Las barricadas en edificios judíos, los barrios cerrados, el floreciente negocio de las empresas de vigilancia y los comercios cerrados con llave simbolizan en forma elocuente el colapso del sistema público de seguridad en la capital de Argentina.
Después del desempleo y la corrupción, la falta de seguridad es lo que más preocupa a los argentinos, según una encuesta de la socióloga Graciela Romer, quien advirtió que "la inseguridad y la violencia se están convirtiendo en elementos constitutivos de la cultura ciudadana".
Cada vez más gente que decide irse a vivir fuera de la capital, en el conurbano de Buenos Aires, compra terrenos en barrios cerrados que están protegidos por murallas y por agentes de seguridad de algunas de las 250 empresas autorizadas a proveer de armas a sus empleados.
Numerosos restaurantes apenas alejados del centro cierran las puertas con llave cada vez que entra un comensal. Lo mismo ocurre en farmacias (el rubro más asaltado) y en gran variedad de comercios, aun en pleno día, donde se producen a veces varios robos en un mes.
Después de los atentados contra la embajada de Israel en 1992, y del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994, en el que murieron 86 personas, las instituciones judías son reconocidas por las casamatas, barriles con cemento y barricadas en el frente.
Las mismas instituciones de la comunidad judía que antes eran ignoradas por los paseantes, ahora son reconocidas de inmediato pues no hay escuela, templo, asociación o club israelita que no tenga esas características que son un sello de la inseguridad y la impunidad.
Son los distintos recursos a los que van apelando por su cuenta quienes viven en este país, donde el delito crece y con él la corrupción policial y la impunidad. Los vecinos se ponen de acuerdo y pagan a un particular o a veces a un agente de la policía, para que vigile la cuadra.
Según una encuesta realizada este mes por la consultora Zuleta Puceiro, en Buenos Aires 89 por ciento de los consultados cree que el delito y la violencia aumentaron en los dos últimos años y 47 por ciento asegura haber sido víctima de algún episodio de ese tipo en ese período.
De hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirma que para el total del país los delitos, que habían decrecido entre 1991 y 1993, volvieron a aumentar desde entonces.
El sondeo, encargado por el gobierno de la ciudad, fue realizado con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Control Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Tanto la antropóloga Sofía Tiscornia, del CELS, como la abogada Marta Oyhanarte, del Centro de Control Ciudadano, coincidieron en evaluar como muy alto el nivel de madurez de la población consultada tanto para comprender las causas del delito como las formas de combatirlo.
Oyhanarte sostuvo que la ciudadana relaciona claramente el problema de la falta de seguridad y el incremento del delito con la corrupción y la impunidad, y por eso reclaman un cambio en las instituciones.
En diálogo con IPS, Tiscornia, experta en estudios sobre los abusos y la corrupción policial, consideró que a la luz de esta encuesta "es fundamental discutir acerca de qué fuerzas de seguridad se pretende y cuáles son las cosas que no se quiren más".
De los consultados, 75 por ciento atribuyeron el incremento de los delitos al "empeoramiento de la situación económica". Es más, 91 por ciento consideró que para combatir el delito es necesario combatir las causas que provocan la marginación social.
La segunda causa más votada es la que explica el incremento del delito por el mayor consumo de drogas entre los jóvenes (55 por ciento) y el tercer factor, para los encuestados, es la "deficiencia del control policial" (46 por ciento de votos).
A la hora de reflexionar acerca de soluciones, los consultados rechazan la represión y en cambio proponen que se aumente el control, que se depure la policía, que se aumenten las penas (aunque no apoyan en general la pena capital) y que sea más eficiente el sistema penitenciario.
El 81 por ciento es contrario a la idea de tener armas en su casa, 97 por ciento consideró mejor prevenir que reprimir y 70 por ciento opinó que mejorar la economía "es el único remedio" para combatir la delincuencia. (FIN/IPS/mv/dg/pr/97)
