La invasión del narcotráfico a América Central está abriendo las puertas a la polémica presencia de Estados Unidos, como aliado de los gobiernos de la región en la lucha contra esta actividad ilícita.
Con el combate del narcotráfico, los gobiernos centroamericanos no buscan sólo proteger la frontera de Estados Unidos, sino también la propia soberanía y las instituciones nacionales, permeables a la corrupción que genera.
En momentos en que el istmo reconoce su total carencia de recursos para enfrentar el problema, Estados Unidos ofrece patrullajes conjuntos, una alternativa vista por algunos sectores como una forma más de violación de la soberanía.
Algunos analistas plantean que el narcotráfico está siendo utilizado como excusa por Estados Unidos para no retirarse de la región en diciembre de 1999, cuando debe concluir el traspaso del canal de Panamá a ese país. Otros, en cambio, afirman que sin ayuda de Estados Unidos el narcotráfico será imparable.
Incluso Costa Rica, país que pocas veces se ha planteado la presencia de oficiales estadounidenses, está considerando la oferta de Washington para realizar patrullajes conjuntos por tierra, mar y aire, lo que supondría la llegada al país de naves artilladas.
Las cifras demuestran que el problema del tráfico de drogas es cada día mayor. En 1990, por ejemplo, se capturaron sólo en Costa Rica 848 kilogramos de cocaína, pero en 1996 la cifra llegó a 1.993 kilogramos. De enero a junio de 1997 se han decomisado 3.500 kilogramos.
Las autoridades aseguran que por Costa Rica pasan, sólo por tierra, cerca de 50 toneladas de droga al año, de las cuales hasta el año pasado no se interceptaba ni el 10 por ciento.
Aunque no hay estadísticas recientes sobre el volumen del tráfico de drogas en América Central, extraoficialmente se afirma que pasan unas 400 toneladas al año.
El problema fue abordado durante la visita que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, realizó en mayo a Costa Rica, donde se reunió con mandatarios de los países centroamericanos. En la cita se firmó una declaración conjunta en la cual se acordó una más estrecha colaboración en el combate al narcotráfico.
En agosto se reunieron en Washington los ministros de Seguridad e Interior con miembros del gobierno estadounidense y comenzó a elaborarse una agenda conjunta.
Entre los puntos de la agenda se encuentran la extradición, el control de estupefacientes, capacitación para la lucha antidrogas, patrullajes conjuntos, lavado de dinero, decomiso de bienes y capacitación de personal dedicado a la administración de justicia.
La ministra de Seguridad de Costa Rica, Laura Chinchilla, afirmó que otros países de América Latina, como Panamá, Venezuela, Jamaica y República Dominicana, han firmado convenios de patrullaje conjunto con Estados Unidos, en tanto que su país se encuentra totalmente indefenso.
"No hay opción posible", dijo la ministra al diario La Nación de San José, al defender la decisión del gobierno de José María Figueres de aceptar la propuesta estadounidense.
Grupos de izquierda y organismos de derechos humanos la consideran una invasión disimulada y una violación de la soberanía nacional, en tanto sectores del empresariado apoyan la tesis de la ministra Chinchilla.
El analista Rodolfo Cerdas se ubicó en una posición intermedia. Considera que lo más apropiado no es permitir la presencia de Estados Unidos sino invertir en una policía eficiente y dotada de modernos recursos tecnológicos, porque a la patria "la deben cuidar sus hijos".
Chinchilla duda de que la Asamblea Legislativa (parlamento) de Costa Rica le de un trámite rápido al convenio, por lo que se buscan alternativas, entre ellas que Estados Unidos done armas, equipos y radares para la lucha antidrogas.
Otra posibilidad son los patrullajes conjuntos con los países centroamericanos, no con Estados Unidos y, finalmente, hacerlos con este país, pero por etapas.
Otros países centroamericanos tienen menos problemas que Costa rica para firmar un convenio de patrullaje conjunto con Estados Unidos. Panamá ya lo hizo, e inclusive ofreció a Washington ser la sede de un centro multilateral antidrogas que se instalaría en una de las bases del canal.
La idea ha sido rechazada por amplios sectores en Panamá, debido a que Estados Unidos exigiría que se le permita mantener 4.000 soldados en las riberas del canal. Pero si esta posibilidad fracasa, ya el presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, habría ofrecido a su país como sede del organismo.
El problema en Honduras lo presentan los militares, que ven en el centro contra el narcotráfico la amenaza de una "policía supranacional" dirigida por Washington.
Esa policía estaría "por encima de cualquier política estatal y daría a Estados Unidos la potestad de invadir cualquier pais bajo el pretexto de salvaguardar sus intereses", dijo Mario Villanueva, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. (FIN/IPS/mso/ag/ip/97
