POBLACION: Indígenas piden integración amazónica sin atropellos

Integración sí, pero sin atropellos a los derechos y tierras indígenas, reclaman los pueblos autóctonos de la región fronteriza entre Brasil, Venezuela y Guyana.

Las carreteras, líneas de transmisión eléctrica y otros proyectos que cruzan las fronteras sólo deben realizarse tras estudiar sus impactos ambientales y sociales, concluyó el primer seminario que reunió líderes indígenas de los tres países en Boa Vista, extremo norte de Brasil.

Los 80 representantes de Brasil, Venezuela y Guyana reclaman además la demarcación definitiva de los territorios indígenas y la retirada de los invasores, en una carta que dirigirán a los presidentes de los tres países.

La reunión, promovida por el Consejo Indígena de Roraima (CIR), de Brasil, el Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) y la Asociación de los Pueblos Amerindios de Guyana (APA), selló la decisión de integrar la defensa de los 35.000 indígenas que viven cerca de la frontera en los tres lados.

"Estamos buscando un nuevo modelo de desarrollo para la región", en respuesta a la globalización que, por ejemplo, está atrayendo mineros y empresas madereras asiáticas al Amazonia, explicó José Macuxi, vicecoordinador del CIR.

Los encuentros, para intercambio de informaciones y evaluación conjunta, serán anuales. El próximo año, entre julio y agosto, tendrá lugar el segundo, "ya con cinco países", añadiéndose la participación de Suriname y Guyana Francesa, que también enfrentan problemas similares, anunció Macuxi.

La urgencia en medidas defensivas es dictada por la pavimentación de la carretera que une Manaos, capital del estado brasileño del Amazonas, a Caracas, y la línea de transmisión de que llevará energía de la central hidroeléctrica venezolana de Guri al norte de Brasil.

La carretera, de 1.600 kilómetros, abre una vía de transporte entre el corazón del Amazonia y el Caribe, impulsando actividades económicas y la migración en la región, agravando así las amenazas sobre los pueblos indígenas locales.

Su construcción en los años 70 provocó el exterminio casi total del grupo Waimiri-Atroari, al cruzar su territorio, llevando enfermedades mortales para los indígenas y una ola de asesinatos, recordó Jerónimo Pereira da Silva, coordinador del CIR.

Faltan unos 200 kilómetros por asfaltar en el estado de Roraima, que tiene frontera con Venezuela. Pero la pavimentación se hace con conflictos.

El año pasado los Waimiri sobrevivientes expulsaron a los ingenieros militares que dirigían la obra y sólo permitieron su reanudación tras un acuerdo, por el cual el gobierno brasileño les pagó una indemnización de tres millones de dólares.

Hace dos meses indígenas macuxis bloquearon la misma carretera por varios días, para exigir que las autoridades retiraran "garimpeiros" (mineros informales) que invadieron sus tierras.

Aún quedan invasores en otras áreas e incluso un poblado ilegalmente convertido en municipio.

El fin de esas violaciones contra sus territorios constituye un reclamo central de los indígenas de los tres países. Para eso es necesaria la demarcación efectiva de las áreas reservadas.

Se oponen también a que sus tierras sean cruzadas por la línea de transmisión desde Guri, para abastecer el estado de Roraima a 685 kilómetros, según el acuerdo firmado por los gobiernos de Venezuela y Brasil en abril.

"El gobierno venezolano tiene que considerar la existencia de pueblos indígenas antes de hacer planes de desarrollo en nuestras tierras", criticó José Poyo, presidente de CONIVE.

La línea de transmisión pasa en su mayor parte por tierras indígenas en Venezuela, incluso el Parque Nacional de Canaima, declarado Patrimonio Global por Naciones Unidas. En Brasil cruza tres áreas indígenas.

En Guyana la preocupación se centra en las pretendidas mejoras en cerca de 450 kilómetros entre Georgetown y Boa Vista, capital de Roraima. APA reclama una solución para los problemas pendientes de tierras, antes del inicio de las obras.

Las indefiniciones están favoreciendo concesiones de tierras en grandes extensiones a madereras internacionales, sin consulta o información a los pueblos indígenas, denunció David James, presidente de APA.

"Permitir la minería y la extracción sin control de madera no beneficia ni a Guyana ni al mundo, pero amenaza la sobrevivencia de los amerindios, con la violación de sus derechos y la destrucción del medio ambiente", afirmó.

Los planes de desarrollo e integración física ya incrementaron la migración hacia la región fronteriza, tanto de personas como de empresas, según Macuxi.

Mucha gente del Noreste, región más pobre de Brasil, migra ahora hacia Roraima, porque el Sur ya no ofrece empleos. "Hay que buscar alternativas", sostuvo. (FIN/IPS/mo/jc/PR/97