Los empresarios de Venezuela ratificaron hoy su compromiso de incrementar en breve los salarios, pero su promesa no logró desactivar la convocatoria a una huelga general el miércoles contra el incumplimiento de la medida.
El gobierno, los sindicatos y los empresarios se reunieron este viernes en el marco de la Comisión Tripartita, que en el primer semestre negoció una flexibilización del régimen laboral a cambio de aumentos en los represados salarios.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, calificó el encuentro como "un éxito, porque fue ratificado el compromiso de proceder a los aumentos salariales y porque el instrumento de la Tripartita sigue vivo", en una opinión compartida por los sindicatos.
La Comisión, que se considera uno de los mayores logros del gobierno de Rafael Caldera junto con la modificación del régimen laboral desde junio, resultó salvada y el tono del enfrentamiento entre las tres partes dismimuyó.
Pero el paro de 12 horas del próximo miércoles fue mantenido por las centrales sindicales, con el respaldo tácito del gobierno, que lo siente como una "válvula de escape" ante un clima social crispado por alzas en servicios, medicinas y la gasolina, sin la compensación de mayores ingresos.
En Venezuela no existe la tradición de los paros generales y el último que se produjo fue en mayo de 1989, cuando comenzó el precedente ajuste macroeconómico, siendo gobernante el presidente Carlos Andrés Pérez. Los servicios esenciales serán mantenidos.
Petkoff calificó la protesta como un "mecanismo democrático de presión" que va a hacer reflexionar "a los reticentes" y resaltó que es bueno "y educativo" que esa presión se ejerza por una vez contra el sector privado y no el público.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Federico Ramírez, dijo que la protesta se mantiene porque los compromisos ya fueron incumplidos, hay despidos masivos en el sector privado y el gobierno aumentó la gasolina este jueves, sin atender los reclamos laborales en contra de ese aumento.
La cúpula patronal venezolana ha insistido en que el gobierno promovió una cortina de humo al tratar de desviar el origen de la actual irritación popular en un falso incumplimiento de los empresarios de lo concertado en la Comisión.
La mecha del tenso desasosiego social la prendió la decisión del gobierno de incrementar el precio de la gasolina en un promedio de 27 por ciento, según dirigentes empresariales, también críticos de la medida.
En los últimos 18 años el salario real cayó en Venezuela a un tercio de su valor, en un proceso que se agudizó en los tres años y medio del gobierno del independiente democristiano Caldera, de 81 años, y quien volvió a la senda neoliberal en 1996, tras un bienio de fracasado experimento neopopulista.
Carlos Navarro, secretario general de la CTV, precisó que los 75.000 bolívares (150 dólares) en que quedó situado desde junio el salario mínimo "están 99.000 bolívares por debajo del nivel que esa cantidad representaba en 1995, una caída exhorbitante".
El nuevo salario mínimo equivale a poco más de la mitad del costo de la llamada canasta alimentaria, en un país donde casi 2,5 millones de familias no tienen a más de un miembro trabajando, cuando lo tienen.
Navarro dijo que en "el duro y clarificador" encuentro con los representantes empresariales, éstos admitieron que se habían producido 22.000 despidos el último mes, mientras que las cifras sindicales elevan ese monto a 40.000 personas.
Datos oficiales del primer trimestre sitúan el desempleo en 13 por ciento, pero la CTV asegura que está en el orden de 18 o 19 en la actualidad.
Los salarios fueron contenidos el último trienio de desbordada inflación y recesión económica bajo el argumento empresarial de que la obligación de calcular según el último salario todos los derechos acumulados por el trabajador impedía cualquier aumento.
El sector laboral renunció a ese derecho a la retroactividad y otros que flexibilizan el mercado del trabajo en Venezuela a cambio de inmediatos incrementos salariales y el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad social que sustituya al colapsado y corrupto actual, lo que sólo será efectivo en 1998.
En el trienio 1994-96 la tasa de inflación creció 230 por ciento, más de 100 el año pasado, mientras el salario mínimo se mantuvo en 15.000 bólivares (30 dólares al cambio actual) y la moneda cayó en casi cuatro veces en su valor.
El ingreso real era equilibrado mediante un sistema de bonos que no incidían en las prestaciones laborales acumuladas y que al momento de eliminarse la retroactividad quedaron "salarizados", para dejar el sueldo mínimo en los 150 dólares.
Según Navarro, por primera vez en la historia los salarios están en mejor nivel en el sector público que privado, porque el gobierno hizo incrementos generales en el primer trimestre y cumplió todos los acuerdos salariales acordados en la comisión.
Francisco Natera, presidente de la empresarial Federación de Cámaras, señaló que los empresarios demostraron este viernes su decisión de cumplir con los acuerdos de la comisión y que la mayoría ya incrementaron los salarios.
Pero indicó que hay sectores que aún siguen sumidos en la crisis recesiva y que es necesario que los ajustes se den de forma que no quiebren las empresas "y perdamos todos".
El sector industrial presentó pruebas de que ya hizo ajustes salariales, pero según lo que trascendió no sucedió lo mismo con el área de comercio y servicios, que hasta este viernes decía que al "salarizar" los bonos ya había cumplido con el ajuste.
El presidente de la CTV denunció, aprovechando que estaba siendo entrevistado en vivo y directo por canales de televisión y emisoras de radio, que el sector de los medios de comunicación es uno de los que está en deuda clara con sus compromisos.
Los más afectados por la lentitud de las alzas salariales son los estamentos de la empobrecida clase media, porque el salario mínimo quedó reajustado, pero no se movió la escala para los profesionales y técnicos.
La población económicamente activa de Venezuela se eleva a nueve millones de los 22 millones de personas que habitan en el país, y de ellos la mitad laboran en el área informal, que no es beneficiada con ningún acuerdo tripartito.
De los 4,5 millones que ocupa el sector formal los que trabajan en el sector público totalizan en la actualidad unos 1,5 millones, sumando la administración central y descentralizada. (FIN/IPS/eg/dg/if-lb/97
