Partidos de oposición lanzaron esta semana una batalla legal para enmendar la Constitución de modo de limitar los poderes del presidente Robert Mugabe y su gobernante Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (Zanu-PF).
El miércoles, cinco jueces de la corte suprema se resevaron el veredicto sobre el caso presentado por los Partidos Unidos (UP) de oposición, para anular la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos de 1992.
UP, liderado por Abel Muzorewa, primer ministro del corto régimen Rhodesia-Zimbabwe que gobernó Zimbabwe durante la transición de dominio de la minoría blanca hasta la independencia en 1980, afirma que ambas leyes violan la Constitución del país.
La Ley Electoral otorga al jefe de Estado la potestad de aprobar o invalidar los resultados de las elecciones generales.
El abogado Adrian de Bourbon, representante de UP, exhortó a la corte a declarar inconstitucional la Ley de Partidos Políticos, afirmando de que favorece al partido gobernante.
Bajo la ley, los partidos políticos deben tener al menos 15 escaños en el parlamento de 150 miembros, para tener derecho a financiación estatal.
Sólo Zanu-PF está en estas condiciones, porque, a excepción de tres, tiene la totalidad de los escaños de la Asamblea Nacional. Este año fiscal, obtendrá 5,6 millones de dólares.
Además del beneficio de fondos estatales, el partido gobernante tiene una ventaja adicional. La Sección 58 de la Constitución permite al presidente designar 20 parlamentarios. Zanu-PF también se beneficia del respaldo de 10 jefes electos al parlamento por un colegio de líderes tradicionales del país.
Las nuevas elecciones parlamentarias se realizarán mientras Mugabe aún esté en el poder, de modo que el partido gobernante necesitará asegurar sólo 46 escaños para controlar la Asamblea de 150 miembros.
David Chimhini, director ejecutivo de ZimRights, organización defensora de los derechos humanos, también cree que la Ley de Partidos Políticos sirve para "fortalecer un partido político en detrimento de los demás, lo cual es injusto".
Este jueves, un día después de la reserva del veredicto sobre el caso de UP, otro grupo opositor, el Partido del Foro de Zimbabwe, se presentó ante la Suprema Corte para cuestionar la validez de las elecciones municipales de 1995 en la ciudad de Gweru.
El partido cuestionó la legalidad de las elecciones sobre la base de que se llevaron a cabo antes de que la nueva Ley de Consejos Urbanos pasara por el parlamento. Los comicios se realizaron bajo regulaciones dispuestas por el presidente e implementadas por el Ministerio de Gobierno Local.
El FPZ alegó que Mugabe "delegó sus potestades presidenciales" al ministerio. No obstante, el fiscal general Patrick Chinamasa sostuvo que los poderes pasados al gabinete fueron administrativos y no legislativos.
Este viernes los jueces aún estudiaban las demandas de ambos partidos. Cualquiera sea el resultado, no obstante, la cuestión para el FPZ es la Ley de Potestades Presidenciales (Medidas Temporales).
Esta ley, según Chinamasa, tiene por objetivo permitir al presidente tratar situaciones urgentes que no pueden aguardar los procedimientos parlamentarios.
"Sostenemos que esos poderes, que en efecto admiten que el presidente haga exactamente lo que le palzca cuando le plazca, son excesivos, y que no deben existir en los términos de nuestra Constitución y en el espíritu de la democracia", dijo Trudy Stevenson, del FPZ.
Zanu-PF gobierna Zimbabwe desde que el país alcanzó un gobierno de la mayoría hace 17 años. Analistas afirman que el fenómeno se debe a un sistema electoral sesgado a su favor. (FIN/IPS/tra-en/lm/kb/lp/ip/97
