Cuba parece decidida a no renunciar a la culminación de la central electronuclear de Juraguá, un polémico proyecto que cuenta con el visto bueno de Moscú y la firme oposición de Washington.
Unos 15 años después del inicio de lo que el gobierno llamó "la obra del siglo" y a un lustro de su paralización temporal, fuentes oficiales cubanas anunciaron que las labores constructivas de conservación de la planta terminarán el mes próximo.
Isaac Alayón, director de la unidad inversionista de esa planta, situada en la provincia de Cienfuegos, a 250 kilómetros de La Habana, reveló que el trabajo de mayor envergadura que queda por hacer es la fundición del nivel 28 del edificio del reactor, "evaluada por los especialistas de compleja".
Un despacho de la Agencia de Información Nacional (AIN) añadió que para el próximo año se realizarán otras tareas técnicas no constructivas, entre las cuales tendrá un peso importante la de conservación de los equipos.
Anunciada por el presidente Fidel Castro en septiembre de 1992, la paralización de las obras respondió a la crisis económica que vive la isla desde 1990, que provocó una caída del producto interno bruto de 34,8 por ciento en cuatro años.
La decisión tuvo su causa también en los cambios políticoeconómicos ocurridos en la antigua Unión Soviética, que condujeron a un replanteamiento de las relaciones bilaterales en todas las esferas entre La Habana y Moscú.
Pero Cuba consiguió un crédito ruso de 30 millones de dólares para las labores de conservación de la planta y en 1995 ambos países hicieron pública su decisión de buscar terceros socios para la culminación de la electronuclear.
"Cuba necesita de todas las fuentes de energía", dijo en agosto el director del Centro de Información de Energía Nuclear Danilo Alonso y advirtió que su país "no tiene motivos para renunciar a una opción de bajo costo como es la energía nuclear".
El programa cubano data de la década del 70 y partía de la aceptación que tenía entonces la energía nuclear, la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía y las facilidades comerciales que el país mantenía con la Unión Soviética.
A finales de siglo la opción nuclear sigue en pie en la isla, que cuenta con pocos recursos energéticos y se ve obligada a importar la mayoría del petróleo que necesita para garantizar la producción de electricidad y el funcionamiento de sus industrias.
En los últimos años las importaciones de petróleo como consecuencia de la crisis bajaron hasta tres millones de toneladas en un año, de las ocho millones necesarias para cubrir el consumo eléctrico mínimo.
Fuentes del Ministerio de la Industria Básica aseguran que Juraguá podría comenzar a generar electricidad tres años y medio después del reinicio de las obras y estaría en capacidad de sustituir 700.000 toneladas de petróleo una vez terminado el primer reactor.
La planta fue diseñada para ahorrar 15 por ciento de las importaciones de petróleo, que ascendieron a 13 millones de toneladas la pasada década.
La Asociación Internacional de la Energía Atómica (AIEA) asegura que para diciembre de 1994 más de 30 países tenían en construcción centrales nucleares, para un total de 480 unidades.
El 16 por ciento de la electricidad que se generaba provenía de plantas electronucleares. En 17 países -14 europeos y tres asiáticos- la energía nuclear representaba más de 25 por ciento de la producción de electricidad.
Pero en los últimos años se observó una drástica reducción de los pedidos de centrales nucleares, se paralizaron plantas en construcción, se decretó el cierre de otras y en Austria se llegó a declarar ilegal el uso de ese tipo de energía.
Un estudio realizado en 1995 por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático afirmó que la expansión mundial de la energía nuclear produciría cantidades de desechos radioactivos imposibles de manejar y agravaría el problema de la escasez de depósitos adecuados para esos desechos.
En el caso de Cuba, cualquier razonamiento económico o ecológico a la hora de optar por la energía nuclear cobra un cariz más polémico una vez que la central electronuclear de Juaraguá ha entrado a formar parte de la agenda bilateral Cuba-Estados Unidos.
El capítulo primero de la ley estadounidense Helms-Burton, de marzo del pasado año, insta al presidente de Estados Unidos a hacer uso de todo su poder para aclararle al gobierno cubano que la culminación y operación de una instalación nuclear será considerado "un acto de agresión".
La ley asegura que ante ese acto habrá una respuesta apropiada con el objetivo de mantener la seguridad de las fronteras nacionales de Estados Unidos, así como la salud y la seguridad de los ciudadanos de ese país.
Además establece que el presidente deberá obligatoriamente suspender toda ayuda a cualquier país en la misma cantidad que aquél ayude a Cuba a culminar la instalación nuclear de Juraguá, ya sea mediante sumas de dinero por concepto de asistencia o créditos.
Para los observadores las presiones de Washington sólo pueden conducir a la insistencia de La Habana en el proyecto que, por demás, considera totalmente viable e imprescindible para garantizar el desarrollo económico de este país.
La oposición de Estados Unidos al proyecto parte del temor a un accidente similar al de la central rusa de Chernobil tan cerca de su territorio y esgrime a su favor el hecho de que Cuba no sea firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear ni haya ratificado el Tratado de Tlatelolco.
Una misiva dirigida al presidente Bill Clinton por 132 congresistas estadounidenses el 15 de junio de 1995 señalaba que Cuba no posee la capacidad ni el personal para operar de forma segura una planta nuclear y que el diseño de Juraguá tiene deficiencias técnicas.
Cuba descarta la posibilidad de un accidente similar al de Chernobil, producido a fines de los años 80, con el argumento de que la tecnología contratada para Juraguá difiere sustancialmente de los reactores de grafito RBMK (reactor de alta potencia a canales) empleados en la planta ucraniana.
Expertos locales defienden las centrales rusas VVER, como la que pretende terminarse en Juraguá, por su similitud con los reactores PWR, considerados los más difundidos internacionalmente, que utilizan el agua ligera a presión como moderador refrigerante.
El reactor podría soportar un sismo de ocho grados en la escala MSK-64, un tsunamis con una ola de 10 metros de altura y el impacto de una nave aérea a una velocidad de 200 metros por segundo, según esas fuentes.
Según el viceministro cubano para la Industria Básica Rodrigo Ortiz, el proyecto tiene incluidas 38 de las 48 modificaciones propuestas por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares y "las restantes se adicionarán antes de la puesta en servicio del bloque".
Más allá de la polémica entre Cuba y Estados Unidos sobre la planta, se levanta el problema financiero, como la causa que mantiene alejada la posibilidad de poner en funcionamiento, al menos, el primer reactor.
En la construcción de Juraguá se han invertido unos 1.200 millones de dólares y, según un estudio de factibilidad, se necesitarían 800 millones más para concluir el primer reactor y 200 millones para el sistema de dirección automática.
Fuentes oficiales revelaron que Cuba estaría en condiciones de aportar 208 millones y Rusia 349 millones y, de acuerdo con el inversionista principal, ambos países mantienen conversaciones en aras de buscar terceros socios.
Firmas de Gran Bretaña, Brasil, Italia, Alemania y Rusia manifestaron su interés en la asociación económica internacional, según trascendidos en La Habana, pero no se ha logrado ningún acuerdo que permita sacar a Juraguá de su fase de conservación. (FIN/IPS/da/dg/if-en/97
