La brutalidad y los abusos policiales son un problema general en América Latina, pero algunos casos demuestran que políticas correctas pueden mejorar la situación de los derechos humanos, señaló el director de Human Rights Watch (HRW) Americas.
En Colombia, "de donde suelen venir las peores noticias", hay quizás "una única buena noticia", la mejora en los registros de abusos cometidos por la policía, gracias a la reestructuración y una nueva política de disciplina interna, dijo el viernes 19 José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW.
La jefatura puede ahora destituir a los policías con malos antecedentes en relación al narcotráfico, corrupción y violación de derechos humanos, como una sanción administrativa, "sin depender del procesamiento penal", explicó Vivanco a corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.
De esa nueva disciplina resultó el despido de unos 6.000 policías, un mayor profesionalismo y menos violaciones, en medio de la continuación del cuadro "gravísimo" de violencia en Colombia.
Esto demuestra que "flexibilizar la destitución podría solucionar gran parte del problema", observó el dirigente HRW, una importante organización no gubernamental con sede en Estados Unidos.
La medida colombiana contrasta con las dificultades que enfrenta Brasil para sacar de la policía incluso a los funcionarios que cometieron delitos graves.
Para separar a un policía federal se exige la firma del presidente, argumentó Vivanco, y en una policía estadual no se logró destituir uno funcionario que mató a 44 personas.
La violencia policial afecta a todos los países, constituyendo "uno de los más serios obstáculos a la plena democratización de América Latina", sentenció Vivanco, un abogado chileno.
Incluso en países como Argentina y Chile, donde el regreso de la democracia permitió "profundos progresos en la cuestión de los derechos humanos", persisten las desapariciones, la tortura, el "gatillo facil", se lamentó.
El director ejecutivo de HRW Americas estuvo en Brasil participando en un seminario en Brasilia y en reuniones con autoridades nacionales.
Brasil sigue como una de las prioridades de la HRW, junto con Colombia, Cuba, México y Perú, países donde persisten "gravísimas violaciones de los derechos humanos, de carácter masivo y con alto grado de impunidad".
Vivanco y el representante de HRW en Brasil, James Cavallaro, destacaron como datos positivos del actual gobierno brasileño la adopción del Programa Nacional de Derechos Humanos y una "reducción significativa de las denuncias sobre trabajo esclavo".
Pero observaron que es "preocupante la falta de avances en la aplicación del programa". Las buenas medidas anunciadas aún "son papel, no realidad en su gran mayoría", comentó Vivanco.
Aún no se aprobó, por ejemplo, someter los policías militares acusados de crímenes graves a la justicia común y siguen siendo juzgados por tribunales militares donde el corporativismo favorece la impunidad.
Las políticas de seguridad pública varían en todos los estados brasileños y son "totalmente contrarios a los derechos humanos" en algunos, como en Río de Janeiro, donde los policías reciben aumentos por "actos de valor", en general por haber matado a supuestos criminales, lo que estimula la brutalidad.
El cuadro latinoamericano de violaciones de derechos humanos sigue siendo grave, pero "no es estático", se puede mejorar, evaluó Vivanco.
Citó como ejemplo el caso de Guatemala, donde se registró la peor situación regional, con 60.000 desaparecidos, "seis veces la cantidad documentada de Argentina" siendo un país mucho menos poblado. En el año pasado solo se comprobó un caso de ejecución por razones políticas, destacó.
El proceso de paz y la presencia permanente de las Naciones Unidas, "con 450 funcionarios", contribuyeron a reducir drásticamente las ejecuciones extrajudiciales de carácter político, especialmente de indígenas, explicó. (FIN/IPS/mo/ag/hd/97
