Un lunes de mañana, un policía llamado Eugene golpeó a la puerta de André Bimenyimana, un ex consejal de la municipalidad ruandesa de Mutunda, cerca de la frontera con Burundi.
"Llamó a mi esposo y le pidió que saliera. Eran más o menos las 8.30 a.m. Mi esposo le preguntó adónde irían, y el policía le respondió que sólo saliera y no hiciera preguntas", recordó Xaverine Mukamudenge.
"Mi hija mayor, Agnes Mukeshimana, se aferró a su cinturón diciendo que quería ir con él, pero mi esposo la alejó con fuerza y se fue con el policía. No volvimos a verlo con vida", lamentó.
"Antes de que Eugene llegara, había visto al alcalde a través de la ventana. Estaba caminando por el patio, donde también estaba estacionado su vehículo", relató Mukamudenge.
Su esposo, quien era amigo de Antoine Sibomana, el ex alcalde de Mbazi, Butare, nunca volvió. Luego supo de su muerte a través de un amigo, Janathas Sizibera, quien lo enterró.
En el informe "Enterrando la verdad en nombre de los derechos humanos", publicado el viernes, Africa Rights, con sede en Londres, ofrece el testimonio de 63 personas, incluso milicianos que colaboraron con Sibomana durante el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, en que murieron hasta un millón de tutsis y hutus moderados.
Los testigos acusan al alcalde de utilizar su autoridad y los recursos humanos y financieros de la administración local para planear y perpetrar el genocidio de tutsis de Mbazi.
Sibomana fue detenido el 10 de septiembre de 1994 bajo cargos de participación en el genocidio cometido por extremistas hutus. Actualmente aguarda sentencia en Karubanda, la prisión central de Butare.
Unos 4.250 cadáveres fueron desenterrados de una fosa en la localidad. El propio Sibomana admitió, luego de una entrevista con Africa Rights, que ordenó a dos hombres enterrarlos allí, según Rakiya Omaar, codirectora de Africa Rights.
"Estos restos humanos son prueba de una masacre de brutalidad inconcebible, y, junto con los innumerables cuerpos descubiertos en la comuna en pozos, letrinas y arroyos, no dejan dudas sobre las acciones de Sibomana durante el genocidio", destacó Omaar.
Sin embargo, en nombre de los "derechos humanos" se ha argumentado que el alcalde debe ser liberado, señaló.
Una de las voces que se alzaron en favor de la liberación de Sibomana es la de la activista ruandesa de los derechos humanos Monique Mujawamariya, miembro fundadora y vicepresidenta de la Asociación Ruandesa para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Civiles.
Mujawamariya considera innecesario el encarcelamiento del ex alcalde, dado que "probó que no tiene intenciones de escapar".
Otra influyente organización que pide su liberación es Human Rights Watch/Africa, la cual señaló que "es ampliamente reconocido el esfuerzo de Sibomana por intentar limitar el genocidio en Mbazi… El protegió a muchos tutsis, así como a los hijos de la activista Monique Mujawamariya".
"En ausencia de acusaciones formales o pruebas, Human Rights Watch solicita la liberación inmediata del ex alcalde como prisionero de conciencia, detenido únicamente por ejercer sus derechos humanos fundamentales", agregó la organización.
No obstante, Africa Rights sostuvo que ni un solo testigo o sobreviviente de Mbazi o las localidades cercanas declaró a favor de la inocencia de Sibomana.
Para definir la situación, Africa Rights llamó a un amplio debate sobre las políticas y prácticas de las organizaciones de derechos humanos que informan sobre Ruanda.
"En la Ruanda pos-genocidio, el activismo por los derechos humanos ha sido a menudo un instrumento para negar justicia", afirmó la organización.
Advirtió además que la verdad sobre los crímenes podría estar enterrada bajo un manto de preocupación indiscriminada por el bienestar de los detenidos, en particular de los más instruidos, como Sibomana. (FIN/IPS/tra-en/mn/pm/ml/hd/97
