La muerte de Mario Murphy, ejecutado la noche de este miércoles en Estados Unidos a través de una inyección letal, generó protestas en México, su país de origen, donde la cancillería anunció que envió una carta formal de queja a Washington.
El caso de Murphy, sentenciado por el asesinato de un cocinero en el estado de Virginia, es una muestra más de las injusticias y de las violaciones de la Convención de Viena sobre temas consulares que priman en Estados Unidos, señalaron funcionarios de la cancillería.
Las autoridades sostienen que ninguno los 35 mexicanos que permanecen en cárceles de Estados Unidos en espera de ser ejecutados recibió asesoramiento consular al momento de su detención y durante el juicio, como lo dispone la Convención de Viena.
La ejecución de Murphy en el país vecino, la segunda de un mexicano en los últimos cuatro meses, se produjo a pesar de los pedidos directos de clemencia presentados por el canciller José Gurría.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo "lamenta profundamente" que el esfuerzo conjunto de grupos no gubernamentales opuestos a la pena de muerte, la gestión del Departamento de Estado de Washington y la intervención directa de la cancillería no hayan logrado impedir la ejecución, dijo Gurría.
En la zona fronteriza con Estados Unidos y en la embajada de ese país en la capital de México se realizaron las últimas horas movilizaciones de protesta por la muerte de Murphy, a quien sus familiares consideran una víctima del racismo y la xenofobia.
Murphy fue el único de un grupo de cinco personas involucradas en el crimen que resultó condenado a muerte. Los otros delincuentes son nacidos en Estados Unidos.
Una semana antes de la ejecución del mexicano, el gobernador de Virginia, George Allen, conmutó la pena capital a un estadounidense culpable de otro asesinato.
Al igual que miles de mexicanos, Murphy ingresó al país vecino sin documentos y con la idea de conseguir dinero para su familia. Según diversos estudios, cada año intentan entrar a Estados Unidos alrededor de un millón de latinoamericanos indocuemntados.
El gobierno de México anunció que seguirá de cerca los casos de los otros condenados a muerte en Estados Unidos para evitar que se concrete la sentencia, que considera contraria a los derechos humanos y a la modernas teorías en justicia penal.
A la fecha hay en Estados Unidos 3.213 condenados a muerte, 14 por ciento de los cuales son latinos.
Reaprobada en los años 70 por la Suprema Corte, luego de que esa misma instancia la había abolido, la pena capital ha sido aplicada a través de inyección letal, silla eléctrica, cámara de gas, horca y fusilamiento. (FIN/IPS/dc/dg/hd/97
