tardío por sectores sociales y políticos de esta región.
Los críticos sostiene que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) carecen de legitimidad "moral" para ejercer ese tipo de fiscalización, ya que ambos han impulsado políticas económicas "neoliberales" generadoras, entre otros males, de prácticas corruptas.
En su última Asamblea Anual, celebrada la última semana de septiembre en Hong Kong, el FMI y el Banco Mundial ratificaron que implementarán políticas para combatir la corrupción, que pueden llegar hasta la suspensión de créditos a países que la practiquen de manera sistemática.
Kenia ya ha probado esa nueva actitud de los organismos financieros al haberse anunciado que se le suspenderá el desembolso de créditos.
En América Latina, están "en capilla" Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
Un informe difundido a fines de julio por la no gubernamental Transparencia Internacional coloca a Venezuela, Argentina y Brasil (en ese orden) entre los países del mundo con mayor corrupción aparente, según un Indice de Percepción ideado por medio de consultas a empresarios, analistas y público.
"No hay corrupción sin iniciativa privada. A los países en desarrollo (el FMI y el Banco Mundial) les dijeron primero que el neoliberalismo traía prosperidad y ahora les afirman que las reformas liberales no pueden dar resultado por culpa de la corrupción", señaló por ejemplo el analista peruano Mirko Lauer.
Organizaciones de izquierda, como grupos integrantes de la coalición Frente Amplio de Uruguay y dirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil, resaltaron a su vez que en los años 70 y 80 el FMI y el Banco Mundial se destacaron por haber apoyado a dictaduras militares conocidas por su alto nivel de corrupción.
También indicaron que las prácticas de corrupción, que ahora "no son funcionales al sistema", fueron "prohijadas por el propio sistema, basado en el apoyo al gran capital financiero y a sus personeros en el plano nacional", según dijo Hugo Cores, dirigente del Frente Amplio.
Organizaciones ambientalistas criticaron por su lado que el Banco Mundial haya financiado en América del Sur grandes proyectos de infraestructura como las represas argentino-paraguaya de Yacyretá y brasileño-paraguaya de Itaipú.
La primera fue calificada por el propio presidente argentino Carlos Menem como "monumento a la corrupción", colocado en la lista de países "a observar".
En relación a Itaipú, la prensa paraguaya acusó a una empresa del presidente Juan Carlos Wasmosy de apropiarse ilegalmente de 29 millones de dólares pertenecientes a las arcas estatales de Brasil y Paraguay.
"Los niveles de corrupción son siempre menores con el libre mercado", indicó en la Conferencia de Lima el funcionario del FMI Vito Tanzi.
Lauer afirmó por su lado que América Latina vive a la hora del libre mercado hace ya mucho tiempo.
"Nunca como el mundo actual, cuando hay un solo sistema que domina en el planeta, la corrupción ha llegado tan alto", indicó recientemente en la publicación francesa Le Monde Diplomatique el analista Claude Jullien, citando casos "ejemplares" tanto en países en desarrollo como industrializados.
En su informe, Transparencia Internacional, organización que opera en decenas de países, señaló que grandes trasnacionales europeas y estadounidenses recurren habitualmente a sobornos para obtener contratos en países del Sur.
El FMI y el Banco Mundial anunciaron su intención de combatir "por igual a corruptos como a corruptores", según dijo James Wolfensohn, presidente del segundo organismo.
"Está bien que se intente poner fin a la mala praxis y que se procure evitar que fondos destinados a un proyecto terminen en manos no adecuadas, pero la corrupción es mucho más que esos asuntos y tiene que ver con el funcionamiento de un sistema", señaló la sección uruguaya del grupo Amigos de la Tierra.
Lo cierto es que en los últimos años, en numerosos países de América Latina la corrupción se ha hecho más visible.
Dos presidentes fueron destituidos acusados de uso ilegal de fondos públicos (el brasileño Fernando Collor de Mello y el ecuatoriano Abdalá Bucaram) y otros dos fueron juzgados por delitos de ese tipo (el venezolano Carlos Andrés Pérez y el peruano Alan García).
A su vez, sospechas de corrupción han merodeado y merodean sobre los equipos de gobierno de Menem, Wasmosy y su par colombiano Ernesto Samper, así como sobre el del presidente peruano Alberto Fujimori.
En Argentina, la alianza opositora constituida por el centroizquierdista Frente País Solidario y la más moderada Unión Cívica Radical tiene como uno de sus ejes centrales la moralización de la vida política y social ante las prácticas del gobirerno de Menem.
Y de acuerdo a varios sondeos de opinión, esos postulados le podrían dar una fuerte ventaja en las elecciones legislativas que se celebrarán a fines de octubre. (FIN/IPS/dg/ip-if/97