Los campesinos productores de coca del Chapare, en el centro de Bolivia, iniciaron el martes el proceso de erradicación voluntaria de sus cultivos para evitar la descertificación de Estados Unidos.
La destrucción de los cultivos de coca, acordada este lunes por Bolivia y Estados Unidos, se realizará a forma acelerada debido al apremio del gobierno de Hugo Banzer por lograr una reducción de 7.000 hectáreas antes del 31 de diciembre.
Hasta ahora, fueron erradicadas unas 4.000 hectáreas, por lo que a partir de este martes los campesinos deberán destruir un promedio de 30 hectáreas diarias, con una compensación de 2.000 dólares por hectárea y 500 dólares adicionales destinados a apoyar cultivos alternativos.
Además de esa compensación, contemplada en las leyes bolivianas, el gobierno ofrecerá apoyo para cultivar banano, ejecutar campañas fitosanitarias y e instalar plantas procesadoras de frutas en la región del Chapare.
"El diálogo gobierno-cocaleros ha rendido sus frutos. El camino de la erradicación voluntaria se llevará adelante en el marco de las propuestas y la demanda del país", aseguró este martes el ministro de Gobierno (Interior), Guido Náyar.
El ministro advirtió que esta vez el gobierno no permitirá que los campesinos, mientras erradiquen coca en un lugar y reciban una compensación económica, simultáneamente planten nuevos cultivos de coca en otras parcelas, como ocurría hasta ahora.
El acuerdo ha sido calificado por el gobierno y los campesinos cocaleros como histórico, porque aleja, al menos por este año, el fantasma de la violencia que podría desatar el cumplimiento de la meta de erradicación para evitar la descertificación de Estados Unidos.
Así lo confirmó el presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, Oswaldo Antezana, quien descartó el uso de la violencia en la sustitución de cocales.
Antezana adelantó que esta misma política de concertación con los campesinos cultivadores de coca será aplicada para la erradicación durante los próximos cinco años del gobierno de Banzer.
En tanto, el cocalero Rolando Vargas, dirigente de una de las federaciones sindicales del Chapare, advirtió que la erradicación voluntaria avanzará en forma paralela al cumplimiento de los compromisos gubernamentales, que también incluyen la conformación de un fondo de emergencia para los cocaleros.
"Nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos anteriores. Si esta vez se demuestra ese cumplimiento, no habrá más violencia en el Chapare", afirmó.
Esos acuerdos se refieren a mayores esfuerzos gubernamentales para impulsar proyectos de cultivos y oportunidades económicas alternativas en la región del Chapare, que sustituyan con los mismos márgentes de beneficios la economía de la coca.
Banzer, quien asumió la Presidencia el 6 de agosto, prometió erradicar hasta la última plantación ilegal de coca durante sus cinco años de gobierno, lo que generó protestas de los campesinos, que temen enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares.
Los campesinos aceptaron este año la erradicación voluntaria, pero la eliminación total de sus cultivos significaría también el fin de sus privilegiados ingresos por la venta de coca destinada al narcotráfico, entre dos y tres veces superiores al promedio obtenido por los campesinos dedicados a cultivos tradicionales.
Bolivia, con alrededor de 50.000 hectáreas de cultivos de coca, Bolivia es el segundo productor mundial, después de Perú, y segundo productor mundial de cocaína, después de Colombia.
Unas 15.000 hectáreas de coca están en la región de Los Yungas, a 100 kilómetros de La Paz. De de éstas, 12.000 se destinan al consumo medicinal y tradicional y son consideradas legales.
Pero ante el crecimiento de nuevos cultivos en esa región, los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos sospechan que parte de esa producción podría destinarse al narcotráfico.
Las restantes 35.000 hectáreas se encuentran en el Chapare y son ilegales. Casi toda la producción se destina a la fabricación de cocaína, que se realiza en la misma zona, que por su extensión y características tropicales es la preferida por los narcotraficantes para el procesamiento de la droga. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/97
