Perú dejó de ser el primer productor mundial de coca, insumo básico de la cocaína, y ocupa ahora el tercer lugar, después de Colombia y Bolivia, según expertos no gubernamentales.
Voceros oficiales de los ministerios del Interior y de Salud de Perú no manejan las mismas cifras que los especialistas independientes, pero admiten la actual tendencia declinante de la producción de coca en este país.
La batalla contra las drogas tiene en las selvas peruanas, colombianas y bolivianas uno de sus escenarios más importantes, pues de allí procede la totalidad de la cocaína que se consume en el mundo.
En los tres países productores se combate su cultivo con resultados diversos y en marcos sociales y políticos diferentes.
La caída de Perú en la escala de producción de la coca es resultado de un conjunto de factores locales, que se suman al impacto de la crisis internacional de precios de la cocaína, a su vez generada por la sobreoferta del producto y por cambios en los hábitos mundiales de consumo de la droga.
Hugo Cabieses y Raul Serrano, especialistas vinculados a organizaciones no gubernamentales, sostienen que en Colombia hay actualmente entre 80.000 y 100.000 hectáreas sembradas con el arbusto que produce las hojas de coca, en Bolivia se calculan 56.000 y en Perú hay menos de 50.000.
Por su parte, los ministerios del Interior y de Salud afirman que en las selvas peruanas hay actualmente 76.000 hectáreas destinadas a la producción ilegal de coca admiten que no están todas en producción, pero no se animan a emitir un estimado global distinto al obtenido por aerofotografía en 1996.
El ministro de Salud, Marino Costa, presidente de la Comisión Antidrogras de Perú, precisa que hay 18.900 hectáreas sembradas legalmente de coca, bajo supervision del ente oficial que maneja la producción para fines industriales, medicinales y de consumo indígena tradicional.
"Los ministerios manejan cifras que no están actualizadas por la percepción en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en las áreas cocaleras de Perú", afirma Cabieses, consultor internacional en el tema.
"Es cierto que el área sembrada ilícitamente es mayor a 70.000 hectáreas pero, como consecuencia de la caída de precios locales, parte de esa extensión está virtualmente abandonada y se cosecha en menos de 50.000", sostiene.
A fines de 1994 el kilo de hoja de coca era pagado en las plantaciones a tres dólares y ahora es difícil encontrar comprador a 0,80 centavos, según diversas fuentes.
"La caída de la rentabilidad produjo dos resultados: el abandono parcial de los sembríos ya efectuados y la producción artesanal de pasta básica de cocaína por los mismos campesinos", comenta Cabieses.
"Produciendo ellos mismos la pasta básica pudieron soportar mejor la crisis, pero hay otro problema que no pueden resolver: la modificación de los hábitos de consumo en Estados Unidos, en donde la cocaína ha bajado y suben la heroína, las nuevas drogas químicas e inclusive la marihuana", indicó.
Serrano, experto de CEDRO, organización no gubernamental dedicada al combate de la drogadicción en Perú, señala que "la produción artesanal e individual de pasta básica por los propios cultivadores de coca origina un desarrollo diferente al de la industria de la droga en Colombia y Bolivia".
En esos dos países las grandes bandas de traficantes no sólo tienen conexión directa con el mercado internacional sino que participan en la producción de la coca, directamente o a través de campesinos dependientes de su organización.
"La estructura de consorcios de la industria de la droga en Colombia y Bolivia les permite contar con mayores reservas financieras y todo el aparato productor, del que forman parte los campesinos sembradores de coca, puede soportar los años de malos precios y esperar que el mercado se recupere", dice Serrano.
La caída de la producción de coca en Perú obedece también a la emigración de los campesinos hostilizados o expulsados por la represión policial de la zona tradicional, el valle del Huallaga, llamado antes "cocalandia", en busca de nuevas zonas, más seguras, agrega.
"Surgen y se amplían nuevas áreas cocaleras en el río Apurimac, cerca de Cusco. Algunos de los sembradores de coca en esa zona son procedentes del Huallaga o de la región del río Ucayali pero también hay nuevos colonos, procedentes de la sierra", expresa.
Serrano apunta que la caída de los precios desalienta a los antiguos productores, que conocieron épocas mejores en las aldeas del Huallaga, pero no a los indígenas de la región andina, para quienes es fabuloso recibir 0,80 dólares por kilo de hojas de un arbusto que sólo hay que sembrar y esperar que crezca.
"La extrema miseria de los campesinos peruanos, tanto los de la sierra como de los colonos de la selva, es el principal ingrediente social en la expansión de los cultivos para el narcotráfico", observa el experto.
"No se logrará una erradicación completa y permanente si no se derrota antes a la pobreza extrema", concluye.
El ministro de Salud responde indirectamente a las observaciones de Serrano destacando que los proyectos de erradicación de los sembríos ilegales no se basan exclusivamente en la represión y destrucción de cultivos sino "sobre todo" en los programas de desarollo alternativo en la selva.
"El objetivo de esos programas es reemplazar la economía informal de la coca por una economía basada en otros productos de mercado. Mediante ayuda a los cultivos alternativos aspiramos a reducir 50 por ciento la superficie sembrada de coca en cinco años y erradicarla completamente en 10", indica Costa.
Para el período 1997-2002 el gobierno espera financiar el Plan Nacional de Contradrogas con mil millones de dólares, "la mitad de los cuales deberá ser aportado por la cooperación internacional y el resto por el Tesoro Público".
Roger Rumrill, consultor y periodista especializado en el tema de la coca, es escéptico al respecto y afirma que "el denominado desarrollo alternativo es una ilusión, una promesa incumplida. Sus resultados son hasta ahora muy pobres".
"Los programas de desarrollo alternativo fracasarán porque no incluyen participación campesina en los niveles de decisión y porque el gobierno los quiere poner en práctica en el marco de una política neoliberal, que abandona a los campesinos a su suerte", vaticina Rumrill. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
