Doce años después de la restauración de la democracia en Uruguay, los militares aún desafían a las instituciones con medidas que pueden derivar en una confrontación de poderes.
Una atípica tensión se instaló esta semana cuando el comandante en jefe del ejército, general Raúl Mermot, ordenó a sus subordinados la búsqueda del responsable de la colocación de una bomba en un ómnibus que trasladaba a soldados y oficiales.
El artefacto, que no llegó a explotar, fue localizado en Maldonado, 150 kilómetros al este de Montevideo, y estaba acompañado de una nota advirtiendo que el presidente Julio María Sanguinetti debía suspender una visita a la ciudad.
Sanguinetti viajó este viernes a Maldonado y visitó el Batallón de Ingenieros número cuatro, de esa ciudad.
La bomba fue hallada el 6, y el mismo día, el Estado Mayor del ejército emitió un comunicado de prensa para informar del hecho.
El comunicado sorprendió a altos funcionarios que ignoraban el episodio y sólo lo conocieron por la prensa. Mientras, Sanguinetti participaba en Bolivia de la asunción presidencial de Hugo Banzer y era subrogado por el vicepresidente Hugo Batalla.
La sorpresa de algunos gobernantes se extendió esta semana a la jueza de Maldonado, Fanny Canessa, que el miércoles se enteró extraoficialmente de que los militares habían allanado una vivienda y realizado interrogatorios buscando al autor del atentado.
Canessa invocó su competencia en el caso, pero el ministro de Defensa, Raúl Iturria, remitió los antecedentes a la justicia militar y el juez castrense, coronel Washington Bertrand, se hizo cargo de la investigación.
Bertrand sostuvo que la competencia corresponde a la justicia militar porque en los hechos investigados no intervino ningún civil y en el allanamiento se detuvo a un soldado, cuya caligrafía coincide con la del texto hallado junto a la bomba.
La jueza Canessa esperaba que su colega militar le enviara los antecedentes, antes de plantear una contienda de competencia ante la Corte Suprema de Justicia.
Portavoces de la Corte Suprema dijeron a IPS que "sin ninguna duda es competente Canessa y no la justicia militar, porque así lo establece claramente la Constitución".
"La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra. Los delitos comunes cometidos por militares en tiempos de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria", dice la Constitución.
Una fuente cercana a Canessa consideró "un abierto desafío" la decisión de los militares de realizar el jueves un nuevo allanamiento sin autorización de la justicia civil.
Poco antes, la jueza había rechazado el ofrecimiento del juez militar de interrogar en forma conjunta al soldado detenido en una unidad militar. En la misma base fue interrogada también la esposa del detenido.
La palabra final en materia de contienda de competencias corresponde a la Corte Suprema, que para estos casos amplía su integración para dar cabida a dos "conjueces" militares y decide por mayoría.
En el pasado, cuando los militares tomaron la iniciativa en la lucha contra la guerrilla urbana, se plantearon varias contiendas de competencia ante el máximo organismo judicial, que falló en la mayoría de los casos a favor de los jueces civiles.
Pero en 1972, al declararse el estado de guerra interna y promulgarse luego la llamada ley de seguridad del Estado, los tribunales militares se impusieron sobre la justicia ordinaria. El golpe de Estado de 1973 consolidó esa situación anormal.
Más de 5.000 personas, sobre una población total de tres millones de habitantes, fueron condenadas por la justicia militar por supuestos delitos políticos, en la mayoría de los casos sin pruebas y en todos ellos con las posibilidades de defensa disminuídas.
Un pacto político negociado en agosto de 1984 entre los militares, el Partido Colorado y el izquierdista Frente Amplio condujo a la restauración de la democracia en marzo de 1985, cuando el colorado Sanguinetti comenzó su primer periodo de gobierno de cinco años.
De inmediato, una avalancha de denuncias por violaciones a los derechos humanos llegó a los estrados de la justicia civil.
Pero las investigaciones solicitadas chocaron con la resistencia de los mandos militares, que no permitieron la comparecencia de sus subordinados ante la justicia.
Ese abierto desacato al régimen constitucional fue resuelto en 1986 con una ley de amnistía que suspendió los juicios contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
La ley de amnistía fue impugnada por el Frente Amplio, por sectores minoritarios de los tradicionales partidos Colorado y Nacional y por un grupo de organizaciones sociales, pero resultó confirmada en referéndum realizado en 1989. (FIN/IPS/rr/ff/ip/97
