La erradicación de la violencia contra la mujer requiere una respuesta integral que comande el Estado pero con alta participación de la sociedad civil y de forma que traspase lo jurídico, concluyeron hoy funcionarias y activistas de la Comunidad Andina reunidas en Venezuela.
En el encuentro subregional, las líderes andinas impulsaron mecanismos prácticos para crear una red de intercambio de experiencias en la batalla para la erradicación del delito, promover centros de acogida y clínicas jurídicas y dar la mayor visibilidad a las implicaciones sociales del problema.
Dirigentes gubernamentales, jurídicas y del movimiento organizado de la mujer intercambiaron experiencias e impulsaron planes comunes con el fin de mejorar la lucha para la erradicación de la violencia contra la mujer y la familia, en una reunión de dos días en Caracas.
También se promoverá en los cinco países andinos una mayor conciencia del poder judicial sobre la necesidad de aplicar los instrumentos en sus manos para castigar los delitos y crear la institución de defensoras de la mujer, separadas de la oficina de defensores del pueblo, allí donde no exista.
Se trató de la primera reunión subregional de consulta organizada por la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) sobre la cuestión, en un continente que ha sido pionero en contar con una Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer.
Esa convención interamericana, conocida también como Convención de Belem do Pará por la ciudad brasileña donde fue rubricada, fue aprobada en junio de 1994 y entró en vigor a fines de ese año, y fue ratificada por 25 de los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tienen legislaciones nacionales con el mismo objetivo. En Venezuela, la discusión de un proyecto sobre el punto quedó atrapado en las discusiones del Congreso, pero se espera que se la apruebe en 1998.
Las participantes de la reunión en Caracas coincidieron en que el camino para contar con ese instrumento legal fue difícil, como lo es ahora que se lo aplique integralmente, pues siguen siendo muchos quienes perciben en ese "bochornoso y silente atentado a los derechos humanos fundamentales" un problema privado.
Norma Enríquez, directora de Casas de la Mujer en Colombia, resaltó que la erradicación del vergonzoso estigma de la violencia física y sicológica contra la mujer dentro de los muros de su hogar es un requisito indispensable para abatir la creciente violencia social.
La jurista ecuatoriana Mercedes Jiménez, propulsora de la ley en la materia, dijo que la existencia del instrumento legal y la promoción de sus causas y efectos ha impulsado mucho las denuncias.
En ese sentido, Jiménez narró el caso de una mujer de 70 años que hace unos meses presentó una querella por los maltratos que recibió de su marido a lo largo de 50 años.
Pero Aida Camacho, proyectista de la ley existente en Bolivia, dijo que aún en el mejor de los casos la mujer denuncia solo 27 por ciento de los casos de maltrato dentro del hogar contra su persona o la de sus hijos, porque muchas aún consideran que el mantenimiento de la familia bien vale incluso su vida.
Encuestas en diferentes países realizadas por organismos oficiales o, con más frecuencia, por organizaciones femeninas muestran que alrededor de 90 por ciento de la población andina no justifica el maltrato a la mujer, pero entre 10 y 30 por ciento lo considera "explicable".
La subregión andina tiene un problema común que se buscará solucionar en alianzas entre las organizaciones de mujeres e instituciones gubernamentales, con apoyo financiero internacional: la falta de estadísticas confiables sobre delitos familiares.
En el encuentro consultivo se abordaron algunos temas en reuniones asamblearias y otros en seis mesas de trabajo con propuestas concretas de acciones comunes para promover la prevención, sanción y erradicación del delito familiar.
En la fase de intercambio de experiencias se analizaron las políticas públicas en materia de violencia contra la mujer y la familia, las experiencias legislativas, sus avances y retrocesos, y la violencia contra la mujer a la luz de los tratados y convenciones internacionales.
En las mesas de trabajo se establecieron propuestas en torno al tema común del delito de la violencia contra la mujer: la participación de la sociedad civil, comunicación, salud y educación, sistema judicial, denuncia y prevención, y aplicabilidad de la legislación, logros y obstáculos. (FIN/IPS/eg/mj/hd/97
