Mientras las madres de "desaparecidos" reiteran sus intentos de que el gobierno uruguayo atienda sus reclamos de verdad, los hijos de esas víctimas de la dictadura militar comienzan a dar pasos para organizarse.
La Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos en Uruguay presentó este martes al Ejecutivo un recurso para que responda a un petitorio que le elevó el 16 de abril pasado para conocer el paradero de los ciudadanos secuestrados y presuntamente asesinados por la dictadura (1973-1985).
Unas 50.000 personas respaldaron el petitorio de los familiares estampando su firma en una papeleta.
El gobierno disponía de un plazo de 150 días, que venció el 13 de este mes, para pronunciarse explícitamente o simplemente dejarlo transcurrir sin responder, que fue la opción que eligió.
Paralelamente, el Estado uruguayo fue conovocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos el 6 de octubre para que explique por qué no investigó el destino de los desaparecidos, como lo obliga una ley de "punto final" dictada en 1986.
Esa ley, ratificada en plebiscito tres años más tarde, dispuso dejar sin castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos, entre ellas la "desaparición" y probable ejecución de unos 160 uruguayos (más de 30 en el país y 133 en el exterior, sobre todo en Argentina).
Al igual que en países vecinos, periódicamente resurgen en Uruguay reclamos de asociaciones humanitarias y sociales y de partidos de diverso color político para que el Estado averigüe el paradero de los desaparecidos y revele la verdad sobre lo ocurrido.
El gobierno se niega a hacerlo aduciendo que "se reavivarían los fantasmas y los enfrentamientos de un pasado ya saldado", según dijo el presidente Julio María Sanguinetti.
El Ejecutivo rechazó incluso la propuesta de un alto integrante del clero de que la Iglesia mediara para que los militares revelaran "en el secreto de la confesión" dónde habían enterrado a los desaparecidos.
En Uruguay, hasta ahora el protagonismo principal en el reclamo por los desaparecidos había sido asumido por una agrupación de madres.
Recientemente, veinteañeros hijos de militantes secuestrados durante los años de plomo de los setenta comenzaron a reunirse, siguiendo el ejemplo de Hijos por la Identidad y la Justicia y contra el Olvido y el Silencio, que en Argentina concentra actualmente a miles de jóvenes.
Reconstruir la historia, recuperar la identidad, "hablar" tras años de silencio y reclamar al menos saber la verdad (al haber la ley clausurado la posibilidad de lograr justicia) son los objetivos de estos muchachos que cuando sus padres desaparecieron no superaban en general los cinco años.
Muchos de ellos crecieron sin saber la historia de sus padres, porque su familia se los ocultaba.
"Me contaban que mi padre había desaparecido medio en secretillo y yo no entendía qué significaba la palabra 'desaparecido. Pensaba que mi padre se había ido", comentó Beatriz López, hija de un secuestrado.
"Empecé a darme cuenta del trasfondo político que tenía con el advenimiento de la democracia, en 1985. Creo que recién 15 años después de lo sucedido tuve real conciencia de lo que había pasado con mi viejo", agregó.
Todos los jóvenes hijos de desaparecidos que comenzaron a reunirse desde hace un año en el marco de Hijos protestan contra quienes los acusan de "estar siempre mirando hacia el pasado", de tener "ojos en la nuca" y de "no darse cuenta que el país debe encarar el futuro".
"Si tuviéramos ojos en la nuca hubiéramos salido a matar militares, pero no fue así. Respetamos el voto que refrendó la ley que consagró la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, pero tenemos derecho a saber qué pasó", dice a IPS Elsa Villaflor, cuyos padres fueron secuestrados en Buenos Aires.
"Las Madres reclamaron la verdad, ahora lo hacemos nosotros y lo seguirán haciendo nuestros hijos si el tema continúa como hasta ahora", señala Elsa.
Los integrantes de Hijos se niegan por otra parte a "despertar el sentimiento de compasión", según clama Beatriz López.
"Tenemos el derecho de todo ser humano de saber qué pasó con sus seres queridos, dónde y cuándo murieron, y enterrarlos. Es un derecho humano básico y ninguna ley puede negarlo", agrega.
"Reclamamos por nuestros viejos, que alguien se haga responsable de sus muertes, pero no queremos que se nos trate de extraterrestres", porque en definitiva el problema de la represión política y de lo sucedido en la época de la dictadura concierne a toda la sociedad, observa Elsa.
Muchos fueron los jóvenes uruguayos que se enteraron de que en su país también había habido desapariciones políticas recién en 1996, cuando una marcha "por la verdad" convocada por decenas de organizaciones sociales reunió a 50.000 personas en las calles de Montevideo.
Era la primera movilización masiva por los derechos humanos desde la derrota de la propuesta de derogar la ley de amnistía a los militares en el plebiscito de 1989.
Del tema no se habló durante años y aun hoy cuesta resucitarlo, "pero hay que hacerlo para que se salden cuentas pendientes de la historia", reclamó el sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre, del Servicio Paz y Justicia.
"Si será fuerte la palabra desaparecido que la maestra de mi hija me llamó para decirme que le explicara a mi hija que no le podía decir 'eso' a los niños porque no entienden y les hace mal", señaló a IPS Daniela Neves, nuera de secuestrados.
Estos jóvenes consideran una eventual reconciliación entre víctimas y victimarios al menos poco probable.
"Para que la haya primero debe haber arrepentimiento y todos los altos jefes militares coinciden en reivindicar su accionar durante la dictadura. Debemos conocer la verdad y después cada uno verá si puede perdonar", concluye Elsa Villaflor. (FIN/IPS/dg/jc/hd-ip/97
