Amnistía Internacional involucró a tres grandes corporaciones que reciben fondos del gobierno de Estados Unidos en la represión a activistas contra la construcción de la planta eléctrica de Dabhol, India.
Amnistía Internacional afirmó que cientos de manifestantes, en su mayoría mujeres, han sido sometidos a "acoso, arrestos arbitrarios y maltratos" por funcionarios de policía del estado indio de Maharastra contratados cone se fin por los operadores de la planta.
La Corporación Energética Dabhol (DPC) es una empresa de riesgo compartido integrada por Enron, la principal empresa de gas natural del mundo, la General Electric Corporation y Bechtel Incorporated. Enron posee 80 por ciento de la sociedad.
La DPC tiene un acuerdo con el gobierno estadual de Maharashtra según el cual 100 policías han sido desplegados en el lugar. Estos son los funcionarios implicados en violaciones contra los derechos humanos, afirmó Amnistía.
A comienzos de 1995, la DPC comenzó a preparar un predio 160 kilómetros al sur de Mumbay (ex Bombay), capital del estado de Maharashtra, para la construcción de una planta de electricidad a gas a un costo de 2.800 millones de dólares, la inversión más grande en la historia de India.
Diseñada para la generación de 2.015 megawatts, la central será también la más grande del segundo país más poblado del mundo.
Cientos de millones de dólares fueron vertidos a la DPC a través de dos entidades del gobierno de Estados Unidos, la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y el Export-Import Bank (Eximbank).
Desde que se propuso la construcción de la planta hace varios años, los pobladores de la zona han protestado contra sus efectos en la salud humana y el ambiente.
Al mismo tiempo, aseguran que sus costos están sobrevaluados y que los desechos líquidos destruirán la pesca y los árboles de coco y mango de los que dependen para vivir.
Un equipo investigador de la organización All India Peoples Resistance Forum, encabezado por un ex juez de la Alta Corte de Mumbay, reveló que "la policía impidió, en nombre de la ley y el orden, toda forma de protesta pacífica y democrática mediante el uso de la fuerza y la violencia".
Los agentes también "recurrieron a otros métodos más sutiles de hostigamiento contra los agitadores".
Enron negó haber subcontratado a la policía del estado. "La DPC no tiene autoridad sobre la policía en Maharashtra", dijo Kelly Kimberly, vocera de la empresa.
La OPIC y el Eximbank tienen la función de alentar las exportaciones y las inversiones estadounidenses en el extranjero. La OPIC concedió al proyecto Dhabol 200 millones de dólares en pólizas por riesgos políticos, como guerras y nacionalizaciones.
Esta agencia estadounidense afirmó no estar al tanto del informe de Amnistía. Su portavoz Murfy Alexander aseguró que en todas sus operaciones han seguido criterios estrictos en materia de derechos humanos y ambiente.
El Eximbank concedió en 1994 un crédito de 301 millones de dólares a la DPC por servicios de ingeniería y equipamiento. Pero Judy Nath, vocera de la agencia, aseguró que las acusaciones serán consideradas en próximos préstamos.
"Cuando aprobamos ese crédito, estas denuncias de violaciones contra los derechos humanos no eran conocidas", dijo Nath a IPS.
"El dinero de los contribuyentes no debería destinarse a proyectos que violan los derechos humanos", dijo Doug Norlen, del Centro para la Ley Ambiental Internacional radicado en Washington.
Las mujeres indias, que estuvieron a la vanguardia de las manifestaciones en Dhabol, sufrieron, al parecer, el grueso de los abusos, según el informe de Amnistía.
"La policía apuntaba contra las mujeres, algunas de ellas menores, y los arrestos fueron violentos, en contradicción con principios legales y humanitarios", agregó la organización internacional.
El incidente ocurrió el 3 de junio, cuando la policía entró por la fuerza en la casa de varias mujeres en Veldur, un poblado de pescadores donde residen muchos opositores a la planta eléctrica, y las condujeron a golpe de estaca en sus camionetas, denunció Amnistía.
El equipo investigador reveló que varias de las mujeres resultaron con distintas heridas, como contusiones, raspaduras y cardenales en brazos y piernas.
Otros cientos de manifestantes pacíficos, la mayoría mujeres, fueron arrestados por la policía desde diciembre de 1996, de acuerdo con el informe.
"Consideramos a los detenidos por protestas pacíficas contra la construcción de la planta prisioneros de conciencia", agregó Amnistía.
La organización humanitaria reclamó a las tres multinacionales estadounidenses que establezcan estrictas reglas para su personal de seguridad y a los gobiernos federal de India y estadual de Maharashtra que garantice el respeto a los derechos humanos de los activistas. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/mj/hd en/97)
