La muerte del joven recluta Pedro Soto, que mantiene en tela de juicio al ejército de Chile, no fue suicidio sino homicidio, insistió hoy una médica forense que contradice conclusiones de dos organismos técnicos.
Patricia Hernández, del Servicio Médico Legal, quien fue la primera en examinar el cadáver de Soto, encontrado el 15 de marzo luego de casi tres meses de desaparición, reiteró su tesis del asesinato en un nuevo informe al juez Manuel Silva.
El conscripto, de 18 años, cumplía su servicio militar en el Regimiento Yungay de la ciudad de Los Andes, 80 kilómetros al noreste de Santiago, cuando desapareció a fines de diciembre, supuestamente secuestrado.
Los familiares de Soto dijeron que éste se hallaba bajo una profunda depresión a raíz del maltrato que habría sufrido en el regimiento, lo cual aumentó la visión crítica del público, y en especial de los jóvenes, hacia el servicio militar obligatorio.
Durante la investigación conducida por Silva como juez especial, versiones de mandos castrenses atribuyeron el probable asesinato de Soto a una "mafia de homosexuales" existente en el regimiento.
Cuatro reclutas detenidos a causa de esas sospechas fueron puestos en libertad por el juez y uno de ellos, Dagoberto Contreras, denunció apenas fue licenciado del servicio militar que sufrió presiones y maltrato para autoinculparse.
El 18 de agosto, el magistrado cerró el sumario de la investigación sin formular cargos, aduciendo que las diligencias ya estaban agotadas, pero es probable que el Consejo de Defensa del Estado pida esta semana la reapertura del proceso.
El diputado Nelson Avila, representante del distrito que incluye a Los Andes, señaló hace una semana que la familia del joven omitió antecedentes sobre tráfico y consumo de drogas que pudieron ser la causa del posible asesinato de Soto.
Aún no está claro si las sospechas incluyen a mandos medios del regimiento, que en algunas fases de la investigación fueron mencionados como autores de las presiones y del maltrato a los reclutas.
El cierre del sumario sin culpables hace dos semanas fue una virtual ratificación de los informes forenses emitidos por la Policía de Investigaciones y la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Chile, que avalan la tesis del suicidio.
De acuerdo con esos informes, Soto falleció por desangramiento a raíz de una herida que se habría infringido él mismo, ya que las huellas de sangre encontradas cerca de sus restos corresponderían a "escurrimiento y contacto".
El estudio de la doctora Hernández, del Sevicio Médico Legal, afirma en cambio que las huellas corresponden a "sangre por proyección", es decir a un flujo violento por presión desde una arteria como consecuencia de una herida provocada por terceros.
Tanto el Consejo de Defensa del Estado como la familia del recluta podrían pedir esta semana nuevas diligencias al juez Silva para la reapertura del sumario, evitando así el cierre definitivo del proceso.
Entre esas diligencias se pediría un cuarto informe sobre los restos de Soto y la causa de su muerte, que sería encargado a los expertos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Más allá de sus implicaciones policiales, el caso del conscripto Soto preocupa al gobierno de Eduardo Frei en términos de imagen del ejército y de la opinión de la ciudadanía sobre el servicio militar.
El Comité de Defensa de los Derechos Juveniles, una organización vinculada a partidos de centro e izquierda, sostiene que en los cuarteles se producen frecuentes deserciones y suicidios de reclutas debido al maltrato que sufrirían.
El ejército, que está encabezado por el ex dictador Augusto Pinochet, anunció hace dos meses su propósito de cambiar la sede del Regimiento Yungay, mientras entre los 70.000 habitantes de Los Andes predomina la tesis del asesinato del conscripto. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/97
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